juzgado ordena cerrar caso odebrecht

‘Unámonos contra la corrupción’: Kenia Porcell

El Juzgado Duodécimo Penal negó el pedido de más tiempo a la Fiscalía Especial Anticorrupción en la investigación del caso Odebrecht.

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Luego de que el Juzgado Duodécimo Penal le negara una prórroga a la Fiscalía Especial Anticorrupción para seguir con la investigación relacionada con las coimas pagadas por Odebrecht y ordenara remitir la vista fiscal incompleta, la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, advirtió que esa decisión “limita el deber constitucional de perseguir el delito”.

“Sostener que la negación de conceder más término a la investigación obedece a que hay personas detenidas desde hace dos meses limita el deber constitucional de perseguir el delito y el principio de separación de funciones”, declaró Porcell en un mensaje al país anoche, tras conocer la sentencia.

En el fallo, la jueza duodécima suplente Lania Batista argumentó, como razón para negar la prórroga, que “hay detenidos dentro del proceso” y se debe “respetar su situación jurídica”.

Porcell destacó que la investigación sobre Odebrecht es compleja: lleva 364 tomos, hay 63 imputados, entre ellos, 5 exministros y 2 familiares de un alto funcionario vinculados al recibo de, por lo menos, $60 millones de dinero público.

Destacó que en otros países en los que se investigan las coimas pagadas por Odebrecht, los procesos se han desarrollado “sin límites de tiempo y sin estrangulamientos judiciales a las autoridades que llevan [adelante] la investigación”.

“En todos estos países, el sistema judicial, los tribunales y fiscalías se han unido contra la impunidad”, dijo. 

Kenia Porcell afirmó que este es un caso más en el  que decisiones judiciales provocan impunidad. Expandir Imagen
Kenia Porcell afirmó que este es un caso más en el que decisiones judiciales provocan impunidad. CORTESÍA/Ministerio Público

“Panameños... el Ministerio Público los representa en la persecución del delito. Unámonos todos como un país contra la corrupción. Aquí somos más los buenos y los honestos que los que violan la ley, ética, y la Constitución”, pidió.

El excontralor Alvin Weeden, quien interpuso en septiembre de 2015 la denuncia que sirvió para iniciar las investigaciones contra Odebrecht por el uso del sistema financiero local en actividades ilegales, manifestó que el Judicial vuelve a favorecer la impunidad, porque la fiscalía debe remitir ahora una vista incompleta en la que los sindicados podrían salir bien librados por falta de pruebas.

En septiembre pasado, el mismo Juzgado Duodécimo acumuló esta denuncia de Weeden con otros dos expedientes: el seguido por las coimas de Odebrecht en Suiza y el caso de la supuesta coima pagada a Carlos Ho González, exjefe de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas.

Por esta acumulación de expedientes, que aumentaba el número de imputados –actualmente 63– y otras pruebas recabadas recientemente, la fiscal Zuleyka Moore pidió la prórroga al juzgado. Según la fiscal, esto es necesario para emitir su pronunciamiento de fondo.

En tanto, Annette Planells, del Movimiento Independiente, comentó que el delito de Odebrecht –de que pagó coimas– ya ha sido confesado, por lo que no se puede permitir que los que recibieron pagos indebidos queden impunes.

NUEVA CONTROVERSIA POR FALLO

El Juzgado Duodécimo Penal comunicó ayer a la Fiscalía Especial Anticorrupción que venció el plazo para la investigación sobre las coimas pagadas por Odebrecht.

Se trata de la denuncia que en septiembre de 2015 hizo el excontralor Alvin Weeden sobre el uso del sistema bancario local para pagar coimas, que es el caso de la ayuda solicitada por Brasil para investigar las cuentas en Panamá de Constructora Internacional del Sur, S.A.

En fallo del 25 de octubre pasado, la jueza duodécima suplente, Lania Batista, negó un pedido hecho por la fiscal especial Anticorrupción Zuleyka Moore, para que se le concediera dos meses de prórroga, tras obtener nuevos elementos probatorios dentro del complejo proceso, y poder emitir un pronunciamiento de fondo.

Esta nueva solicitud de prórroga de la fiscalía se basó en el hecho de que el pasado 5 de septiembre, este mismo juzgado falló a favor de la acumulación de la denuncia de Weeden con el expediente relacionado con los sobornos pagados por Odebrecht en Suiza y el proceso seguido por una supuesta coima pagada a Carlos Ho González, exjefe de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas.

Pero la jueza Batista parece desconocer deliberadamente el fallo de su propio juzgado, al señalar en este nuevo fallo que en el caso de la denuncia de Weeden –que, como se dijo, está acumulada con otras dos investigaciones en curso– la vista fiscal debió haber sido entregada por la fiscalía el 17 de octubre pasado.

“Al encontrarse vencido el plazo admitido por este despacho judicial, se le ordena a la agencia de instrucción remita el expediente con la respectiva vista fiscal para no caer en violación de los principios de legalidad y el debido proceso”, dice el fallo.

