TITULACIÓN DE TIERRAS PROTEGIDAS

Testigos hablan de Juan Hombrón

Para la Contraloría, el ´perjuicio económico al Estado´ detectado por sus auditores no significa que se hubiese producido una lesión patrimonial en el caso de la titulación gratuita de tierras frente al mar.

TIERRAS. El 27 de septiembre de 2011, el Gobierno hizo una entrega ´simbólica´ de títulos de propiedad en Juan Hombrón. Para entonces, la mayoría de sus supuestos dueños había vendido sus derechos posesorios. Hoy son investigados. LA PRENSA/Archivo TIERRAS. El 27 de septiembre de 2011, el Gobierno hizo una entrega ´simbólica´ de títulos de propiedad en Juan Hombrón. Para entonces, la mayoría de sus supuestos dueños había vendido sus derechos posesorios. Hoy son investigados. LA PRENSA/Archivo
TIERRAS. El 27 de septiembre de 2011, el Gobierno hizo una entrega ´simbólica´ de títulos de propiedad en Juan Hombrón. Para entonces, la mayoría de sus supuestos dueños había vendido sus derechos posesorios. Hoy son investigados. LA PRENSA/Archivo

Complicidades, amenazas e incumplimiento de deberes de funcionarios y exfuncionarios de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati) y otros protagonistas del proceso de titulación gratuita de 54 hectáreas en Juan Hombrón, en la provincia de Coclé, quedaron en evidencia en los informes de la Contraloría General que reposan ya en el Tribunal de Cuentas.

Los testimonios recogidos por los auditores –que durante tres meses siguieron las huellas del proceso autorizado por la exdirectora de Titulación de Anati Anabelle Villamonte– les permitieron llegar a concluir que las adjudicaciones de tierras nacionales protegidas se hicieron en violación a la Ley 80 de 2009 que regula el reconocimiento de derechos posesorios en islas y costas, así como normativas ambientales como la Ley 41 de 1998, General de Ambiente.

Ayer, la Contraloría emitió un comunicado objetando el uso del término “lesión patrimonial”, relacionado con el citado informe.

“No corresponde a la Contraloría llegar a esa conclusión...”, señala el comunicado de la institución fiscalizadora, que también cita como justificación de la inexistencia de una lesión patrimonial las resoluciones emitidas por la Anati anulando los documentos de titulación.

Sin embargo, las 14 fincas tituladas gratuitamente en Juan Hombrón aún no han pasado a manos del Estado, según los datos que aparecen en el Registro Público. Además, el informe de la Contraloría concluye que se produjo “un perjuicio económico al Estado” de 1.7 millón de dólares.

Al respecto, el excontralor Alvin Weeden comentó que los conceptos de lesión patrimonial y perjuicio económico no son distintos. “El perjuicio económico es consecuencia de una lesión patrimonial; es decir, que el Estado se ve perjudicado por un ataque a su patrimonio”.

Weeden objetó la cuantía del perjuicio económico contra el Estado citado en el informe de los auditores, que calificó de “sesgado para favorecer a la familia Papadimitriu”.

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