LAS PROTESTAS DE 2010, 2011 Y 2012

Sucesos sin responsables

En los hechos de Changuinola, Chiriquí, Panamá y Colón hubo siete muertos y cientos de heridos, pero nadie ha respondido por ellos.

Aunque el Ministerio Público (MP) ha abierto al menos 22 expedientes por homicidios, vandalismo, robos, abusos policiales y otros delitos tras las protestas y enfrentamientos en Bocas del Toro, Chiriquí, Colón y Panamá por la aprobación de leyes impopulares entre 2010 y 2012, ninguno de los responsables de esos hechos ha sido condenado.

Se trata de los acontecimientos en julio de 2010, que desataron una ola de violencia en Bocas del Toro por la aprobación de la llamada “ley chorizo”, que reformaba tres códigos y seis leyes.

Asimismo, de las manifestaciones de los indígenas ngäbe buglé en febrero de 2011 contra la minería en esa comarca indígena; los disturbios de junio de este año en la capital por la Sala Quinta de la Corte Suprema de Justicia, y la venta de acciones estatales en empresas eléctricas y telefónicas; y de los disturbios y saqueos de octubre pasado en Colón y Panamá, tras la aprobación de la ley que permitía la venta de terrenos de la Zona Libre.

Fuentes del MP confirmaron que por los sucesos de Bocas del Toro, tras los que murieron los sindicalistas bananeros Virgilio Castillo y Antonio Smith, y otras 716 personas resultaron heridas, el MP abrió cinco expedientes en las fiscalías superiores de Chiriquí y Bocas del Toro, Primera de Circuito de Bocas del Toro, Primera de Circuito de Colón y en la Fiscalía Auxiliar.

En octubre de 2011, el Tribunal Superior de Chiriquí cerró provisionalmente los expedientes por las muertes de Castillo y Smith.

La decisión del tribunal, contenida en fallos separados, aunque con el mismo ponente, el magistrado Asunción Castillo, concluyó que aunque dichas muertes fueron violentas, no fue posible identificar con certeza a los responsables.

Ambos fallos coincidieron en que la instrucción sumarial dejó dudas de una posible actuación dolosa o culposa, en la que se pudiera vincular a la Policía Nacional (PN), por lo que se dictó un cierre provisional de ambos expedientes.

Sin embargo, los dictámenes hicieron referencia a varios testigos que declararon que Castillo y Smith fueron heridos en enfrentamientos con la PN, pero que el humo de los gases lacrimógenos les impedía tener visibilidad completa de los hechos.

En las conclusiones del caso, el fiscal superior de Chiriquí y Bocas del Toro, Luis Martínez, pidió que lo inhibieran de conocer las sumarias y se declinara la competencia a una fiscalía de circuito, basado en que no se pudo acusar a ninguna persona por los hechos.

El Tribunal Superior, sin embargo, no acogió la petición y cerró los expedientes de forma provisional.

La parte querellante y la fiscalía apelaron, y el expediente subió a la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la que todavía no se ha dictado sentencia.

Por los hechos de Bocas del Toro también se abrieron tres expedientes por igual número de querellas contra Gustavo Pérez, en ese momento director de la PN, y el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, acusados por abuso de autoridad.

Asimismo, 152 manifestantes fueron objeto de cargos por delitos contra la integridad personal, la libertad, la seguridad colectiva, y por daños causados durante las protestas.

Entre los acusados figuraron 78 obreros que perdieron la vista parcial o totalmente, al recibir disparos de perdigón.

El expediente lo lleva la Fiscalía Primera de Circuito de Bocas del Toro, que tomó declaración indagatoria a la totalidad de los obreros. A algunos de ellos, incluso, se les indagó mientras permanecían hospitalizados por las heridas en los ojos.

Mientras, la Fiscalía Auxiliar empezó una investigación contra dirigentes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Sociales y Económicos de Panamá, estudiantes de la Universidad de Panamá y el exdirector de la Caja de Seguro Social Juan Jované.

