negociaciones del 'brexit'

Unión Europea cuestiona plan británico de derechos

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Michel Barnier Eric Vidal

El grupo del Parlamento Europeo formado para las negociaciones del brexit criticó ayer con dureza la propuesta británica sobre los derechos que tendrían los ciudadanos europeos tras la salida británica del bloque, en un nuevo indicio de lo espinosas que se espera se vuelvan las negociaciones de dos años.

“Gran Bretaña no respeta los principios de reciprocidad, simetría y no discriminación”, afirmó el grupo en una carta al negociador jefe de la UE, Michel Barnier, a la que tuvo acceso The Associated Press.

Según la propuesta británica del 26 de junio, añadieron los eurodiputados, los ciudadanos de la Unión Europeo (UE) en Gran Bretaña enfrentarían “nada menos que una degradación a un estatus de segunda clase”.

Los derechos de los ciudadanos en los países del otro bando se consideran el primer asunto a dirimir en las conversaciones.

“Está claro que no aprobaremos ningún acuerdo que socave los derechos de los ciudadanos de la UE en Gran Bretaña ni de los ciudadanos británicos en la UE”, dijo a AP Guy Verhofstadt, responsable del brexit en el Parlamento Europeo. Aunque Barnier lidera las negociaciones, el Parlamento Europeo tiene derecho de veto sobre cualquier acuerdo.

La primera ministra británica, Theresa May, adelantó a finales de junio sus ideas para proteger los derechos de los ciudadanos expatriados en una cumbre de la UE.

Los otros mandatarios europeos se mostraron poco entusiasmados, en el mejor de los casos, por lo que ella describió como una “generosa” oferta.

Tras estudiar con cuidado los detalles, el Grupo de Dirección del brexit en el Parlamento Europeo fue mucho más firme y dijo que buena parte del optimismo británico es solo una pantalla de humo y que la propuesta no es suficiente para la cámara comunitaria.

“Los derechos de los ciudadanos de la UE en Gran Bretaña se reducirán a un nivel más bajo que el de los nacionales de un tercer país en la UE”, señalaron en la misiva a Barnier.

“El lenguaje aspiracional empleado en relación a derechos tan importantes como el derecho a la salud o al reconocimiento de títulos y cualificaciones profesionales no proporciona las muy necesarias garantías”, añadió el comité.

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