SOBORNOS DE ODEBRECHT

Superintendencia colombiana vigila a subsidiarias de Odebrecht

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Colombia sometió al máximo grado de supervisión a cuatro empresas de la constructora brasileña Odebrecht, vinculada a una trama de corrupción transnacional, por lo cual podrían ser reorganizadas o liquidadas si hubiera problemas económicos o judiciales, informó ayer una fuente oficial.

La Superintendencia de Sociedades, un ente estatal autónomo de inspección y vigilancia de las sociedades mercantiles, “sometió a control, el máximo grado de supervisión”, a las compañías Odebrecht Latinvest Colombia S.A.S., Constructora Norberto Odebrecht de Colombia S.A.S., Navelena S.A.S. y a la sucursal de la sociedad extranjera Constructora Norberto Odebrecht S.A.

Según un comunicado de la Superintendencia leído a periodistas por su titular, Francisco Reyes, “tras esta decisión, los revisores fiscales de las sociedades deberán comunicar a esta entidad oportunamente cualquier irregularidad que observen en el funcionamiento de las compañías”.

Con esta medida, que tiene un recurso de reposición, la Superintendencia adquiere además “amplias facultades de fiscalización”, como solicitar información jurídica y contable de las firmas, así como exigir autorización para “cualquier modificación o reforma estatutaria o capitalización de la sociedad”.

También podrá remover a los administradores, revisores fiscales o empleados y multar a los administradores que realicen actos contrarios a la ley. Igualmente, prohíbe sin las autorizaciones previas las “enajenaciones” de bienes u operaciones que no correspondan con el giro ordinario de los negocios. “La legislación, incluso, abre la posibilidad de convocar a la sociedad a un trámite de liquidación, si se cumplen los presupuestos para ese efecto”, explicó el texto.

En Colombia, Odebrecht es señalada por la Fiscalía y la justicia de Estados Unidos de pagar sobornos por más de 11 millones de dólares entre 2009 y 2014 para la adjudicación de obras públicas.

El ente acusador y el Consejo Nacional Electoral, la máxima autoridad electoral del país, también indagan si la firma brasileña aportó dinero a las campañas de candidatos presidenciales de 2014, entre ellas a la de la reelección de Juan Manuel Santos.

Por otra parte, el Tribunal Administrativo del departamento de Cundinamarca (centro) ordenó el retiro de las sociedades de Odebrecht en la adición del contrato de la Ruta del Sol sector 2, un trayecto vial de más de 500 kilómetros que une el centro del país con el Caribe, cuya ejecución se inició en el mandato de Álvaro Uribe (2002-2010) y se añadió en el gobierno de Santos, iniciado en 2010.

En una decisión conocida ayer, el tribunal sostiene que mantener a Odebrecht, del que se refiere como “corrupto confeso”, “lesiona la moralidad administrativa y pone en riesgo el patrimonio público”.

Por este escándalo, hasta el momento, están detenidos el exviceministro de Transporte de Uribe, Gabriel García, quien se declaró culpable de recibir 6.5 millones de dólares en coimas, y el exsenador Otto Bula, señalado de admitir 4.6 millones de dólares.

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