IMPRESCRIPTIBILIDAD DE DELITOS DE CORRUPCIÓN

Sociedad civil pide veto parcial al presidente Juan Carlos Varela

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Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana Pro Justicia. Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana Pro Justicia.
Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana Pro Justicia. LA PRENSA/Archivo

Organizaciones de la sociedad civil pidieron al presidente de la República, Juan Carlos Varela, que vete parcialmente el proyecto de ley sobre imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública aprobado esta semana por la Asamblea Nacional.

Se refieren específicamente al artículo 4 del proyecto, mediante el que se inhabilita para contratar con el Estado a las empresas que han aceptado utilizar la colaboración eficaz en investigaciones por casos de corrupción y otros delitos.

En un comunicado conjunto divulgado ayer, Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, señalan que en el segundo debate los diputados incluyeron el artículo sobre los acuerdos de colaboración eficaz.

“De sancionarse la ley, todas las empresas que han colaborado no podrán ser contratadas por el Estado, lo que parece tener el objetivo de que no acepten la colaboración eficaz”, manifestaron.

Agrega el comunicado que las organizaciones de la sociedad civil están de acuerdo con que se inhabilite a las empresas y funcionarios que sean condenados por delitos de corrupción, “pero no a las empresas que colaboran de manera eficaz para que se descubra la corrupción, ya que esto tendría un impacto negativo al desmotivar a las empresas y funcionarios a colaborar en las investigaciones con el propósito de lograr vincular a otras personas de mayor jerarquía o para aclarar la comisión de otros delitos”.

De aprobarse la ley tal y como salió de la Asamblea -dicen- esto sería un retroceso en materia de lucha contra la corrupción y contrario a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

Recuerdan que la figura del acuerdo de colaboración eficaz es una herramienta fundamental que permite que los entes encargados de perseguir el delito resuelvan casos con los testimonios de personas involucradas en un crimen, que de manera voluntaria colaboran brindando información para esclarecer el delito o determinación de los responsables, y que a cambio pueden o no recibir algunos beneficios ante el proceso judicial que enfrentan.

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