ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Sociedad civil pide sanciones por negociado con fallo en la CSJ

Las reacciones de diversos sectores del país continuaron sobre la denuncia por un presunto negociado con un fallo que involucraría a los magistrados Oydén Ortega y Hernán De León.

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La Corte Suprema de Justicia ha sido sacudida por escándalos de ventas de fallos desde el año 2005, cuando el entonces magistrado Adán Arnulfo Arjona hizo denuncias al respecto contra tres colegas suyos. Archivo La Corte Suprema de Justicia ha sido sacudida por escándalos de ventas de fallos desde el año 2005, cuando el entonces magistrado Adán Arnulfo Arjona hizo denuncias al respecto contra tres colegas suyos. Archivo
La Corte Suprema de Justicia ha sido sacudida por escándalos de ventas de fallos desde el año 2005, cuando el entonces magistrado Adán Arnulfo Arjona hizo denuncias al respecto contra tres colegas suyos. Archivo

Sectores de la sociedad civil organizada reclamaron sanciones contra quienes resulten responsables de la denuncia por el supuesto negociado de un fallo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la que se menciona a los magistrados Oydén Ortega Durán y Hernán De León, actual presidente de esa corporación de justicia.

Entretanto, los candidatos presidenciales Laurentino Nito Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), se refirió de manera escueta al escándalo; y José Domingo Mimito Arias, del partido Alianza, guardó silencio como lo hizo también el sábado.

Cortizo dijo que no había tenido oportunidad de leer todas las noticias publicadas por La Prensa de este caso, porque está en una misión en Austin, Texas, conversando con autoridades de las universidades de ese lugar sobre el tema de educación.

No obstante, el candidato respondió que lo más importante en este caso es que “el Ministerio Público avance con las investigaciones de manera independiente y objetiva, garantizando el debido proceso”.

Laurentino Cortizo. Expandir Imagen
Laurentino Cortizo.

Por su lado, el candidato Arias no respondió a llamadas telefónicas ni a los chats que se le enviaron.

José Domingo Arias. Expandir Imagen
José Domingo Arias.

Independientes

Mientras, los principales precandidatos presidenciales respondieron.

La diputada y aspirante presidencial independiente Ana Matilde Gómez advirtió que todos los problemas sociales del país devienen de una mala administración de la justicia.

“A dónde va el ciudadano cuando el ladrón es el juez”, se preguntó Gómez, quien denunció que la Corte no ha sabido ni le ha interesado hacer el papel que le corresponde, de ser el contrapeso en el combate contra la corrupción.

A su vez, el también aspirante presidencial independiente Ricardo Lombana advirtió de que se necesitan acciones para cambiar la situación de la justicia. Como primera acción, sugirió la protesta ciudadana pacífica y como segunda impedir que lleguen al poder grupos o partidos que están comprometidos con la “comercialización” de la justicia.

Marco Ameglio, quien también aspira a la presidencia por la libre postulación, dijo que es impostergable una investigación transparente sobre la denuncia de la venta del fallo, para verificar que las acusaciones se sostienen con pruebas y descartar que respondan a partes interesadas por venganzas u otros fines.

Piden castigos

A juicio de Lina Vega, presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, la denuncia sobre la venta de fallos en la Corte es como haber regresado a 2005, cuando el entonces magistrado Adán Arnufo Arjona denunció lo mismo y ello impulsó el Pacto de Estado por la Justicia.

“En realidad, estamos peor, porque 13 años después hemos sido incapaces de reconstruir nuestra administración de justicia”, dijo, y destacó que en este tiempo no ha existido voluntad política ni una real demanda de la ciudadanía por hacer los cambios en el sistema judicial. “Urge revertir eso si queremos salvar la democracia”, advirtió.

Lina Vega Abad. Expandir Imagen
Lina Vega Abad.

En aquella ocasión, el exmagistrado Arjona  acusó a sus colegas Arturo Hoyos, Aníbal Salas y Winston Spadafora de haber dictado fallos favoreciendo con libertad a narcos, traficantes de armas y homicidas, y el descongelamiento de bienes.

