CONTRATOS DE ALQUILERES DE TERRENOS EN TOCUMEN

Universidad de Panamá sufrió lesión de $10 millones

Un informe de la Contraloría cuantificó daños en el patrimonio de la UP en dos contratos de arrendamientos de terrenos universitarios.

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Dos de los tres globos de 21 hectáreas (lotes 2 y 3 en rojo del mapa inferior), arrendados al Consorcio Pacífico Atlántico, contrato en el que la institución perdió $8.5 millones. Se edificó un hotel y un centro de negocios. Dos de los tres globos de 21 hectáreas (lotes 2 y 3 en rojo del mapa inferior), arrendados al Consorcio Pacífico Atlántico, contrato en el que la institución perdió $8.5 millones. Se edificó un hotel y un centro de negocios.

Dos de los tres globos de 21 hectáreas (lotes 2 y 3 en rojo del mapa inferior), arrendados al Consorcio Pacífico Atlántico, contrato en el que la institución perdió $8.5 millones. Se edificó un hotel y un centro de negocios. Foto por: Alexander Arosemena

Gustavo García de Paredes fue rector de la UP durante 19 años hasta 2016. Fue reelecto 5 veces. Gustavo García de Paredes fue rector de la UP durante 19 años hasta 2016. Fue reelecto 5 veces.

Gustavo García de Paredes fue rector de la UP durante 19 años hasta 2016. Fue reelecto 5 veces. Foto por: Archivo

Un perjuicio de $1.2 millones significó para la Universidad de Panamá el arrendamiento de 2.9 hectáreas a la Corporación Westminster. Un perjuicio de $1.2 millones significó para la Universidad de Panamá el arrendamiento de 2.9 hectáreas a la Corporación Westminster.

Un perjuicio de $1.2 millones significó para la Universidad de Panamá el arrendamiento de 2.9 hectáreas a la Corporación Westminster. Foto por: Gabriel Rodríguez

Unos $10 millones ha desaprovechado la Universidad de Panamá (UP) en contratos de arrendamiento de sus tierras, ubicadas a corta distancia del aeropuerto de Tocumen.

Se trata de 21 hectáreas –que originalmente eran para la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UP– repartidas en tres parcelas arrendadas al Consorcio Pacífico Atlántico (donde se construyó el Hotel Crown Plaza y el Global Business Terminal), y 2.9 hectáreas, alquiladas por Corporación Westminster, donde levantó un centro logístico (ver infografía). Ambos terrenos están a orillas de la avenida Domingo Díaz. Su alquiler fue obra del exrector Gustavo García de Paredes.

Pero no fueron las únicas tierras que el exfuncionario negoció. Una investigación de La Prensa descubrió que, al menos, 160 hectáreas fueron arrendadas o vendidas sin constancias de avalúos, por unos pocos centavos y en condiciones cuestionables durante su gestión, de 19 años. Tras las revelaciones realizadas por este medio, la Contraloría confirmó–en auditorías– que las condiciones fueron desventajosas.

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UP sufrió lesión de $10 millones

DAÑOS CUANTIFICADOS 

La institución dejó de cobrar $8.5 millones en cánones de arrendamientos del Consorcio Pacífico Atlántico –indica un informe que reposa en la Fiscalía General de Cuentas–, porque entre 2010 y 2016 la UP recibió $2.4 millones en arrendamientos, cuando debió haber obtenido $10.9 millones.

Ello, considerando el avalúo del terreno que hizo la Contraloría en 2016, así como también el hecho de que la ley de Contrataciones Públicas no contempla periodos de gracia ni descuentos del 50%, por la inversión que el arrendador haga en los terrenos, ni se consideraron incrementos al canon de arrendamiento basados en avalúos que los sustenten.

A estas nuevas conclusiones llegaron peritos de la Contraloría, luego de que el Ministerio Público pidió avaluar las fincas arrendadas y determinar el monto de la lesión patrimonial, en una ampliación de las auditorías entregadas por la institución a mediados de 2016.

Con el Consorcio Pacífico Atlántico, la UP pactó un canon de arrendamiento de 18 centavos el metro cuadrado, por un periodo de 20 años, prorrogables a otros 20 años más.

Adicionalmente, la UP no se opuso a la pretensión de los arrendatarios de obtener títulos constitutivos de dominio de los terrenos de la UP.

