ANÁLISIS

Todas las vías conducen al regreso de Martinelli a Panamá

El único escenario para que Martinelli no regrese extraditado a Panamá -hasta el momento remoto- es que sea procesado criminalmente en Estados Unidos.

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Ricardo Martinelli Ricardo Martinelli
Ricardo Martinelli Archivo

Después de 3 años de su salida de Panamá y 230 días de reclusión en el Centro de Detención Federal de Miami, el expresidente de la República Ricardo Martinelli tiene cada vez menos cartas en sus manos.

Actualmente, Martinelli se encuentra detenido en Estados Unidos a la espera de la definición de un proceso judicial que determinaría, ya no su extradición a Panamá, sino si la espera de dicha extradición se realiza encarcelado o en libertad bajo fianza.

Es importante entender que ya la extradición de Martinelli es un asunto decidido por el juez Edwin Torres y ratificado por la jueza Marcia Cooke, ambos de la Corte del Distrito Sur de la Florida. Las gestiones que realizan los abogados defensores de Martinelli en Estados Unidos no pueden cambiar esa decisión, salvo que apelen —y ganen— ante el Tribunal de Apelaciones Federales del XI circuito, que está en Atlanta, o que el secretario de Estado, Rex Tillerson, decida que no va a extraditar a Martinelli a Panamá. De esto último no hay ningún indicio.

Martinelli se enfrenta a tres escenarios judiciales en Estados Unidos que lo llevan esencialmente al mismo resultado: su regreso a Panamá.

El retorno voluntario

Para que un retorno voluntario se concrete, Martinelli tendría que desistir de todos los recursos judiciales y comunicarle al juez de su causa dicha intención. El juez tendría que celebrar una audiencia, en la cual Martinelli debería responder personalmente y de forma oral, indicando su voluntad de volver a Panamá. En este caso, el juez tendría que informar al Departamento de Estado, quien a su vez notificaría formalmente a Panamá que, en los siguientes 30 días, Martinelli volvería voluntariamente al país.

La gran desventaja de esta decisión para el expresidente es que pierde la protección judicial que le otorga el proceso de extradición y que se conoce como el principio de especialidad. Según este criterio, contenido en numerosos tratados y en el Código Procesal Penal, a Martinelli solo se le puede juzgar por aquellos delitos por los cuales se solicitó su extradición. Sin ese blindaje, todas las causas penales que se encuentren activas en la Corte Suprema de Justicia y las que puedan surgir son válidas para nuevos enjuiciamientos una vez pise territorio panameño.

El litigio prolongado

La estrategia que hasta ahora perseguían los abogados de Martinelli es la de un litigio dilatorio de la orden de extradición. Con este propósito interpusieron un excepcional habeas corpus contra la decisión del juez Torres, que provocó la audiencia del pasado martes 23 de enero ante la jueza Cooke. Aunque el habeas corpus fue rechazado por Cooke —lo que significa que la decisión de la extradición queda en firme—, la jueza todavía debe resolver una solicitud de libertad bajo fianza que la defensa presentó el pasado 26 de enero. La Fiscalía de Miami comunicó a la jueza Cooke que se opone la excarcelación de Martinelli y recordó que el juez Torres ordenó que este continuara bajo custodia federal hasta que se complete todo el proceso de extradición.

Si le niegan la fianza, Martinelli podría recurrir a la Corte de Apelaciones Federales en Atlanta y, frente a una nueva negativa, podría intentar un recurso ante el Tribunal Supremo estadounidense. Recordemos que este tribunal le negó ya una solicitud de fianza y un habeas corpus.

Agotado este camino, es posible que la defensa de Martinelli utilice cabilderos para tratar de influir en el gobierno del presidente Donald Trump para que no se ejecute la extradición. Dadas las excelentes relaciones de los gobiernos de Estados Unidos con Panamá y en virtud del tratado de extradición suscrito entre ambos países hace 114 años , es muy remoto que se niegue su entrega a Panamá.

Hay fianza, pero sigue la extradición

Si la jueza Cooke otorga la fianza y los fiscales de Miami no la recurren, esto mejoraría el entorno de privaciones que sufre el expresidente en el centro de detenciones y seguramente le permitiría ejercer más influencia sobre los eventos políticos en Panamá. Sin embargo, los términos del trámite de extradición continuarían su curso normal —si no se presentan apelaciones en Atlanta—.

Una vez el Departamento de Estado reciba la certificación judicial de que el caso y sus aristas ya terminaron de ser litigadas, la diplomacia estadounidense le notificaría al Estado panameño que tiene 30 días para recoger a Martinelli. La entrega se haría a los agentes panameños, posiblemente en una puerta de salida del Aeropuerto Internacional de Miami. El expresidente viajaría custodiado y una vez en Panamá, sería conducido ante el juez de garantías, en este caso, el magistrado Jerónimo Mejía.

El único escenario imaginable —aparentemente remoto, por el momento— de que Martinelli no sea extraditado a Panamá en los próximos meses, sería un encausamiento criminal en Estados Unidos por algún supuesto delito cometido contra intereses estadounidenses.

Aunque han circulado versiones que lo vincularían con el caso de Financial Pacific, la mina de Petaquilla o la compra del software SAP para la Caja de Seguro Social, no hay nada concreto que indique que esto no sea más que una especulación sin fundamento. Entonces, queda claro que las tres vías judiciales en Estados Unidos devolverían a Martinelli a la justicia panameña.

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