Decisión judicial

Tribunal revive caso de Ciudad Hospitalaria

La decisión implica que el juzgado deberá llamar a audiencia preliminar a los imputados, paso que, según el fallo, fue obviado. Se espera que para 2021 la Ciudad de la Salud esté culminada.

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La Ciudad Hospitalaria (hoy Ciudad de la Salud) albergará el Instituto Oncológico Nacional y el Instituto Nefrológico. Archivo - La Ciudad Hospitalaria (hoy Ciudad de la Salud) albergará el Instituto Oncológico Nacional y el Instituto Nefrológico. Archivo -
La Ciudad Hospitalaria (hoy Ciudad de la Salud) albergará el Instituto Oncológico Nacional y el Instituto Nefrológico. Archivo -

Un fallo del Segundo Tribunal Superior de Justicia revocó una decisión del Juzgado Octavo Penal que sobreseyó de manera definitiva y cerró el proceso seguido a siete exfuncionarios por la supuesta comisión del delito de peculado en la construcción de la Ciudad Hospitalaria (hoy Ciudad de la Salud).

Error procesal

La sentencia del pasado 19 de noviembre, que tuvo como ponente al magistrado suplente José Hoo Justiniani, detalla que el Juzgado Octavo incurrió en un error procesal, ya que no aplicó el artículo 559 de la Ley 63 de 2008, sobre los procesos judiciales iniciados antes de la entrada en vigencia del Código Penal, en el que se establece que solo se podrá dictar un sobreseimiento definitivo sin realizar audiencia preliminar en los casos en los que no haya imputados.

Argumentó que en esta causa penal sí hay imputados, por lo tanto, debió efectuar la audiencia preliminar. Los investigados en este proceso son: Javier Díaz, exministro de Salud;Guillermo Sáez-Llorens, exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS); así como la exsubdirectora de Instalaciones de la CSS Lizka Richard; Linnet Monterrey, exdirectora nacional de Ingeniería y Apoyo;  Marina Sucre, exdirectora nacional de Compras; Alberto Maggiori Toledano, exdirector de Finanzas, y  Nelson Dueñas, exfuncionario.

“Le recordamos al tribunal que debe ser más acucioso en los trámites procedimentales, pues este tipo de retrasos en los trámites judiciales acarrea perjuicios a las partes involucradas, aun cuando a los procesados se les hayan levantando las medidas cautelares que pesaban sobre ellos”, explicó el magistrado.

La jueza que decretó el sobreseimiento definitivo en un fallo del 6 de julio de 2018 fue Leira Terán Turcios, quien argumentó que una auditoría de la Contraloría reveló que los montos pagados al contratista se ajustan “a lo verificado en campo”, y que existía concordancia entre el trabajo realizado y los pagos.

La obra, de $517 millones, fue adjudicada en el gobierno pasado al Consorcio Construcciones Hospitalarias: FCC Construcción y FCC Construcción de Centroamérica.

El fallo se produjo a raíz de que el fiscal anticorrupción de descarga Adecio Mojica apeló el sobreseimiento que dictó Terán Turcios.

Mojica argumentó que, en principio, la fiscalía solicitó un sobreseimiento provisional del caso porque la investigación no estaba concluida, ya que los medios probatorios que manejaba hasta ese momento no eran suficientes para pedir una solicitud de llamamiento a juicio.

Historia del proceso

En mayo de 2015, varias organizaciones de la sociedad civil presentaron una denuncia ante el Ministerio Público (MP) por presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto. Edgardo Voitier, vocero de los denunciantes, aportó noticias de La Prensa y La Estrella de Panamá, en las que se informaba sobre presuntas anomalías en el desarrollo de la obra.

El 27 de diciembre de 2017, la fiscalía, entonces a cargo de Lizzie Bonilla León, solicitó el sobreseimiento provisional para los investigados por considerar que habían “disminuido los fuertes indicios que reposaban en la investigación”.

Argumentó que el contrato de la obra no fue estructurado de la mejor manera y permitió vacíos que fueron corregidos.

El documento también destaca que la Contraloría General de la República no observó violaciones a la ley de contrataciones públicas.

No obstante, una primera auditoría de la CSS (2015) enumeró anomalías en el proyecto, entre ellas, que no había registros sobre la donación del terreno para la obra, y que no fueron consideradas sus vías de acceso, el abastecimiento de agua potable y la energía eléctrica.

El pasado 23 de octubre, la directiva de la CSS aprobó una adenda por casi $300 millones para el traslado del Instituto Oncológico Nacional  a la Ciudad de la Salud.

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