protesta pacífica

Sociedad civil, empresarios y trabajadores marchan contra la impunidad y la corrupción

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La mayoría portaba banderas panameñas. La mayoría portaba banderas panameñas.

La mayoría portaba banderas panameñas. Foto por: Ana Rentería

La ciudadanía exigió un alto a la corrupción. La ciudadanía exigió un alto a la corrupción.

La ciudadanía exigió un alto a la corrupción. Foto por: Ana Rentería

“Si no paga Odebrecht, Varela pagará (...) Cero corrupción, cero impunidad (...) Caiga quien caiga”, fueron algunas de las consignas de los manifestantes que asistieron ayer a la protesta pacífica para exigir un alto a la impunidad y a la corrupción, tras el escándalo de sobornos por la empresa brasileña Odebrecht, el principal contratista del Estado panameño, con proyectos que suman poco más de $9 mil 200 millones.

Esta actividad surge con más fuerza luego de que salieran a la luz pública nuevos elementos del caso, donde esta empresa pagó unos 59 millones de dólares en coimas a funcionarios y empresarios panameños.

Cientos de personas, en su mayoría vestidas de blanco y portando pancartas y banderas panameñas, se congregaron desde las 3:30 p.m. en los predios de la iglesia del Carmen para luego dirigirse a la Procuradoría General de la Nación, que actualmente adelanta varios procesos por presuntos delitos contra la administración pública en perjuicio del Estado panameño.

Los asistentes cerraron la vía Manuel Espinosa Batista, a la altura de vía España, a un costado de la  iglesia del Carmen, donde poco a poco fueron llegando miembros de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, del Movimiento Independiente (Movin), del  Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, de la extinta Cruzada Civilista Nacional, del  Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, la Red Ciudadana Urbana y del F oro Ciudadano Pro Reformas Electorales, entre otros.

Igualmente, representantes de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, políticos, abogados y sociólogos, también se sumaron a la convocatoria.

Para los gremios y organizaciones presentes las exigencias eran las mismas: que todas las personas que participaron en actos de corrupción sean castigadas por los tribunales; que se conforme una comisión de independientes para que investiguen y auditen públicamente todas las obras otorgadas por los últimos cuatro gobiernos; la aprobación de las reformas al Código Electoral; la modificación a la ley que regula las contrataciones públicas y que las instituciones que están encargadas de investigar y procesar los crímenes actúen con celeridad.

Para la mayoría de los asistentes la manifestación no solo se trataba de Odebrecht, sino de todos los actos de corrupción que han existido en el país y de las personas involucradas que aún no enfrentan a la justicia.

Otros alegaban que los recientes hechos, como la medida de arresto domiciliario temporal otorgada al exdictador Manuel Antonio Noriega, la aprehensión del exdirectivo de la casa de valores Financial Pacific, West Valdés, así como las órdenes de conducción a algunos exfuncionarios y empresarios panameños son “solo una distracción para que el pueblo se olvide de Odebrecht”.

Por su parte, el catedrático y activista Miguel Antonio Bernal señaló que la convocatoria es la muestra de una “fuerte desconfianza de la ciudadanía”, y alegó que se tiene el deber de actuar para que las autoridades hagan los correctivos necesarios para estos casos de corrupción.

“Acá se están inventando nuevas reglamentaciones para escabullir la culpa. En Panamá existen leyes que nos permitirían ponerle un alto a la corrupción en 24 horas, pero están alargando todo para darle tiempo [a Odebrecht] para que termine de desmantelar el país”, aseveró.

Según Bernal, es un “error” del presidente de la República, Juan Carlos Varela, creer que el pueblo es “tonto”.

Mientras, Juan Diego Vásquez, miembro de la Red Nacional de Jóvenes por la Transparencia, indicó que la ciudadanía está“preocupada y alarmada” por la realidad que vive el país, donde claramente “se está tratando de ocultar y proteger a algunas personas”.

“Simplemente, de manera pacífica y cívica, estamos pidiéndole al Gobierno, como en años anteriores, un cambio real, un cambio digno”, enfatizó.

A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo también se hizo presente, indicando que desean “unirse a todas las voces que demandan a las autoridades competentes adelantar investigaciones ágiles, eficaces y transparentes para identificar y sancionar a todos los responsables de actos de corrupción, y recuperar los fondos pertenecientes al Estado panameño”.

Para la Defensoría, estas investigaciones deben comprender tanto a los actores del sector privado como los del sector público y darse con independencia de la administración bajo la cual se hayan dado los hechos.

“Nos unimos a los que reclaman una auditoría de los contratos que mantenga la empresa Odebrecht con el Estado, a fin de prevenir posibles lesiones al patrimonio”, agregó el documento.

De igual manera, la entidad hizo un llamado a las autoridades para que se apruebe la reforma integral del marco legal aplicable a las contrataciones públicas.

A pesar de las alertas de los partidos políticos y de la sociedad civil, desde el inicio del escándalo del emporio trasnacional, Odebrecht ganó nuevas licitaciones para la línea 2 del Metro y la renovación de la ciudad de Colón.

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