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Tribunal mantiene cargos por blanqueo en caso de la CSS

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El exdirector de la AIG Eduardo Jaén fue indagado por la Fiscalía Anticorrupción en el año 2015.Archivo El exdirector de la AIG Eduardo Jaén fue indagado por la Fiscalía Anticorrupción en el año 2015.Archivo
El exdirector de la AIG Eduardo Jaén fue indagado por la Fiscalía Anticorrupción en el año 2015.Archivo

El proceso por presunto pago de sobornos en el contrato para la obtención de un software para la Caja de Seguro Social (CSS) con la empresa Advanced Consulting Panamá (filial de la empresa Sap) se mantendrá abierto y, además, será investigado como blanqueo de capitales.

La decisión se da luego que el Segundo Tribunal de Justicia revocó un fallo del Juzgado Decimotercero Penal que negó abrir un proceso por presunto blanqueo de dinero y rechazó un recurso de nulidad presentado por el exdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG)Eduardo Jaén.

El Segundo Tribunal además revocó la decisión del juzgado de rechazar la compulsa de copias hecha por la fiscalía, para que el imputado sea investigado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.

En este fallo, que tuvo como ponente al magistrado Wilfredo Sáenz, se explica que el artículo 2413 del Código Judicial plantea, que si a lo largo del proceso se descubre la comisión de un delito distinto al investigado, se remitirán copias a la agencia del Ministerio Público correspondiente para su investigación.

A criterio de Saénz, la norma citada es clara, es un mandato para los jueces al dictar sentencia, porque todo funcionario con conocimiento de un delito debe denunciarlo a la autoridad competente.

En cuanto al recurso de nulidad rechazado por el Tribunal, la defensa de Jaén buscaba anular el proceso, bajo el argumento de que la prórroga solicitada por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, encargada de la investigación, fue presentada fuera de término y por ende el caso debía ser declarado nulo.

El Segundo Tribunal de Justicia mantuvo la decisión del Juzgado Decimotercero Penal de rechazar el recurso, ya que la investigación realizada por la fiscalía fue apegada a derecho. Además, el fallo explica que en este caso contra la decisión de primera instancia del juzgado no cabe el recurso de apelación.

En este mismo proceso, ya se había resuelto un recurso de prescripción de la acción legal –que también fue negado– por parte del Juzgado Decimotercero Penal.

La investigación inició en agosto de 2015, es decir, que se cumplen cuatro años sin que se haya llegado a la audiencia preliminar. La Contraloría estimó la lesión patrimonial al Estado en este proceso en $9.3 millones.

En agosto de 2018 la audiencia preliminar fue suspendida por la presentación de un amparo de garantías ante la Corte Suprema de Justicia, y otros recursos en trámite ante el Segundo Tribunal de Justicia. Dos meses antes fue suspendida por las mismas causas.

En su vista fiscal, la fiscalía anticorrupción pidió el llamamiento a juicio de 8 exfuncionarios y 9 particulares por la presunta comisión de los delitos de peculado y corrupción de servidor público en perjuicio de la CSS.

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