Decisión judicial

Sobreseimiento en caso de la Ciudad Hospitalaria

Se dictó un sobreseimiento definitivo para el exdirector de la CSS Guillermo Sáez-Llorens, el exministro de Salud Javier Díaz y otros cinco funcionarios acusados de presunto peculado.

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La Ciudad Hospitalaria empezó a construirse en abril de 2012 y aún la obra no ha sido entregada. La Ciudad Hospitalaria empezó a construirse en abril de 2012 y aún la obra no ha sido entregada.
La Ciudad Hospitalaria empezó a construirse en abril de 2012 y aún la obra no ha sido entregada.

Por considerar que no se violó la Ley 22 de 2006 sobre contrataciones públicas, la jueza octava penal, Leira Terán Turcios, dictó un sobreseimiento definitivo para siete exfuncionarios del pasado gobierno procesados por presuntas irregularidades en el proyecto de Ciudad Hospitalaria, hoy Ciudad de la Salud.

Mediante un fallo del 6 de julio de 2018, la jueza dictó un sobreseimiento definitivo a favor del exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS) Guillermo Sáez-Llorens, d el extitular del Ministerio de Salud Javier Díaz y de otros cinco exfuncionarios de la CSS que fueron imputados en este caso.

Jueza: No hay peculado en caso de la Ciudad Hospitalaria

La jueza octava penal  Leira Terán Turcios dictó un sobreseimiento definitivo a favor del exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS) Guillermo Sáez-Llorens, del exministro de Salud Javier Díaz y de otras cinco personas dentro de la investigación por la presunta comisión del delito de peculado en la ejecución del megaproyecto Ciudad Hospitalaria, hoy Ciudad de la Salud.

En un fallo del 6 de julio de 2018 la jueza tomó su decisión aludiendo un informe de auditoría de la Contraloría General de la República del 28 de agosto de 2017 sobre los contratos que abarcan el proyecto.

Destaca el fallo “que el informe técnico elaborado por funcionarios de la Dirección de Ingeniería de la Contraloría revela que los montos de avances físicos reportados por el contratista en el renglón de diseño y construcción, así como los montos pagados, se ajustan a lo verificado en campo, existiendo, a nuestro criterio y de conformidad a nuestro análisis, una concordancia entre el trabajo realizado y los pagos”.

Según la auditoría, del monto del contrato de $517.5 millones se han desembolsado $270.7 millones a los contratistas, lo que constituye el 52.32% de avance financiero de la obra.

La auditoría, la segunda que se hace al proyecto, evaluó el contrato No. R-12-2011, referente a los servicios integrales de estudios técnicos, diseños urbanísticos y arquitectónicos, elaboración y aprobación de planos, estudios de impacto ambiental categoría II, construcción, financiamiento y equipamiento de la Ciudad Hospitalaria por $517.5 millones, adjudicado al  Consorcio Construcciones Hospitalarias.

El proyecto de la Ciudad Hospitalaria (hoy Ciudad de la Salud) se inició en 2012 y debía estar listo en 2015, pero sufrió una serie de retrasos que motivaron una investigación judicial. A junio de 2018 registra 52% de avance. Arc hivo - Expandir Imagen
El proyecto de la Ciudad Hospitalaria (hoy Ciudad de la Salud) se inició en 2012 y debía estar listo en 2015, pero sufrió una serie de retrasos que motivaron una investigación judicial. A junio de 2018 registra 52% de avance. Arc hivo - LP

Además, evalúo el contrato No. Denisal 2110012-08-12, para el servicio y control de obras para la ejecución del proyecto de la ciudad hospitalaria por un monto de $5.8 millones, adjudicado a la empresa  Prointec, S.A.

Según el informe de la Contraloría, el contrato R-12-2011 se encuentra en proceso de construcción y se mantienen vigentes las fianzas de anticipos y de cumplimiento, por lo que a la fecha no existe perjuicio económico.

La jueza destaca que “hemos apreciado que dentro de la presente causa no se han observado irregularidades que hayan infringido la Ley 22 de 2006 de contrataciones públicas.

Concluyó que tampoco “se han detectado irregularidades en los procedimientos realizados en la megaobra”.

“El tribunal considera que resulta evidente que el motivo de la investigación no ha sido ejecutado, por lo que no se han infringido las normas legales que tutelan la administración pública”, concluyó la jueza.

Tras su decisión, la jueza ordenó levantar las medidas cautelares que pesan contra Sáez-Llorens y Díaz, así como la exsubdirectora de instalaciones de la CSS  Lizka Richard; Linnet Monterrey, exdirectora nacional de Ingeniería y Apoyo;  Marina Sucre, exdirectora nacional de Compras;  Alberto Maggiori Toledano, exdirector de Finanzas de la CSS, y  Nelson Dueñas, exfuncionario.

El 27 de diciembre de 2017, la fiscal anticorrupción de Descarga,  Lizzie Bonilla, solicitó el sobreseimiento provisional para los imputados en este proceso, debido a que los medios acumulados en el proceso no son suficientes para proceder en juicio público.

Historia del caso

La investigación tiene su génesis en una denuncia interpuesta en 2015 ante el MP por  Edgardo Voitier, dirigente del Frente Amplio por Colón.

En la denuncia se establecía, entre otras anomalías, que la obra había sido adjudicada en 2011 sin la debida aprobación de la junta directiva de la CSS, en supuesta violación a la Ley 51 de 2005 (ley orgánica de la CSS).

Tras esta denuncia, se ordenó una primera auditoría sobre el megaproyecto. El 27 de septiembre de 2015 la Contraloría enumeró una serie de irregularidades, entre ellas que no había registros sobre la donación del terreno en donde se edificaría el proyecto, y que la obra se inició sin la aprobación de los planos.

Al respecto, la jueza octava penal destaca en su fallo que ambos cuestionamientos fueron subsanados. En 2012, cuando se coloca la primera piedra del proyecto, la donación del terreno no estaba legalizada, pero el 19 de mayo de 2015, el entonces director de la CSS, Estevenson Girón, firmó el protocolo de escritura pública de traspaso de los terrenos.

Agrega el fallo que se determinó que es viable que el estudio de impacto ambiental fuera solicitado posterior a la orden de proceder.

El fallo establece que el proyecto, que se inició con la modalidad de “llave en mano”, ahora pasó al sistema fast track, que se refiere a que el diseño y construcción se ejecuta a medida que se van aprobando los planos.

 

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