lesión patrimonial

Tribunal de Cuentas ha cautelado $21.4 millones

Un informe del organismo aporta detalles sobre procesos patrimoniales ejecutados desde el año 2009.

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Los fallos del Tribunal de Cuentas son recurribles ante la Sala Tercera de la Corte. Archivo Los fallos del Tribunal de Cuentas son recurribles ante la Sala Tercera de la Corte. Archivo
Los fallos del Tribunal de Cuentas son recurribles ante la Sala Tercera de la Corte. Archivo

El Tribunal de Cuentas ha cautelado $21 millones 463 mil 822 –sobre un total de mil 557 bienes–, como parte de condenas por procesos patrimoniales aplicadas desde 2009 hasta esta fecha.

Así da cuenta un informe del tribunal –al que tuvo acceso este diario–, el cual detalla, además, que entre los bienes cautelados figuran fincas, vehículos, apartamentos, helicópteros y cuentas bancarias.

El informe precisa que se han cautelado 350 cuentas bancarias con $5 millones 42 mil 832; así como 450 bienes muebles valorados en $8 millones 496 mil 457; y 10 garantías (fianzas) y 747 vehículos cuyo valor suma $7 millones 924 mil 533.

En el informe no se incluye la reciente condena al exdirector del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) Edwin Cárdenas por una lesión patrimonial de $5 millones 647 mil 294 .

El fallo de Cárdenas no se incluye entre las sentencias en firme, porque aún puede ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia, según el artículo 82 de la Ley 67 de noviembre de 2008, que desarrolla la jurisdicción de cuentas.

¿Cómo se hacen estas cautelaciones y quién recupera los fondos? Alberto Cigarruista, uno de los tres magistrados que conforman el Tribunal de Cuentas, explicó que la Ley 67 de noviembre de 2008 no les da la facultad de cobrar o ejecutar la condena. “Nosotros solo dictamos la sentencia”, dijo.

Precisó que sus fallos son recurribles ante la Sala Tercera de la Corte y, si son confirmados, el Tribunal de Cuentas los remite a la Dirección General de Ingresos (DGI), que se encarga de ejecutarlos.

Agregó que antes de enviar la sentencia a la DGI, ya el Tribunal de Cuentas ha efectuado los secuestros de los bienes.

En ese sentido, indicó que sobre los vehículos, las fincas o bienes muebles, pese a que están cautelados (fuera del comercio y sin poder venderse) se permite a la persona acusadas hacer uso de ellos hasta se confirme la sentencia –si esto llega ocurrir– y es entonces cuando la DGI procede a realizar el remate correspondiente.

El magistrado explicó que esto se hace, porque en lo que respecta a los vehículos el Tribunal no tiene espacio físico para guardarlos.

Por su parte, Annette Planells, del Movimiento Independiente, manifestó que a la jurisdicción de cuentas habría que darle mayor peso en la ley, porque sus actores no están facultados para iniciar una investigación si la Contraloría General de la República no hace una auditoría previamente.

“Se está poniendo en mano de la Contraloría a quién se investiga y a quién no. Si se tiene un fiscal de cuentas y un tribunal con tres magistrados, ¿por qué no podrían iniciar una investigación para recuperar los dineros que nos han robado?” al Estado, se preguntó.

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