Las pesquisas se iniciaron con la declaración de un testigo protegido, que informó de la realización de una reunión entre miembros de estos grupos para armar un plan y atentar contra el Canal de Panamá.

El entonces fiscal auxiliar, Ángel Calderón, ordenó el arresto de 18 dirigentes, pero luego las detenciones fueron declaradas ilegales por la Corte Suprema de Justicia.

Al final, en 2012 el Juzgado Tercero Penal ordenó el cierre de la investigación por falta de pruebas.

Tras los hechos de Changuinola, el MP también abrió una investigación en Colón a 27 miembros del Suntracs, que fueron detenidos el 5 de julio de ese año cuando apoyaban una huelga decretada por trabajadores de una empresa contratista del Canal.

Los detenidos fueron arrestados poco antes de llegar a las esclusas de Miraflores, se les acusó de cerrar la vía pública y se les aplicó la Ley 14 de abril de 2010, mejor conocida como “ley carcelazo”, que aplica penas de seis meses a dos años de prisión para quienes cierren las calles.

En este caso, la Corte también declaró ilegales las órdenes de arresto emitidas por la Fiscalía Primera de Circuito de Colón, que sustentó la vista fiscal con una solicitud de llamamiento a juicio.

El Juzgado Tercero Penal de Colón está por fijar la fecha para la audiencia preliminar de este proceso.

2011

Mientras tanto, por la muerte del indígena Jerónimo Tugrí, ocurrida en San Félix, y la de una menor de edad registrado en Las Lomas, ambas en Chiriquí, durante las protestas de febrero de 2011, la Fiscalía Superior de esa provincia mantiene abiertos dos expedientes por separado.

De igual forma, este mismo despacho abrió otro sumario por los actos de vandalismo y saqueos al cuartel policial de Volcán, la oficina de Correos Nacionales y el local Infoplaza.

No hay resultados aún por ninguno de esos procesos.

2012

La Fiscalía Auxiliar informó que no se abrieron expedientes por las protestas de junio pasado frente y dentro de la Asamblea por la derogatoria de la ley de la Sala Quinta y la venta de acciones estatales en empresas eléctricas y telefónicas.

Pero en relación con los disturbios y saqueos del 26 de octubre pasado en Panamá, las fiscalías Decimotercera, Segunda, Cuarta, Sexta, Primera y Decimoquinta de Circuito abrieron investigaciones por daños ocasionados al propio MP, la Gobernación de Panamá, la sucursal del Banco Nacional de Panamá en Calidonia, el Tribunal Electoral, la Procuraduría de la Administración y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, respectivamente.

Al mismo tiempo, de las noventa y dos denuncias recibidas por el MP en la provincia de Colón, setenta y tres fueron enviadas a la Agencia de Instrucción Delegada, nueve a la Fiscalía Primera de Circuito, dos a la Fiscalía Tercera de Circuito, otros tres expedientes fueron iniciados por la Personería Primera, y tres casos más se abrieron por la Fiscalía Superior de Adolescentes.

Los expedientes bajo la jurisdicción de la Personería Primera de Colón tienen que ver con la muerte de las tres personas durante las protestas contra la Ley 72.

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

La procuradora general de la Nación de Panamá, Kenia Porcell, viajó a España, donde sostuvo reuniones de alto nivel en la sede de la Fiscalía General de ese país.
Cortesía/Gabinete de comunicación de la Fiscalía General de España

CASO ODEBRECHT Porcell se reúne con fiscal que coordina rogatorias en España

AEROPUERTO Despega operación de Taeca

Se trata del primer vuelo comercial  e internacional que se realiza desde la terminal aérea colonense.
LA PRENSA/Roberto Cisneros

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Loteria nacional

22 Nov 2017

Primer premio

3 5 1 5

BBAC

Serie: 13 Folio: 15

2o premio

4722

3er premio

5119

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código