EXRECTOR, INVOLUCRADO

A García de Paredes se le relaciona con los hechos por otorgar estos beneficios contrarios a la ley, así como al exdirector de Consultoría Jurídica Vicente Archibold: “No advirtió que los beneficios que se le otorgaron a la arrendataria fueron en detrimento del patrimonio del Estado, ya que la Universidad contribuyó con la inversión de la empresa cuyas mejoras le pertenecen a la arrendataria....”, dice el documento.

A su vez, Archibold indicó que recaba las pruebas de todo lo que se le señala, porque fue citado por el fiscal sin tener acceso al expediente.

También se relacionó al Consorcio Pacífico Atlántico –presidido por Herman Bern y cuyos vicepresidentes son Alejandro Hanono y Jonathan Bettsack Maduro–, ya que no se evidenciaron los pagos de cánones establecidos por $717 mil 602, correspondiente al período de gracia, 12 letras de 2009 y 2010, y por la aplicación parcial de los incrementos periódicos del pago, pactados en la adenda del contrato. 

La Prensa intentó contactar cuatro veces a Bern a su correo electrónico y mediante mensajes con sus asistentes, pero no respondió.

También se trató de contactar a García de Paredes, a través de una de sus hijas, y se le dejaron mensajes al celular, pero tampoco contestó.

El informe de la Contraloría también concluye que el pago del canon adicional de 33 centavos por metro cuadrado de construcción “era inmaterial” respecto al descuento del 50% por inversión en las mejoras, y que tampoco hay avalúos que sustenten las mejoras reconocidas en la demanda de título constitutivo de dominio que reconoce inversiones de $14.5 millones al consorcio.

Por otro lado, la Contraloría determinó en $1.2 millones el perjuicio por el arriendo de 2.9 hectáreas a la Corporación Westminster.

El monto corresponde al descuento del 50% del canon de arrendamiento que no cobró la Universidad, beneficio que no se contempla en la ley de Contrataciones Públicas, y del canon actualizado, según el avalúo de la Contraloría de 2016. La UP cobra 51 centavos el metro cuadrado, cuando debería ser $2.95, según el nuevo avalúo, indica el documento.

Por esta lesión es señalado García de Paredes, quien firmó el contrato y sus adendas, que otorgaron estos beneficios, así como por establecer el canon de arrendamiento sin considerar avalúos, y por otorgar prórroga inviable de 20 años sin que venciera el plazo original.

También es señalado Virgilio Vásquez Pinto –entonces director de Consultoría Jurídica de la UP– porque “no advirtió que los beneficios que se otorgaron a la empresa arrendataria, y que fueron en detrimento del patrimonio del Estado, ya que la Universidad indirectamente contribuyó con la inversión de la empresa...”.

La Prensa intentó contactar a Vásquez, pero su hijo homónimo indicó que no había sido citado por la Fiscalía. Vásquez no atendió los recados de este medio.

Esta hoja del informe hace referencia al contrato del Consorcio Pacífico Atlántico, presidido por Herman Bern (ver foto de la izquierda). Expandir Imagen
Esta hoja del informe hace referencia al contrato del Consorcio Pacífico Atlántico, presidido por Herman Bern (ver foto de la izquierda).

¿COMPLICIDAD?

Los informes son “prueba idónea” y “hace rato” la Contraloría tenía que demandar los contratos ante la Corte Suprema de Justicia, porque su función es proteger los bienes del Estado, aseguró Alexis Zuleta, exdirector de Contrataciones Públicas.

“No comprendo cómo no ha presentado la nulidad... El contralor [Federico Humbert] tiene la obligación de demandar ese contrato, porque tiene vicios de nulidad y se está lesionando el patrimonio del Estado”, agregó Zuleta, quien estudia interponer una demanda “como tercero interesado”, pero espera que la UP le entregue la documentación pertinente.

“[Los arrendatarios] no pagan nada en los primeros 10 años” si se compara con lo que debe devolverle la UP por su inversión, dijo el rector Eduardo Flores, por lo que analiza modificarlos.

Aún falta por cuantificar el perjuicio por el arrendamiento de 42 hectáreas a Parque Industrial y Corporativo Sur y tierras de un joint venture en Tocumen; la venta de una finca en la vía Martín Sosa. Ello sin contar con una lesión de casi $500 mil, por el desvío de dinero de la UP a la Fundación Universidad de Panamá, auditoría que efectuó la Contraloría –tras una investigación de La Prensa– en la que no auditó ni siquiera la mitad de su operación.

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