CIUDAD DE PANAMÁ

Telaraña legal y visual

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La obra debió estar lista para 2016, pero se ha atrasado hasta por lo menos 2018. La obra debió estar lista para 2016, pero se ha atrasado hasta por lo menos 2018.

La obra debió estar lista para 2016, pero se ha atrasado hasta por lo menos 2018. Foto por: Archivo

La Corte Suprema de Justicia cortó la fuente de financiamiento del proyecto de soterramiento de cables que adelanta el Estado en la ciudad de Panamá, al declarar inconstitucional la tasa de 0.5% mensual que pagan los clientes de servicios de telecomunicaciones y televisión pagada. Las autoridades deben buscar los recursos para sostener el programa que se inició en 2013, con el fin de eliminar la telaraña de cables que amenaza la seguridad de los transeúntes y deteriora el entorno urbano.

Declaran ilegal tasa de soterramiento de cables

El pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el cobro de la tasa para cubrir los costos de soterramiento del cableado e infraestructuras de telecomunicaciones y de televisión pagada.

El fallo, con fecha del 8 de septiembre de 2015 y bajo la ponencia del magistrado Jerónimo Mejía, surge de la demanda de inconstitucionalidad presentada por el abogado Ernesto Cedeño contra dos artículos de la Ley 15 de 26 de abril de 2012. El primero de ellos es el artículo 1 que establecía “una tasa del 0.5% aplicable a los clientes en la facturación mensual de los servicios de telecomunicaciones básica local (101), nacional (102), internacional (103), de comunicaciones personales (106), telefonía móvil celular (107) y televisión pagada (200) para cubrir los costos y la ejecución del soterramiento del cableado e infraestructura de los servicios de telecomunicaciones y de televisión pagada”.

En este sentido el pleno de la Corte considera que dicho artículo “grava una tasa a los usuarios del servicio de telecomunicaciones y televisión pagada sin contemplar distinción alguna entre los usuarios directamente favorecidos en su derecho de propiedad a causa del soterramiento y los que no”.

Los nueve magistrados de la Corte concordaron que “en efecto, de la lectura del artículo 1 de la Ley 15 de 2012 se desprende que la tasa no incluye en el soterramiento a todos los usuarios de la telecomunicación básica local, nacional, internacional, comunicaciones personales...”.

El segundo es el artículo 12 que señala lo siguiente: “las contrataciones que realicen las empresas de distribución eléctrica para el proyecto de soterramiento del cableado e infraestructura de los servicios de telecomunicaciones y de televisión pagada se regirán por las reglas del derecho privado que rigen sus actos de contratación”.

El abogado Cedeño contrapuso el artículo 266 de la Constitución, en el cual se establece que “la ejecución o reparación de obras nacionales, las compras que se efectúen con fondos del Estado, de sus entidades autónomas o semiautónomas o de los Municipios y la venta o arrendamiento de bienes pertenecientes a los mismos se harán, salvo las excepciones que determine la ley, mediante licitación pública”.

Sin embargo, en este caso los magistrados de la Corte consideraron que no se viola la Constitución, porque la excepción está amparada en la propia Ley 15 de 2012.

Un vocero de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP), la entidad que adjudicó los contratos para el soterramiento de cables en la ciudad de Panamá, dijo que no harían comentarios hasta tanto se les notificara.

ATRASOS EN EL PROYECTO

El cobro de la tasa de 0.5% entró a regir el 28 de abril de 2012 y los trabajos de soterramiento se iniciaron en 2013 con el propósito de mejorar la confiabilidad de los sistemas eléctricos y de telecomunicaciones y de mejorar el ambiente urbano, saturado con una gran cantidad de postes y cables aéreos.

El proyecto fue adjudicado por la ASEP a las empresas Gas Natural Fenosa, distribuidora de la electricidad en la zona, y a la Compañía para el Soterramiento de Cables, S.A., que a su vez subcontrataron a la constructora Semi para hacer la obra civil.

Para la obra civil se calculaba en 2013 un período de ejecución de tres años, pero debido a atrasos, las nuevas estimaciones para completar el proyecto en todo el polígono –conformado por vía España, Federico Boyd, calle 50 y vía Brasil– estaban hasta 2018.

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