COMARCA NGÄBE BUGLÉ

Tierra de contradicciones

La directora de Transparencia, Abigaíl Benzadón, dijo que el Ministerio Público debe investigar otros posibles delitos en estas ventas.

Mientras la Asociación de Derecho Ambiental solicitó una investigación penal por la venta de tierras protegidas en Panamá, el diputado costarricense por el Partido Acción Ciudadana Claudio Monge pidió en San José al político Antonio Álvarez Desanti –aspirante a una curul en la Asamblea de su país– que “devuelva los terrenos” a los indígenas de la comarca Ngäbe Buglé.

“Álvarez Desanti pretende que la compra de estos terrenos sea un asunto de simple legalidad, pero hay también un serio cuestionamiento ético por la ofensa a la dignidad y el engaño a los pueblos indígenas”, afirmó Monge a medios costarricenses.

El diputado de oposición considera que Álvarez Desanti “debe comprometerse con la sociedad costarricense y la panameña a no realizar ninguna acción en la zona que comprometa su frágil equilibrio ambiental”.

Monge se refería al lujoso hotel de 40 millones de dólares que pretende construir Álvarez Desanti en el quinto humedal de importancia internacional de Panamá (Damani-Guariviara).

“Como costarricense, siento vergüenza de que coterráneos se presten para estos actos de corrupción y violación de derechos humanos en un país vecino”, sostuvo.

El político solicitó al candidato presidencial oficialista por el partido Liberación Nacional Johnny Araya, que si Álvarez Desanti “se niega” a devolver la tierra en Panamá, lo “separe de funciones” como jefe de su campaña política.

REACCIONA LA COMARCA

En tanto, el presidente del Congreso General de la comarca Ngäbe Buglé, Edilberto Sánchez, aseguró que las tierras fueron vendidas de forma “inconsulta, y la población en esta área no está de acuerdo”.

“Quiero aclarar –añadió Sánchez– que el Congreso General no ha tenido ningún tipo de acercamiento ni negociación con la empresa [Desarrollo Ecoturístico Cañaveral]”.

Afirmó que el Congreso Regional Ño Kribo –presidido por Willy Jiménez– es el único que ha mantenido conversaciones con los empresarios ticos, pero con la única intención de obtener información sobre la venta de los terrenos.

“Lo importante –dijo– es conocer de qué manera se vendieron estas tierras” ( ver nota relacionada).

CONTRADICCIONES

Y sobre dichas ventas ha hablado Álvarez Desanti en los últimos tres días en Costa Rica. Por ejemplo, dijo que es “dueño de los terrenos desde hace cuatro años”. Pero el político posiblemente se refería a que en julio de 2009 empezó a negociar los terrenos con la abogada Evisilda Martínez, sin que en ese momento ella fuera la dueña o representante legal de los indígenas que aseguraron ser sus dueños.

Fue en julio de 2010 (un año después) que se concretó la venta, tras sentencias favorables –de dos, y no cuatro jueces, como él afirma– en los procesos de prescripción adquisitiva que le permitieron comprar las fincas. Será a fines de este mes que tendrá, no cuatro, sino tres años de poseer formalmente la tierra.

El 1 de febrero de 2010, Álvarez Desanti suscribió en Costa Rica el contrato de promesa de compraventa de las fincas con Evisilda Mártinez.

A esa fecha, ni un solo proceso de prescripción adquisitiva se había sido presentado en los tribunales, procesos estos que son tan engorrosos que normalmente toman años en ser resueltos.

Aún así, el político firmó el contrato y, de hecho, para entonces ya había adelantado, al menos, unos 50 mil dólares a la abogada Martínez por las tierras.

¿Por qué estaba tan seguro Álvarez Desanti que compraría las fincas cuando el pleito legal por ellas ni siquiera había empezado?

Tómese en cuenta que las tierras que quería el político costarricense estaban tituladas a nombre de personas contra las cuales los futuros vendedores tenían que probar en los tribunales su legítimo derecho a reclamarlas como suyas.

El contrato de promesa de compraventa incluía una quinta finca, descartada en la venta final. De haberla comprado, sobre los “varios millones” que pagó por las cuatro fincas, el político habría tenido que pagar varios millones más.

Álvarez Desanti aseguró categóricamente a este diario que no fue partícipe en la negociación de las tierras entre Martínez y los indígenas. Y luego dijo: “Los abogados nos recomendaron tomar hasta la huella digital y la firma a los indígenas en las escrituras públicas”.

