EL CENTRO DE LLAMADAS DEL EDIFICIO H20

Terán fue indagado

La Fiscalía Segunda Anticorrupción instruye un proceso por el supuesto uso indebido de fondos de la Asamblea Nacional para fines políticos.
Giancarlo Terán (Izq), acompañado de su representante legal, Yocehil González. LA PRENSA/Humberto Rueda. Giancarlo Terán (Izq), acompañado de su representante legal, Yocehil González. LA PRENSA/Humberto Rueda.
Giancarlo Terán (Izq), acompañado de su representante legal, Yocehil González. LA PRENSA/Humberto Rueda.

Por segunda vez esta semana, Giancarlo Terán acudió a la Fiscalía Segunda Anticorrupción para rendir declaración indagatoria en el proceso que se le sigue por su supuesta vinculación con las operaciones de un call center, que, según denunció, se manejaba con fondos públicos para hacer campaña a favor del partido Cambio Democrático (CD).

Su abogado, Yocehil González, confirmó ayer que la fiscalía formuló cargos a su cliente por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública. Terán trabajaba en el referido centro de llamadas y, al mismo tiempo, en el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici).

Antes de ingresar en la fiscalía, declaró a periodistas que asistía a la indagatoria para aportar detalles sobre los movimientos de dinero relacionados con las operaciones del call center y, aunque reconoció que se le formularon cargos, dijo estar seguro de que no tendrá ningún problema .

Fuentes cercanas al proceso informaron que en la declaración Terán detalló la operación del centro de llamadas, que funcionaba en el edificio H2O de avenida Balboa con fondos de la Asamblea y bajo la coordinación de la exdirectora de Migración María Cristina González y el exadministrador de la Autoridad de Turismo de Panamá, Salomón Shamah.

El pasado lunes Terán fue ubicado por agentes de la Dirección de Investigación Judicial en la residencia de su madre y conducido a la fiscalía.

Ese día se negó a declarar y se acogió al artículo 25 de la Constitución, que dice: “Nadie está obligado a declarar en asunto criminal, correccional o de policía, contra sí mismo, su cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”.

Su propósito era contratar un abogado para que estuviera presente en su declaración, ya que hasta ese momento se le había asignado un abogado de oficio .

El proceso está a cargo de la fiscal Lizzette Chevalier, quien también formuló cargos contra otros funcionarios del Mici que autorizaron a Terán a fungir como supervisor del call center pese a ser funcionario de esa institución.

No se informó cuándo estos funcionarios deberán acudir a declarar.

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