54 HECTÁREAS DE PLAYAS EN JUAN HOMBRÓN

Tierras siguen en manos privadas

La promesa del presidente, Ricardo Martinelli, de que las fincas volverían a ser parte de la Nación, sigue sin concretarse aún.

Cinco meses después de que el nuevo director de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati), Franklin Oduber, expidiera las resoluciones que anularon las adjudicaciones gratuitas de las 54 hectáreas en la comunidad costera de Juan Hombrón, en la provincia de Coclé, en el Registro Público solo aparece inscrita una marginal de “limitación de dominio” que, sin embargo, no está visible en el servicio para ver documentos en el sitio electrónico de la institución.

Al hacerse la consulta en las mismas instalaciones del Registro Público sobre las notas de restricción de la Anati –que deben aparecer en la sección de consulta de imágenes registrales– se indica que es una medida parcial y que las imágenes de los documentos no se pueden observar porque “están defectuosos”.

Tras la búsqueda fallida en el sistema, el usuario es remitido al Departamento de Secuestros de la entidad, pero tampoco allí se logra tener acceso a los documentos de la Autoridad de Tierras.

“La Anati adelanta una investigación sobre las adjudicaciones [gratuitas] realizadas en Punta Paitilla y Juan Hombrón con la finalidad de adoptar las decisiones que en derecho correspondan...”, dice parte del texto de la marginal en los documentos de las fincas en el Registro Público. Lo que sigue en la misma nota marginal es un escrito sin sentido que textualmente dice: “en colocar a estos actos administrativos, en virtud de lo anterior para que las aparecidas relativas a las mismas y los defectos de su nacimiento no causen mayores perjuicios a los intereses del Estado...”.

Prefiere callar

Este diario intentó aclarar la situación de las tierras de Juan Hombrón con el director, Franklin Oduber, pero, una vez más, se negó a hablar del tema alegando tener limitaciones legales.

“...Este tema se mantiene bajo investigación a nivel judicial... es nuestra obligación respetar ese proceso, garantizando así los derechos de todos los involucrados en el caso, por lo que no podemos emitir declaraciones adicionales”, fueron sus palabras escritas en un correo electrónico remitido esta semana a este medio.

Antecedentes

“En el día de hoy finalmente hemos cumplido lo prometido, aquí está la marginal donde se impide cualquier movimiento que se haga sobre las tierras de Paitilla y las tierras de Juan Hombrón”, fue el anuncio hecho por el presidente, Ricardo Martinelli, el pasado 10 de noviembre, durante los tradicionales actos de celebración del grito de independencia en La Villa de Los Santos.

“Si hay algún delito que se cometió en el camino, quien lo haya cometido, se va a investigar”, añadió.

Hasta el momento, el Ministerio Público solo ha identificado la supuesta comisión de un delito (ambiental) por parte de la exdirectora de Titulación de la Anati Anabelle Villamonte, entre otras personas, debido a que las tierras cedidas gratuitamente se encuentran en área de manglar, las cuales gozan de protección por ley.

Pero de la devolución de la tierra al Estado nada se sabe, salvo lo que anunció Martinelli en noviembre pasado.

Las resoluciones de anulación fueron expedidas por la Anati el 9 de noviembre de 2011, basadas en el artículo 62 de la Ley 38 de 2000, pero no se sabe si los representantes de las sociedades anónimas que tienen la titularidad de las tierras, y que pertenecen a los padres del ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, presentaron algún recurso contra dichas resoluciones.

“Para culminar el proceso en su totalidad, un juez debe ordenar la nulidad de los títulos”, explicó en noviembre pasado Doris Chong Guardia, gerente de imagen corporativa de la Anati.

Si este proceso judicial empezó o no, es algo que no se conoce aún.

Por el momento, son los hallazgos de un grupo de auditores de la Contraloría General de la República lo que sí está en firme. Según sus conclusiones, las 54 hectáreas de tierra frente al mar de Juan Hombrón eran inadjudicables por ser área protegida; que se produjo un perjuicio económico al Estado de 1.7 millón de dólares; complicidades para dar falsos testimonios, y que se violó la Ley 80 de 2009 sobre titulación de islas y costas, al permitir el fraccionamiento de las fincas para recibirlas de forma gratuita.

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