Para ordenar la entrega de la vista fiscal, la jueza indicó que la acumulación de estos procesos “aún no se encuentra ejecutoriada”, ya que fueron presentadas apelaciones pendientes de resolver por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

En otras palabras, la jueza Batista, aprovechando que aún no se han fallado las apelaciones en tribunales superiores, pidió que se emita una vista fiscal de uno de los tres casos que han sido acumulados por el propio juzgado que ella encabeza temporalmente.

De hecho, Batista recordó a la fiscalía que el pasado 13 de julio ese mismo juzgado declaró el proceso complejo y estableció un plazo de dos meses para entregar la vista fiscal en caso de que se ordenara la detención de uno de los procesados.

Ese plazo para remitir la vista fiscal empezó a correr, dijo la jueza, desde el arresto domiciliario que la fiscalía dictó el 17 de agosto pasado contra Amado Barahona, exjefe de la Unidad de Análisis Financiero.

En cuanto al pedido de la Fiscalía Anticorrupción de una prórroga de dos meses, la jueza señaló que no era viable la solicitud, “ya que es una violación a los principios de legalidad y del debido proceso, además, existiendo diversos detenidos dentro del proceso se tiene que respetar su situación jurídica, y al extender los términos establecidos por ley, puede ser considerado, como bien han manifestado algunas de las defensas particulares, como una sanción anticipada”.

LOS IMPLICADOS

Batista recordó que por esta investigación están detenidas siete personas, entre ellas, los exministros de la pasada administración Demetrio Papadimitriu (Presidencia), Jaime Ford (Obras Públicas) y Frank De Lima (Economía y Finanzas), y el exfuncionario del MOP Carlos Ho González.

También es investigado el extitular del MOP José Federico Suárez. Mientras que por el caso Odebrecht-Suiza están investigados Ricardo AlbertoLuis Enrique Martinelli Linares –hijos del expresidente Ricardo Martinelli–, contra quienes la fiscalía solicitó a Interpol su detención para comparecer al proceso (ver ilustración).

Nueva controversia por fallo Expandir Imagen
Nueva controversia por fallo

La defensa legal de varios de los implicados remitió escritos de oposición para impedir que se concediera la prórroga a la fiscalía. De acuerdo con el Ministerio Público, hay 63 imputados en las investigaciones sobre Odebrecht.

EL PEDIDO

La fiscal Moore argumentó el pasado 26 de septiembre, en un escrito que remitió al juzgado, que pedía la prórroga, debido al aumento de imputados, tras la acumulación de los casos mencionados.

También argumentó que las diligencias de allanamiento efectuadas el pasado 1 de septiembre en residencias, oficinas, fincas y locales comerciales dieron como resultado la incautación de equipos tecnológicos y documentos que requieren ser examinados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, para la obtención de elementos probatorios relacionados con la investigación.

IMPUNIDAD A LA VISTA

El excontralor Weeden calificó de lamentable el fallo del juzgado, porque ha ordenado paralizar la investigación para que se remita una vista fiscal que va a estar incompleta, lo que propiciará la impunidad de los sindicados en las tres investigaciones sobre Odebrecht.

“No es jurídico lo que están haciendo, es un acto deplorable de parte del juez que actuó y la ciudadanía es testigo de que el Órgano Judicial está más dedicado a favorecer la impunidad que a impartir justicia”, denunció.

En tanto, Anette Planells, del Movimiento Independiente, calificó de “escandaloso que una jueza limite la investigación de corrupción más importante en la historia de Panamá, atentando contra el derecho que tenemos los ciudadanos de conocer la verdad, de ver a los que abusaron de nuestros dineros enfrentar el peso de la ley y de recuperar el patrimonio que debió ser invertido en mejorar la calidad de vida de todos los panameños”.

Planells exigió un pronunciamiento de parte de la máxima autoridad del Órgano Judicial ante este fallo. Recordó que el delito está probado con la confesión de Odebrecht ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuando admitió que pagó, al menos, $59 millones en coimas en Panamá. “No podemos permitir que los que recibieron esas coimas salgan impunes”, señaló.

En tanto, la abogada Mariela Ledezma calificó de lamentable la decisión del juzgado, porque afecta a una víctima natural, que es el país, y “el país somos todos los panameños”.

“El delito, sabemos que lo hubo, está confesado por el propio Odebrecht, pero saber quién lo cometió, por cuánto fue y cómo lo hizo, esos son los aprendizajes que le quedan a un país para poder entender y evitar que posteriormente se repita la historia”, advirtió.

“La jueza duodécima lo que ha hecho es cercenar ese derecho natural del país y tristemente nos pone en una situación en la que ahora tenemos que rebuscar estrategias políticas cuando debiera ser al contrario, que la víctima tuviera toda la protección y los delincuentes no tuvieran tregua para ese caso”, expuso Ledezma.

La abogada concluyó que este es un caso muy complejo, que requiere de prórroga, ya que los bancos demoran mucho tiempo en contestar los oficios de la fiscalía, además de que corre el término de los plazos y toda la información queda desfasada.

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