Sociedad civil respalda el llamado del arzobispo José Domingo Ulloa

Se multiplican las voces que piden que se investiguen los escándalos durante la gestión del expresidente Ricardo Martinelli.

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José Domingo Ulloa instó a no mantener a la sociedad en sobresaltos. LA PRENSA/Archivo. José Domingo Ulloa instó a no mantener a la sociedad en sobresaltos. LA PRENSA/Archivo.
José Domingo Ulloa instó a no mantener a la sociedad en sobresaltos. LA PRENSA/Archivo.

Dirigentes de la sociedad civil y líderes de partidos políticos se unieron ayer al llamado hecho por el arzobispo José Domingo Ulloa, quien solicitó “certeza del castigo” para aquellos que cometieron actos de corrupción en la pasada administración.

Pablo Morales, expresidente del Comité Ecuménico de Panamá, expresó que en este país lo que no se quiere son “shows ni espectáculos mediáticos”.

Solicitó atender los temas como deben ser y que los encargados de administrar el país se comprometan con la población. “[El compromiso] es con la población y no con las personas que los nombraron”, dijo.

Carlos Gasnell, vicepresidente ejecutivo de Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, asegura que el llamado de atención de Ulloa es necesario.

Manifestó que es importante llevar a cabo las investigaciones hasta el final, ya que la impunidad y la falta de certeza minan la confianza ciudadana en sus autoridades.

“Necesitamos recobrar la confianza de que vivimos en un Estado de derecho regido por normas que garantizan la convivencia pacífica entre los ciudadanos”, destacó.

En tanto, el expresidente del Partido Revolucionario Democrático, Francisco Sánchez Cárdenas, sostuvo que las palabras de Ulloa reflejan el clamor popular, porque la Iglesia tiene los mecanismos necesarios para evaluar el sentir ciudadano.

“La sociedad panameña está muy preocupada por las situaciones que se dieron en la pasada administración (...) lo que sucedió con el gobierno de Martinelli es verdaderamente inaudito y esto tiene a la sociedad crispada”, indicó.

Por su lado, Juan Carlos Araúz, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, señaló que la sociedad tiene el deber de vigilar a los funcionarios de cada institución para que cumplan las funciones para las que han sido llamados.

Recientemente, una decena de agrupaciones civiles pidió al Ministerio Público investigar los supuestos sobrecostos y actos de corrupción, denunciados durante la comparecencia de la contralora general de la República, Gioconda Torres de Bianchini, a la Asamblea Nacional.

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