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Sociedad civil reacciona por casos de Fello Pérez

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Una de las denuncias que reposa en la CSJ contra Pérez es por el supuesto tráfico ilegal de madera de cocobolo. Una de las denuncias que reposa en la CSJ contra Pérez es por el supuesto tráfico ilegal de madera de cocobolo.
Una de las denuncias que reposa en la CSJ contra Pérez es por el supuesto tráfico ilegal de madera de cocobolo. Arcihvo

Sectores de la sociedad civil y gremios de abogados opinan que no hay justificación para la mora de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el trámite de denuncias contra diputados de la Asamblea Nacional.

En concreto, luego de las publicaciones de este diario sobre las cuentas pendientes que tiene el diputado del Partido Revolucionario Democrático Alfredo Fello Pérez, cuestionaron la tardanza de los magistrados en resolver estos procesos.

Por ejemplo, una de las denuncias que reposa en la CSJ contra el diputado perredista por supuesto tráfico ilegal de madera de cocobolo, tiene su origen en un informe policial de septiembre de 2012, cuando Pérez aún no ocupaba una curul.

Han transcurrido siete años y todavía no hay una definición de este proceso por parte del pleno de la CSJ.

Los sectores advierten de que esta situación generada por la CSJ ha afectado la institucionalidad en la administración de justicia.

Freddy Pittí, del Movimiento Juntos Decidimos, señaló que no existe justificación para que la CSJ no haya resuelto un cúmulo de denuncias que se han presentado contra diputados.

De acuerdo con Pittí, este tipo de acciones de los magistrados de la CSJ ha debilitado la institucionalidad de la administración de justicia en Panamá.

Destacó que ha ocasionado que la población pierda confianza en las entidades públicas, principalmente en la administración de justicia.

La Corte mantiene engavetada desde 2012 una denuncia contra el diputado perredista Alfredo Pérez por supuesto tráfico ilegal de madera.

Indicó que esta situación evidencia la necesidad de introducir cambios profundos en el sistema político a través de reformas constitucionales, para ayudar a dar más transparencia y rendición de cuentas.

Pittí indicó que la fórmula sería una constituyente paralela.

Por su parte, el abogado Ernesto Cedeño opinó que parece haber cierto grado de selectividad en la administración de justicia, evidenciado en la velocidad con que se archivan unos casos de diputados, versus otros que se mantienen abiertos.

“La Corte no tiene la efervescencia de cumplir con una administración de justicias en cuanto a los procesos que se les sigue a los diputados”, explicó.

También compartió el punto de vista de Pittí respecto a que se requiere una reforma constitucional, en la que se establezca un nuevo mecanismo para investigar y juzgar a los diputados.

Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, planteó que la aparente selectividad en el tratamiento de los casos judiciales que enfrentan los diputados es un reclamo constante en los casos de alto perfil.

Consideró que estos casos deben ser manejados con un alto grado de transparencia, de manera que no se interprete que son utilizados para negociar.

Mientras tanto, Roberto Troncoso, expresidente del Comité Panameño por los Derechos Humanos, indicó que el manejo de las denuncias de los diputados en la CSJ se ha convertido en un asunto de “tira y afloja,” al que se le da algún tipo de trámite cuando hay alguna situación tensa entre ambos órganos del Estado.

Recalcó que existe la percepción en la comunidad de la existencia de una especie de pacto de no agresión entre ambas instituciones, lo que ha llevado a una falta de credibilidad en los procesos judiciales.

Troncoso dijo que otro factor que incide en las investigaciones a los diputados es el fuero penal electoral, que aplica una especie de coraza legal a los diputados.

A su vez, el exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Juan Carlos Araúz estimó que ha quedado demostrado que la legislación de los procesos especiales que se sigue a los diputados está diseñada, deliberadamente, para la impunidad.

Dijo que la CSJ ha quedado rebasada en su capacidad de investigar la gran cantidad de denuncias a diputados, lo que, sin duda, provoca que muchas de estas causas se declaren prescritas.

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