INVESTIGACIón por supuesto blanqueo de capitales

Solicitan que directivos de ACP se separen del cargo

Nicolás Corcione y Henri Mizrachi son mencionados dentro de la investigación sobre las transacciones para la compra del grupo de medios Epasa.

Vendedores no son investigados

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Nicolás Corcione y Henri Mizrachi fueron nombrados en la directiva de la ACP en 2010 y 2013, respectivamente, por el presidente Ricardo Martinelli. Nicolás Corcione y Henri Mizrachi fueron nombrados en la directiva de la ACP en 2010 y 2013, respectivamente, por el presidente Ricardo Martinelli.
Nicolás Corcione y Henri Mizrachi fueron nombrados en la directiva de la ACP en 2010 y 2013, respectivamente, por el presidente Ricardo Martinelli. LA PRENSA/Archivo

La implicación de empresas y sociedades vinculadas con dos actuales miembros de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en la investigación que adelanta el Ministerio Público (MP) por las transacciones efectuadas para la compra del grupo Editora Panamá América, S.A., (Epasa), supuestamente con fondos del Estado, afecta la imagen de esa organización encargada de dirigir la vía acuática.

Así lo señalaron exdirectivos de la ACP al referirse a la supuesta implicación de Nicolás Corcione y Henri Mizrachi, miembros de la actual junta directiva del Canal en la citada investigación penal. De esta misma forma opina Angélica Maytín, directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).

Constructora Corcione & Asociados, vinculada a Nicolás Corcione, fue señalada en la denuncia que interpuso ante el MP, en abril pasado, Jaime Abad, exjefe de la desaparecida Policía Técnica Judicial (PTJ), como una de las 10 empresas que supuestamente hizo aportes para la compra del grupo editorial, presuntamente con fondos públicos.

A raíz de la denuncia de Abad, Francisco Arias Vallarino, quien negoció la venta de Epasa, en representación de la familia Arias, aseguró que la editora vendió el 100% de sus acciones a Tpahc, Inc., una sociedad anónima creada el 7 de diciembre de 2010, cuyo cuerpo directivo estuvo formado inicialmente por Henri Mizrachi.

Para Angélica Maytín , directora de la Antai, “indudablemente” el hecho de que miembros de la directiva de la ACP estén señalados por la posible comisión de delitos “muy graves”, empaña la imagen del Canal.

“Ya hace dos años solicitamos a los miembros de dicha junta directiva considerar remover a Corcione, pero ellos encontraron todo tipo de pretextos para no hacerlo [...] hay un vacío legal en el Código de Ética del Canal, y no hay sanciones por faltas a la ética para miembros de su junta directiva, lo que representa una inequidad, pues en la ACP a todos los demás miembros sí se le aplica el Código de Ética”, sentenció Maytín.

Según la directora de la Antai, retomarán su solicitud de que se reforme dicho Código de Ética y se incluyan sanciones para los miembros de la junta que falten a la ética.

“Ese tipo de excepciones promueve la impunidad y representa un muy mal precedente por parte de una institución que debe ser modelo de integridad”, agregó.

En agosto de 2015, Maytín pidió a la directiva de la ACP que Corcione fuera separado del cargo, tras ser vinculado al proceso por supuesto blanqueo de capitales relacionado con cuentas del exmagistrado Alejandro Moncada Luna, condenado en marzo de 2015 por la Asamblea Nacional a cinco años de prisión por enriquecimiento injustificado y falsedad.

Maytín invocó el artículo 20 de la Ley No. 19 del 11 de junio de 1997, por la cual se reorganiza la ACP, el cual señala: “los miembros de la junta directiva serán suspendidos y, en su caso, removidos de sus cargos por la comisión de delito doloso o contra la administración pública. La suspensión o remoción de los directores será aplicada sin perjuicio de cualquier sanción penal que proceda. Los directores también podrán ser suspendidos o removidos por comprobada incapacidad física, mental o administrativa, mediante disposición del Presidente de la República, con el acuerdo del Consejo de Gabinete y la Asamblea Legislativa”.

En esta polémica, la junta directiva de la ACP respondió a Maytín que no tenían facultad legal para separar a Corcione, pero sí pidieron a este que enfrentara el proceso en su contra.

Finalmente, el caso relacionado con cuentas de Moncada Luna y en que se vinculaba a Corcione fue anulado y archivado por un fallo del Segundo Tribunal Superior de Justicia en octubre de 2016.

Por su parte, el exdirectivo del Canal Eloy Alfaro coincidió con Maytín y expresó que “cualquier cosa que afecte, desde el punto de vista penal, a algún miembro de la junta directiva, es negativo para la Autoridad del Canal de Panamá”.

Mientras que Eduardo Quirós, también exmiembro de la directiva de la ACP y actual presidente del Grupo Editorial El Siglo y La Estrella, dijo que, por una lado, el Ministerio Público debe hablar “con total claridad” de cuál es el alcance de las investigaciones. “Así se sabrá de qué se trata”, indicó.

“Todo panameño que tenga una responsabilidad con la Autoridad del Canal y sienta que su desempeño afecta la imagen de esta principal empresa del país, debe hacerse a un lado”, acotó.

En tanto, Jorge Ritter, expresidente de la junta directiva de la ACP, dijo que desconoce el grado de involucramiento de Corcione y Mizrachi en la investigación sobre la compra del grupo Epasa, “pero ciertamente la mención de sus nombres en procesos judiciales afecta la imagen de la ACP”.

Indicó que en 2015, cuando Corcione se abstenía de asistir a las reuniones de la ACP por no encontrarse en el país, precisamente para eludir citaciones de las fiscalías por el caso vinculado al exmagistrado Moncada Luna, “sostuve que le prestaría un servicio a la ACP y al país si se separaba del cargo. Ahora, con más motivos, lo reitero”, indicó Ritter.

Este medio pidió una opinión de Roberto Roy, ministro para Asuntos del Canal y presidente de la junta directiva de la ACP, pero un vocero dijo que no haría comentarios.

Mientras que en la ACP, tras ser consultados por el tema, su vicepresidente de Comunicación Corporativa, Abdiel Gutiérrez, respondió: “La investigación de este caso escapa la competencia de la ACP y el mismo debe seguir su curso legal ante las instancias judiciales correspondientes”.

También se trató de hacer contacto con el exministro del Canal Rómulo Roux, pero no respondió las llamadas.

(Con información de Wilfredo Jordán).

Vendedores no son investigados

“La responsabilidad de los vendedores tendría que fundamentarse en el conocimiento de la presunta actividad delictiva –blanqueo de capitales–
que desarrollaban los investigados; de lo contrario, se presume su buena fe”.

Así respondió el subsecretario general de la Procuraduría de la Nación, David Díaz, al preguntársele si en la investigación de las transacciones para la compra del Grupo Epasa, presuntamente con fondos públicos, existiría alguna
responsabilidad de los vendedores.

Díaz aclaró que en la actual fase de la investigación se está vinculando a las personas que participaron en los distintos movimientos financieros, con el propósito de comprar el grupo de empresas por medio de dinero ilícito.

El grupo Epasa fue vendido en diciembre de 2010 a la sociedad TPAHC, Inc., según declaró en abril pasado Francisco Arias Vallarino, quien negoció la transacción en representación de la familia Arias.

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