INVESTIGACIÓN GLOBAL

Sociedades pudieron ser utilizadas para venta de armas

Según el diario español ‘El Confidencial’, la empresa Defex habría desviado fondos por medio de sociedades ‘offshore’ en Islas Vírgenes.

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La sociedad anónima vinculada a Larrumbe pudo haberse quedado inactiva en 2013. La sociedad anónima vinculada a Larrumbe pudo haberse quedado inactiva en 2013.
La sociedad anónima vinculada a Larrumbe pudo haberse quedado inactiva en 2013. Archivo

Tres sociedades offshore pudieron ser utilizadas por una red que desviaba fondos de la venta de equipos de uso policial –por parte de España a Angola– por medio de la empresa semipública española Defex, reveló el pasado jueves el diario español El Confidencial.

El medio digital habría señalado a José Ignacio Encinas Charro y Ángel María Larumbe Burgui como algunos de los investigados por el juez Pablo Ruz, de la Audiencia Nacional española. También estaría siendo investigado Juan Carlos Cueto Marín, ligado a una empresa que colaboró con Defex en el suministro del material.

Según los datos que se conocieron, se habría logrado la desviación de fondos a través de un entramado de sociedades offshore con ramificaciones en Luxemburgo e Islas Vírgenes Británicas.

Algunas de estas sociedades habrían sido vinculadas con el bufete legal de Beatriz García Paesa, actualmente en libertad tras pagar una fianza de 113 mil dólares para evadir la prisión preventiva en la que se encontraba por su relación con el caso.

La empresa Defex, cuya participación en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales de España es del 51%, se habría dedicado exclusivamente a la exportación de material utilizado para fines de defensa.

Según una investigación del diario español El País, un informe de la Guardia Civil habría catalogado las actuaciones de la empresa –fundada en el año 1972– como las de “una organización criminal”.

El diario El Confidencial señaló que la sociedad offshore Darwin Yachting Corp., que estaría afincada en las Islas Vírgenes Británicas, sería una parte fundamental de la investigación llevada a cabo por la justicia española. Esta sociedad offshore sería una de las tres a las cuales se habrían destinado 11.3 millones de dólares de fondos transferidos a Luxemburgo desde España.

Este dinero pudo provenir, según el portal web, del suministro de vehículos, uniformes y equipos de comunicación a la policía angoleña, que habrían sido vendidos por unos 171 millones de dólares.

Aunque por el lote de mercancía se habría pagado el total del dinero, a las empresas de Defex solo les habrían sido entregados 39.5 millones de dólares.

Según un escrito del juez Ruz, 46.3 millones de dólares habrían sido desviados a Luxemburgo.

La persona que pudo disponer de estos fondos, según la investigación judicial, sería Juan Carlos Cueto, gerente de una empresa colaboradora de Defex en la venta de armas a Angola.

Según información que habría sido obtenida de la base de datos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, Cueto estaría vinculado a la sociedad offshore denominada JCB Consultancy, S.A. desde julio de 2008, un mes después de la firma del contrato de suministro al centro.

El digital habría tratado de conseguir la versión de Cueto sobre los hechos, gestión que habría sido infructuosa.

Por su parte, Beatriz García Paesa habría confirmado a El Confidencial que ella no ha tenido relación alguna con Defex, y que Cueto, quien habría sido uno de sus clientes, lo ha sido “con fondos de procedencia lícita, no habiendo alguna actividad ilegal”, citó el diario.

Parte del dinero supuestamente desviado del costo del suministro de armas a Angola habría sido ingresado en Ginebra donde se encuentra la dirección de Beulac, S.A., firma que habría contactado a Mossack Fonseca para crear la offshore denominada Kogan International Limited en las Islas Vírgenes Británicas.

La investigación judicial del caso Defex encontró el nombre de esta sociedad dentro de la documentación incautada al director de operaciones de la empresa hasta 2013, Ángel María Larrumbe, en su domicilio.

Además, se habría identificado que ese era el seudónimo bajo el que Larrumbe cobraría en Suiza más de 339 mil 150 dólares desviados desde Luxemburgo.

La sociedad habría quedado inactiva en 2013, el mismo año en el que se habría hecho efectivo el despido de Larrumbe de su cargo, quien, hasta la fecha, se ha acogido a su derecho a no declarar.

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