Ayú Prado y MOncada difieren por aplazamiento

Sistema penal genera polémica

El pleno debe debatir hoy sobre la licencia de dos meses otorgada a Ayú Prado para supervisar la aplicación del nuevo modelo penal.

La suspensión del sistema penal acusatorio provocó un enfrentamiento entre el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada, y el más nuevo miembro de esa corporación José Ayú Prado.

Así quedó evidenciado con la decisión de Ayú Prado de renunciar al cargo de coordinador para la aplicación del sistema acusatorio por parte del Órgano Judicial, para el cual había sido comisionado por el pleno en enero pasado.

Ayú Prado le notificó a Moncada su decisión de renunciar a la coordinación, en una carta fechada el 12 de marzo, motivado por el hecho de que no se le hizo caso a las recomendaciones que presentó en una misiva del día anterior, para la ejecución del presupuesto de $14.8 millones asignados al Órgano Judicial este año para la implementación del nuevo modelo penal en Coclé, Veraguas, Herrera, Los Santos, Chiriquí y Bocas del Toro, estas dos últimas provincias a partir de septiembre próximo.

En la carta del 12 de marzo, Ayú Prado hizo referencia a las “indicaciones que se me transmite por intermedio del Coordinador de Presidencia”, las cuales fueron escritas por Moncada y transmitidas por el coordinador de Presidencia, que dicen: “en cuanto al tema presupuestario, no procede hasta segunda orden”.

recomendaciones

El día anterior, tras regresar de un viaje por Perú y El Salvador, Ayú Prado envió a Moncada una serie de recomendaciones para el manejo del presupuesto, respondiendo a la licencia de dos meses que le dio el pleno para que se encargara, en persona, de la revisión del sistema penal acusatorio.

Fueron cuatro sus sugerencias. Tres de estas para redistribuir los $6.6 millones destinados a la implementación del sistema en Chiriquí y Bocas del Toro, en tres partes iguales, cada una de $2.2 millones.

Una parte sería para adecuar la legislación penal y procesal penal a lineamientos de países y organismos con los que Panamá tiene compromisos.

Otra era para la oficina de implementación del sistema, de la cual seguía a cargo en el Órgano Judicial, a fin de capacitar al personal, adquirir equipos tecnológicos y adecuar las instalaciones de la Sala Penal y del pleno de la Corte Suprema.

La última era para adecuar el palacio de justicia en David, Chiriquí; la unidad judicial de Changuinola, Bocas del Toro, y construir la unidad judicial de Herrera en un terreno donado al Órgano Judicial por el Consejo Municipal de Chitré la semana pasada.

La cuarta recomendación de Ayú Prado fue usar debidamente y de manera transparente el presupuesto asignado a Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos, mejorando la ejecución presupuestaria en las dos últimas provincias, que en 2012 fue de 56%.

En este último sentido, Ayú Prado pidió que se ocuparan las 60 vacantes disponibles y que han sido pedidas en esas cuatro provincias.

La licencia

Con relación a la sesión del pleno del 7 de marzo, en la que se le concedió una licencia de dos meses para atender los problemas del sistema penal acusatorio, Ayú Prado dijo que, debido a que el sistema fue pospuesto y solo será aplicado en cuatro provincias hasta el 2 de septiembre de 2015, “no le encuentro sustento a que un magistrado de la Corte Suprema se aleje de sus obligaciones con una licencia con sueldo de dos meses”.

Aclaró que antes de comunicar si acepta o no la licencia, debe recibir la propuesta de las otras ocho entidades de la comisión de alto nivel para la implementación del sistema penal acusatorio y no solo del Órgano Judicial.

Explicó que dicha comisión debe plasmar por escrito el alcance y límites de la asignación de monitoreo.

Además, pidió que se incluya en esa misión vigilar y fiscalizar la ejecución del citado presupuesto de $14.8 millones.

Fuentes consultadas detallaron que la propuesta para que Ayú Prado tomara la licencia fue presentada por su colega Jerónimo Mejía en la sesión del pleno del pasado 28 de febrero pasado, pero no fue sino hasta una semana después, el 7 de marzo, cuando fue aprobada.

Sin embargo, el propio Ayú Prado no estuvo presente, pues, como se dijo, estaba de viaje en el exterior, y al momento de la votación también se habían ido Mejía y Oydén Ortega.

De acuerdo con las fuentes, ante esta situación el magistrado Hernán De León planteó que la propuesta fuese debatida por todos los integrantes del pleno, pero al día siguiente el vicepresidente de la Corte Suprema, Harry Díaz, le comunicó su aprobación a Ayú Prado por teléfono.

Las fuentes afirmaron que se espera que el pleno aborde el asunto hoy. Mientras tanto, Díaz ya asumió las funciones de coordinador del sistema acusatorio por parte del Órgano Judicial.

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