MINISTERIO PÚBLICO CONCLUYE INVESTIGACIÓN POR LA ADJUDICACIÓN DE 54 HECTÁREAS DE TIERRAS COSTERAS Y PIDE JUICIO PARA SEIS PERSONAS

´Titulaciones en Juan Hombrón fueron ilegales´

CONSECUENCIAS. De acuerdo a una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, la adjudicación de las tierras costeras en Juan Hombrón, provincia de Coclé, ocasionó una lesión patrimonial de un millón 787 mil 362 dólares. LA PRENSA/Archivo CONSECUENCIAS. De acuerdo a una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, la adjudicación de las tierras costeras en Juan Hombrón, provincia de Coclé, ocasionó una lesión patrimonial de un millón 787 mil 362 dólares. LA PRENSA/Archivo
CONSECUENCIAS. De acuerdo a una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, la adjudicación de las tierras costeras en Juan Hombrón, provincia de Coclé, ocasionó una lesión patrimonial de un millón 787 mil 362 dólares. LA PRENSA/Archivo

La titulación de 54 hectáreas de terreno a 12 sociedades anónimas y 2 particulares en Juan Hombrón, Coclé, se hizo bajo presiones y en una abierta inobservancia de las leyes y recomendaciones de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), la extinta Dirección de Catastro y el Municipio de Antón, que daban cuenta de que se trataba de manglares protegidos, por tanto inadjudicables.

Así consta en las conclusiones de la investigación que impulsó el Ministerio Público por este caso, expuestas por la fiscal quinta de circuito, Ruth Morcillo, en la audiencia preliminar, realizada el martes 22 de mayo en el Juzgado Tercero Penal.

En la audiencia, Morcillo pidió juicio para la exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) Anabelle Villamonte; el jefe del Departamento Jurídico y los encargados de Cartografía y Planos de esa entidad, Eric Lamboglia, Mario Ruiz y José De Bello, respectivamente; y los particulares José Fernández y José Gutiérrez, acusados por delitos contra el ambiente y el ordenamiento territorial.

Los trámites de titulación que se hicieron a nombre de las sociedades anónimas, entre estas Vista Coclé y Vista del Norte, fueron iniciados por Villamonte en su condición de abogada el 7 de septiembre de 2010 hasta el 26 de noviembre de ese mismo año, cuando renunció tras ser nombrada en la Dirección de Catastro.

En la vista fiscal, a la que este diario tuvo acceso, Morcillo citó al director regional de Bienes Patrimoniales del Ministerio de Economía y Finanzas en Coclé, Ezequiel Jaén, quien en su declaración jurada dijo haber recibido nueve solicitudes de titulación de sociedades, que, sin embargo, no se atrevió a aprobar, pues en inspecciones hechas en las tierras se percató de que estaban en una “zona bañada por la alta marea, cubierta de maleza, sin cercas ni siembros y otras tenían manglar”.

Jaén añadió que en el caso de la sociedad Bancro Holding se le pidió el visto bueno del trámite con una nota firmada por Villamonte.

Asimismo, detalló que otros particulares se presentaron en su despacho y alegaron tener derechos posesorios, pero no encontró sustento a sus peticiones, por lo que envió las solicitudes al Departamento Jurídico de Catastro, en Panamá.

Por su parte, el jefe del departamento de Áreas Protegidas de la Anam, Hellington Ríos, declaró a la fiscalía –y así consta en la vista fiscal– que desde 2008 se había advertido a los moradores y pescadores de Juan Hombrón que no se podía adjudicar esa zona por ser un área de manglar.

Agregó que el 30 de abril de 2010 remitió una nota al alcalde de Antón, Jorge Cáceres, en la que le expresó su preocupación por la ocupación de parcelas de tierra en la zona de manglar y le pidió que se abstuviera de otorgar derechos posesorios.

El funcionario hizo referencia, en aquel entonces, al Acuerdo 10 del Consejo Municipal de Antón, fechado el 31 de mayo de 2005, que declaró “inadjudicables por ser de interés social y ecológico las áreas de manglar ubicadas dentro de nuestra jurisdicción”.