Juan Diego Vásquez, de la Red de Jóvenes por la Transparencia, calificó como preocupante esta situación, ya que, según su opinión, da la impresión de que la justicia “se ha mercantilizado”.

Juan Diego Vásquez. Expandir Imagen
Juan Diego Vásquez.

Indicó que en un país en el que se vende y compran los fallos de la CSJ también se afecta la seguridad jurídica, y ello es peligroso, porque se pierden las inversiones y se detiene el crecimiento económico.

En tanto, Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, manifestó que los casos de ventas de fallos en la Corte no son nuevos, pero lo más preocupante es que nunca se han hecho investigaciones concretas para aplicar sanciones a los responsables. De acuerdo con su criterio, esto se ha traducido en una falta de confianza en la justicia.

Consideró que esta situación pone en indefensión al ciudadano, porque no se sabe cuándo un fallo está apegado a la ley y cuándo es producto de una negociación entre los magistrados.

Para Lee, es prudente un cambio constitucional que provea un mecanismo eficaz para investigar y juzgar a los magistrados de la Corte, porque el actual sistema que depende de los diputados de la Asamblea ha demostrado carecer de toda efectividad.

Mientras que el empresario y miembro de la Concertación Nacional para el Desarrollo, Enrique De Obarrio dijo que lo “que más le indigna” de este escándalo es que el magistrado De León siga como magistrado presidente encargado de la máxima corporación de justicia, “como si aquí no pasara nada”. ¿Por qué no tiene al menos la dignidad, vergüenza o decencia de renunciar? Por qué sus colegas en el pleno prefieren hacer como que “esto no es conmigo” y miran hacia otro lado?, preguntó De Obarrio.

El empresario dijo que ante este escenario lo que queda es “exigir la renuncia de De León y que se concluyan las investigaciones de rigor del caso denunciado.

Destacó que la sociedad debe exigir que las vacantes de principales y suplentes en la Corte sean ocupadas por figuras “honestas e incorruptibles”.

Deterioro institucional

Por su lado, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) se refirió el escándalo por el negociado de un fallo en la Corte. “El deterioro institucional que registra el país se resiste a cualquier pronóstico optimista, al menos en lo inmediato. Esta crisis hace rato tocó fondo y no nos permite continuar buscando excusas, remedios a medias ni promesas fáciles de solución” , señaló el gremio en un comunicado.

El caso

La controversia responde a las denuncias presentadas por el empresario César Alvarado Taylor –una en la Asamblea Nacional y otra en el Ministerio Público–, en las que afirmó que Oydén Ortega Collado, hijo del magistrado Oydén Ortega Durán, le solicitó dinero a cambio de fallar a su favor en un recurso de casación que presentó sobre un litigio de ocho fincas en Boquete, Chiriquí.

Alvarado Taylor adjuntó cheques, documentos y chats como pruebas de que pagó $15 mil a Ortega hijo por la admisión del recurso por parte del ponente, el magistrado Hernán De León.

También indicó que en la redacción del recurso participó Claudia Purcait, asistente de Ortega Durán.

El denunciante también aportó un proyecto de fallo en el que De León ordenaba devolverle dos de las ocho fincas.

Alvarado Taylor reveló que cuando protestó por ese proyecto de fallo y solicitó la devolución de todas las fincas, Ortega hijo le informó que De León tenía una oferta de $250 mil de la contraparte y que debía igualar la suma. Si no, se redactaría otro fallo, pero en su contra.

Ante esta situación, Alvardo Taylor interpuso la denuncia con las pruebas en la Asamblea Nacional, que fue archivada en la Comisión de Credenciales el 26 de junio de 2017.

En agosto pasado, denunció el caso ante el Ministerio Público.

(Esta nota fue modificada el lunes 19 de noviembre de 2018 a las 9:49 p.m. para corregir las declaraciones de Lina Vega, presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, a quien se le atribuyó un antecedente que la entrevistada no mencionó y que es de autoría de La Prensa).

( Con información de Juan Manuel Díaz C., Irma Planells y Carlos Vargas).

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