En Bruselas, Bélgica

Joseph Stiglitz, ante la comisión de la UE

Cuatro meses después de desvincularse del comité de expertos creado por el Gobierno panameño, Joseph Stiglitz y Mark Pieth hicieron público un informe propio.

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Joseph Stiglitz. Joseph Stiglitz.

Joseph Stiglitz. Foto por: Archivo

Marc Pieth. Marc Pieth.

Marc Pieth. Foto por: Archivo

El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, declarará hoy ante la comisión de investigación del Parlamento Europeo que trata de depurar responsabilidades en materia de blanqueo de capitales y evasión fiscal, a partir de las revelaciones de los 11 millones de documentos de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, divulgados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

La comisión de investigación sobre blanqueo de capitales y evasión fiscal —creada por la Eurocámara para aclarar si los gobiernos e instituciones europeas fueron negligentes en el control de las estructuras offshore— también hablará con representantes de los órganos de la lucha contra la delincuencia de la Unión Europea (UE) y con las Unidades de Información Financiera de la UE y fiscales nacionales.

Stiglitz viajó a Bruselas junto al experto suizo anticorrupción Mark Pieth para hacer presentar su propio informe sobre las prácticas financieras globales en materia de trasparencia fiscal, después de haberse desvinculado del comité independiente creado por el gobierno de Juan Carlos Varela.

El documento amplía el trabajo que ambos comenzaron en Panamá tras el escándalo que supuso la filtración de los documentos de Mossack Fonseca.

Stiglitz y Pieth criticaron al comité formado por el Gobierno panameño, al que acusan de falta de trasparencia. Varela recibirá el próximo viernes el informe del comité, que propondrá medidas que fortalezcan la transparencia y la lucha contra el fraude y el blanqueo.

En el documento presentado ayer en Bruselas, Stiglitz y Pieth consideraron a los paraísos fiscales “ los portadores de una peligrosa enfermedad” e instaron a la comunidad internacional a ponerlos en “ cuarentena”.

Estos paraísos existen únicamente porque Estados Unidos y Europa miran a otro lado... Las dos potencias económicas podrían prohibir que un particular pueda poseer una cuenta en un paraíso fiscal o ser accionista, director o administrador de una entidad situada en estas jurisdicciones no cooperativas”, detallaron.

Formularon una serie de recomendaciones para erradicar estas prácticas irregulares, como la obligatoriedad de la identificación del beneficiario final de las cuentas bancarias y de las empresas, algo que califican como “clave” tanto para permitir el intercambio automático de información, como para prevenir el blanqueo de capital.

En el documento, los expertos exploraron también la posibilidad de considerar “ ilegal” que un banco establezca relaciones con paraísos fiscales, al tiempo que piden que el sector inmobiliario esté obligado a comunicar quién es el propietario final de los inmuebles.

Esgrimieron además la necesidad de crear una plataforma con los registros contables de las empresas y señalan la conveniencia de que esta sea pública. Así se facilitaría el rastreo de los movimientos de capital que permita reconocer aquellos fondos que sean ilícitos.

Si uno supiera dónde se ha escondido el dinero robado por un dictador, potencialmente se podría recuperar y hacer rendir cuentas a aquellos que facilitaron la corrupción”, aseguraron en el informe.

Los primeros

También abogaron por tratados que promuevan el intercambio automático de información fiscal. Sobre este punto, Stiglitz y Pieth matizaron que son los países desarrollados los que tienen que dar el primer paso y compartir sus datos con aquellos en desarrollo que no tienen la capacidad de actuar de manera recíproca.

Instaron a obligar a las corporaciones y otras entidades a pagar una tasa anual y completar un informe que refleje en qué jurisdicciones han tenido actividad económica y los impuestos que han sido pagados en estas.

Subrayaron que además de supervisar a los bancos e institutos de crédito, es necesario que se controle también a las empresas y a los intermediarios, así como a los abogados que ejercen de agentes residentes. Sobre estos últimos, consideraron que deberían ser penalizados si facilitan la evasión fiscal, el blanqueo u otro tipo de operaciones similares.

“Cualquier abogado, agente registrado u otro actor que, sabiéndolo, registra una empresa o un trust cuyo principal propósito es evadir o eludir impuestos o dedicarse al blanqueo de capital, debe ser sujeto a una suspensión y, en el caso de ofensas múltiples, a la revocación de su licencia”, aseguraron.

En el documento también advirtieron contra aquellos fiduciarios que actúan en nombre de las empresas sin realmente estar implicados en ellas y piden limitar las posiciones que una persona puede ocupar para evitar las figuras de los testaferros. Finalmente, reclamaron la protección de aquellas personas cuyo testimonio revela tramas de este tipo.

El documento de Stiglitz y Pieth salió a la luz la misma semana en que la Oficina Antifraude Europea anunció que abrió cuatro investigaciones gracias a los documentos de Mossack Fonseca, que afectan a unas 40 mil personas o entidades vinculadas a la UE.

Reacción

Después de la publicación del reporte de Stiglitz y Pieth, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que Panamá está a favor de los esfuerzos de transparencia financiera y por eso puso en marcha la adopción del Common Reporting Standard, mecanismo de intercambio de información automático promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la firma del Convenio Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal y la ampliación de la red de tratados de intercambio de información, entre otras iniciativas

El exsuperintendente de Bancos Alberto Diamond, dijo que la idea de crear registros públicos podría afectar el derecho a la privacidad de las personas. A cambio, propone que la información del beneficiario final radique en archivos y registros del proveedor de servicios corporativos y que esté disponible a las autoridades competentes. A su vez, plantea la necesidad de que las prestatarias de estos servicios estén bajo una regulación y supervisión estrictas.

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