Pero el político no les compró a los indígenas, sino a Martínez. En todo caso, sus abogados aconsejaban a Martínez, y no a él.

Álvarez Desanti también afirmó que “nosotros... le dimos la primera opción [de compra de las fincas] a la comarca, y no compró”.

Pero él –o ellos– no podía ofrecer esa primera opción a la comarca, sencillamente porque quienes podían hacerlo eran los indígenas beneficiados con los fallos de prescripción adquisitiva que fueron sus primeros dueños tras las sentencias. Álvarez fue el tercero, pues los indígenas le vendieron primero a Martínez y luego al empresario tico.

Entonces, ¿a quién se refería cuando dijo que nosotros le dimos la primera opción a la comarca?

El único documento que existe sobre un ofrecimiento de venta a la comarca es de Feliciano Baker, pero este, al momento de hacerlo, no tenía su titularidad.

Álvarez Desanti también negó a este medio haber viajado con la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, a Panamá. “Yo no formé parte de la delegación de la Presidenta”, afirmó.

Pero en una entrevista posterior, lo admitió. Incluso, visitó el Palacio de las Garzas y disfrutó en el palco presidencial en el estadio Rommel Fernández con el presidente, Ricardo Martinelli, del encuentro futbolístico entre Panamá y Costa Rica en febrero pasado.

Álvarez Desanti también repitió en Costa Rica que compró las más de 685 hectáreas –con frente de mar– porque en el Registro Público de Panamá aparecía que eran fincas ya tituladas.

Lo que no dijo es que estaban tituladas, pero a nombre de terceros. La compra se perfeccionó con los que se beneficiaron de las sentencias, no de los dueños originales de las fincas. Y fue en agosto de 2010 cuando fueron inscritas en el Registro Público, es decir, un mes después de que él las comprara.

INVESTIGACIÓN

La directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Abigaíl Benzadón, afirmó que existen otros posibles ilícitos que debe investigar el Ministerio Público en la venta de esas tierras.

“Hay otros posibles tipos de delitos, hoy día, que deben ser investigados y deslindados por las autoridades competentes que están atendiendo el caso”, manifestó.

La funcionaria consideró que las autoridades deben investigar a los responsables de la venta y traspaso de los terrenos, tal como expresó en la denuncia penal que interpuso en 2011.

En su momento, Benzadón solicitó al Ministerio Público colocar una marginal sobre las fincas afectadas para evitar la continuidad de ventas, aunque sin éxito.

MÁS REACCIONES

La ambientalista Raisa Banfield lamentó que las autoridades mantengan un “silencio cómplice” ante la venta de zonas protegidas, en procesos ya demandados por irregulares.

“Es preocupante la libertad con la que actúa Álvarez Desanti en compras posiblemente fraudulentas, porque son tierras colectivas, las cuales no pueden ser vendidas tan fácilmente”, dijo.

En tanto, el exembajador de Panamá en Taiwan Mario Luis Cucalón declaró no tener vinculación alguna con el abogado Rubén Darío Moreno, que solo le tramitó dos sociedades anónimas.

“Ha sido muy injusto con mi nombre y con mi familia exponerme de esta manera, como si fuera un delincuente, involucrado en actos de corrupción y abuso de autoridad”, afirmó.

´Venta de tierras fue inconsulta´, se quejan

El presidente del Congreso General de la comarca Ngäbe Buglé, Edilberto Sánchez, señaló que este problema no es nuevo, debido a que desde el año pasado descubrieron las ventas de tierras por quejas de algunos indígenas que viven en el área. Dijo que hace meses denunciaron el hecho ante el Ministerio de Gobierno, por lo que se inició una investigación en conjunto con la Dirección Nacional de Política Indígena para conocer si eran legales esas ventas.

Señaló que el congreso regional Ño-Kribo, que preside Willy Jiménez, está en “conversaciones” con miembros de la empresa Desarrollo Ecoturístico Cañaveral para conocer cómo adquirieron el terreno y cuándo se procedió a la venta.

Sánchez dijo que hace muchos años vivían colonos, extranjeros, en el área, por lo que tendrían que verificar si alguno de ellos tituló la tierra o la tenía en virtud de derechos posesorios.

Aclaró el dirigente indígena que una vez el congreso regional Ño-Kribo investigue y le entregue un informe en relación a la compra, el Congreso General que él preside se reunirá con todos los congresos y los líderes comarcales para tomar una decisión, tal como establece la ley de la comarca.

Sandra Alicia Rivera

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