Presiones y más

En la vista fiscal se incluye la declaración jurada de Marysabel Brennan de Jiménez, quien se vio obligada a renunciar a su cargo de técnico en topografía de Catastro, debido a presiones para aprobar dos de los planos en los que se adjudicaban terrenos en Juan Hombrón.

De acuerdo con Brennan de Jiménez, cuando llegaron a sus manos los planos para las referidas titulaciones [a las sociedades Vista Coclé y Vista del Norte] los comparó con el plano de control y advirtió que las coordenadas marcaban en el agua, a pesar de que en el campo correspondían a tierra firme.

Dada la anomalía, la funcionaria remitió un informe a Villamonte, quien para ese momento era la directora de Catastro, indicándole que el área era inundable y así no se podían firmar los planos.

“Sí hubo presión para que firmara esos planos, lo cual no hicimos”, manifestó, aunque no detalló quién o quiénes la presionaron.

Según la fiscal, las titulaciones en Juan Hombrón también vulneraron la Resolución 209 de Catastro, del 6 de abril de 2005, que establece el reglamento para registrar planos y señala que no se dará la aprobación cuando hayan traslapes de terrenos.

Pero, en una inspección ocular realizada por peritos de la Anam y de la Contraloría General de la República en el marco de la investigación, se confirmó “el traslape en los planos, [la] presencia de manglar, [que] es área protegida, [que] los lotes no estaban cercados y solo había ranchos en mal estado”.

Además, se advirtió que “no hay vías de acceso, solo por la ribera de playa en marea baja; es decir, que cuando sube la marea inunda las vías de acceso y afecta los terrenos adjudicados”.

Por otro lado, citó en la vista fiscal una resolución de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá de 2009, que estipula que para la titulación de tierra que colinde con manglares debe haber una zona de amortiguamiento de hasta 50 metros; sin embargo, los terrenos adjudicados se ubican dentro de área de mar y manglares.

“La inobservancia de la normativa reseñada es palpable al leer los procesos administrativos iniciados en las solicitudes de derechos posesorios que fueron aprobados”, señaló Morcillo en la vista fiscal.

“A pesar de que en cada una de las inspecciones realizadas por los técnicos topógrafos de la oficina regional de Coclé se hicieron estas observaciones, se ignoraron las recomendaciones y se continuó con el trámite de titulación”, agregó.

Basada en lo anterior, la fiscal Morcillo concluyó que “las 14 titulaciones de tierra en Juan Hombrón se hicieron ignorando las recomendaciones hechas por topógrafos de la oficina regional de Catastro en Coclé y por el Municipio de Antón”.

A su juicio, la finalidad de dichas titulaciones fue “conferir propiedades a personas con las cuales [Villamonte] mantenía vínculos profesionales, de parentesco o de amistad”.

Les pagaron miles de dólares

En sus declaraciones juradas ante la fiscalía, algunos de los dueños de los derechos posesorios de tierras en Juan Hombrón admitieron que en estas hay manglares. Otros lo negaron.

Además, unos manifestaron que allí no se podía vivir, pero otros afirmaron tener ranchos a los que iban cuando pescaban. También señalaron que recibieron entre 6 y 10 dólares en efectivo por metro cuadrado traspasado y que los responsables de cancelarles fueron Jorge Luis Bethancourt, presidente de la Asociación de Pescadores de Antón, y Raúl Mata, quien negoció los derechos posesorios con los pescadores.

En tanto, Raquel Rodríguez Jaramillo confirmó que negoció con Mata desde septiembre de 2010 y le pagaría 39 mil dólares por su terreno. En principio recibió un abono de 5 mil dólares; después, varios pagos de 4 mil dólares hasta que sumó 35 mil dólares. Al final del proceso solo le debían 4 mil dólares.

