Lucha contra la corrupción

Sociedad civil respalda labor de los fiscales

Sectores de la sociedad civil rechazaron que exista una selectividad en las investigaciones y medidas cautelares que dictan fiscales del Ministerio Público en los casos de alto perfil sobre corrupción.

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La procuradora Kenia Porcell salió esta semana en defensa de la labor de los fiscales anticorrupción. La procuradora Kenia Porcell salió esta semana en defensa de la labor de los fiscales anticorrupción.
La procuradora Kenia Porcell salió esta semana en defensa de la labor de los fiscales anticorrupción.

Ante las denuncias de abogados y copartidarios de los investigados por corrupción en la administración de Ricardo Martinelli, en el sentido de que el Ministerio Público (MP) supuestamente aplica “justicia selectiva”, dirigentes de la sociedad civil organizada advirtieron de que las autoridades cumplen con su rol y lo que requieren es más recursos para defender los intereses de la colectividad.

La Alianza Ciudadana Pro Justicia, que agrupa a una veintena de organizaciones, adelanta una investigación sobre los casos de corrupción que maneja el Ministerio Público y los resultados apuntan a que, como nunca antes, ahora el perfil de los investigados incluye a empresarios, políticos y hasta exministros.

Además, arroja que es evidente que las fiscalías requieren de mayores recursos técnicos, económicos y de personal para hacer investigaciones complejas, especialmente porque se tropiezan con figuras con mucho poder político y económico para evitar la aplicación de la ley.

De hecho, nueve ministros y tres viceministros del pasado gobierno tienen medidas cautelares. Cuatro exministros están arrestados y otros cinco tienen impedimento de salida del país.

Con detención preventiva están: dos ex secretarios ejecutivos del Consejo de Seguridad Nacional, el ex director general de Ingresos, dos exjefes del Programa de Ayuda Nacional, el exjefe de la Autoridad de Innovación Gubernamental y el exadministrador de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras.

Otros 64 particulares tienen diversas medidas entre detención preventiva, impedimento de salida, casa por cárcel y la obligación de reportarse cada cierto tiempo ante el MP.

PORCELL: NO HAY SELECTIVIDAD

La procuradora de la Nación, Kenia Porcell, aseguró esta semana que no existe selectividad en las medidas cautelares que aplican los fiscales.

Dijo que todas las denuncias que llegan al MP se investigan de acuerdo con la Constitución y la ley, con independencia de quién sea el señalado.

Explicó que el hecho de que unos expedientes marchan más rápido que otros depende de la complejidad de los procesos, las pruebas y los testigos. En algunas investigaciones, dijo, los testigos han colaborado dando pruebas que permiten a los fiscales conocer quiénes pueden ser los autores del delito.

En cuanto a las medidas cautelares que aplican los fiscales, aseguró que no hay discrecionalidad en la aplicación de estas normas por parte de los funcionarios.

Explicó por qué en algunos casos el fiscal otorga casa por cárcel a un imputado y a otro le ordena la detención preventiva. Depende de los años de cárcel que establece la ley por el delito que se investiga. Por ejemplo, cuando el delito tiene pena de cárcel superior a los cuatro años, el fiscal ordena la detención preventiva.

Particularmente se refirió al delito de blanqueo de capitales, el cual definió como un delito grave que afecta a la sociedad en su conjunto y a los tributos que deja de percibir el Estado panameño.

Señaló que cuando el delito tiene sanción por debajo de los cuatro años se establece otro tipo de medida cautelar o se le ordena al imputado reportarse a las fiscalías cada 15 o 30 días.

Precisó que hay excepciones para ordenar detención preventiva en delitos con menos de cuatro años de cárcel, cuando se trata de casos de reincidencia del imputado.

SOCIEDAD CIVIL OPINA

Roberto Troncoso, experto en el tema de los derechos humanos, aseguró que el MP está aplicando las medidas cautelares de acuerdo con las normas legales vigentes, pero censuró la práctica de los abogados defensores que buscan debilitar los procesos contra sus clientes, argumentando de que hay selectividad en la justicia.

No obstante, Troncoso alegó que es muy difícil realizar una valoración caso por caso de todas las detenciones, medidas de casa por cárcel o impedimentos de salida del país que ha dictado el MP contra exfuncionarios y particulares por casos de corrupción.

En tanto, Annette Planells, del Movimiento Independiente por Panamá (Movin), dijo que a su juicio el MP está cumpliendo con las normas legales para la aplicación de medidas cautelares en los casos por corrupción.

Planells argumentó que se debe analizar caso por caso y algunas atenuantes como la edad, la salud y la maternidad para hacer una valoración justa de las medidas cautelares que se han dictado. Sostuvo que el MP está realizando su trabajo con los pocos recursos que tiene.

Por su parte, el exmagistrado Guillermo Márquez Amado dijo no atreverse a realizar una valoración de las medidas cautelares aplicadas por los fiscales anticorrupción.

“No me atrevo a decir una cosa o la otra, no sé en cada caso los criterios que se han utilizado para dar una casa por cárcel u ordenar un arresto”, alegó.

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