Hernán Cáceres, el topógrafo que hizo las mediciones de los terrenos en los primeros planos de todos los poseedores, admitió que Bethancourt le pagó 20 mil dólares. Reynaldo Flores dijo que vendió 4 mil metros de terreno a 10 dólares el metro, pero aseguró no recordar la cantidad de dinero que recibió. “Fueron varios pagos en efectivo, el dinero me lo dio (Jorge) Luis Bethancourt”, declaró. Mientras que Michelle del Rosario confirmó que “los pagos los hacía (Jorge) Luis Bethancourt; eran varios pagos en efectivo. No tengo recibos ni documentos; no recuerdo la cantidad que recibí en total”, dijo.

Por su parte, Alexandra Monterrey manifestó desconocer el documento que le mostró la fiscalía, en el que se señala que cedió sus derechos posesorios a la sociedad Q&P Investment.

“Sí sé que se vendió. Mi documento se lo entregué al señor Raúl Mata, pero él, como bienes raíces, no sé a quién se lo vendió”.

Rubén Polanco

La cuenta bancaria

En el expediente se incluye como prueba un compromiso de compraventa fechado el 2 de marzo de 2010 entre Hernán Cáceres, topógrafo que hizo las mediciones de los terrenos a los poseedores, y Anabelle Villamonte, exdirectora de Titulación de Anati, por 13 mil 600 metros cuadrados a un precio de 244 mil 800 dólares.

También se anexó un “acuerdo de pago de comisión por servicios profesionales”, suscrito el 15 de junio de 2010 entre Villamonte y Raúl Mata, quien negoció los derechos posesorios con los pescadores.

Además, figuran en el expediente (folios 2578 y 2628) documentos de Scotiabank, que certifican una cuenta a nombre de Villamonte y José Gutiérrez (ambos acusados en el caso) y en cuyo formulario este declaró ser cónyuge de la exdirectora de Titulación de Anati. Sin embargo, en su declaración indagatoria Villamonte negó tener una relación sentimental con Gutiérrez y manifestó desconocer las razones por las que este puso eso en el formulario, ya que ella solo le prestó apoyo para dicha transacción.

Gutiérrez, por su parte, expresó que su relación con Villamonte es estrictamente profesional y que ella le hizo un favor con la apertura de la cuenta bancaria, debido a que tenía malas referencias de crédito.

Rubén Polanco

Hablan los acusados

En su declaración indagatoria, Anabelle Villamonte afirmó que cumplió con la Ley 80 de 2009 para adjudicar los terrenos y que en ningún momento fue advertida de que estaban en áreas protegidas.

Admitió conocer 12 de las sociedades anónimas con las que los pescadores hicieron contratos de cesión, pero negó haber ejercido presión para aprobar los planos.

Por su parte, José Gutiérrez alegó que entre 2000 y 2001 compró un terreno a RaúlVillarreal en 2 mil 300 dólares y que, luego de culminar el trámite de titulación, contactó a Luis Fonseca, abogado de la familia del ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, con quien suscribió un contrato de utilidades y rentabilidades, en el que la sociedad Joint Venture construiría un proyecto turístico y al finalizar recibiría un pago.

Mario Ruiz señaló que las correcciones de los planos que pedía el Ministerio de Vivienda debía realizarlas la Sección de Registro de Planos de Catastro, antes de que llegaran a él.

Mientras que José De Bello aseguró que registraba los planos por solicitud de Villamonte y explicó que sus funciones no incluían inspecciones de campo, por lo que no debía cotejar si había manglares en estos terrenos.

Eric Lamboglia dijo que una persona “muy ligada” a las titulaciones fue Richard Lemus, abogado del MEF y en quien Villamonte se apoyaba.

José Fernández afirmó ser inocente, pues su único vínculo como corredor de bienes raíces fue de intermediario entre Villamonte y Bethancourt para comprar tierras de playa.

Dijo que el contacto para el negocio se hizo en febrero de 2010 y recibió 10 mil dólares de paga por ser intermediario.

Manifestó, además, que compró en 2 mil dólares las dos hectáreas de terreno a su nombre en 2000 o 2001 a Raúl Villarreal.

Rubén Polanco

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