INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES

Estados Unidos vs. Ricardo Martinelli

El próximo martes 20 de junio se celebrará una audiencia en la Corte del Distrito Sur de Florida para escuchar los alegatos de la defensa del expresidente Ricardo Martinelli en relación con la extradición. El exmandatario de Panamá permanecerá detenido en el centro de detenciones cercano al Edificio Federal de Justicia James Lawrence King. Está aislado en una celda donde no tiene derecho a visitas.

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Martinelli es procesado en la Corte por la supuesta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y contra la administración pública. Martinelli es procesado en la Corte por la supuesta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y contra la administración pública.
Martinelli es procesado en la Corte por la supuesta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y contra la administración pública.

El primer caso que atendió ayer el juez Edwin Torres, de la Corte del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos (EU), fue el del expresidente Ricardo Martinelli.

En una sala pequeña y repleta de acusados y periodistas, el juez citó el caso Estados Unidos vs. Martinelli. El expediente tiene que ver con la supuesta interceptación de comunicaciones a por lo menos 150 personas desde el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) durante su mandato.

El hombre que gobernó Panamá entre 2009 y 2014 tenía sus manos y pies esposados. Su cintura y sus piernas estaban encadenadas, y estaba atado a otro reo que esperaba turno para comparecer ante el juez: un hombre alto y moreno.

El exgobernante caminaba lentamente y lucía el uniforme de los presos federales: camisa de manga corta y pantalón caqui.

Fue detenido la tarde del lunes 12 de junio en Coral Gables, (Miami, Estados Unidos) por oficiales del cuerpo de alguaciles de ese país.

Ayer estaba en esa sala para enterarse de su proceso de extradición a Panamá, donde la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo investiga por la supuesta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y contra la administración pública, en el llamado caso de los pinchazos.

Dijo su nombre y le informó al juez que sabía hablar inglés. Lo primero que planteó su abogado, el ex fiscal federal Marco Jiménez, fueron las condiciones carcelarias de su cliente. Contó que lo tenían aislado en una habitación solitaria, donde solo tiene derecho a una hora de luz. Sin televisión, sin derecho a visitas, “sin nada”. Jiménez reclamó al juez que esas condiciones eran “desproporcionadas”. Torres le contestó que era por razones de seguridad.

Jiménez pertenece al equipo legal que representa al exministro colombiano Andrés Felipe Arias, quien al igual que Martinelli vive en Miami y enfrenta un proceso de extradición, porque la justicia colombiana lo solicita por peculado. En la audiencia, Jiménez se refirió al caso de Arias, recordando que a este se le había otorgado una fianza de excarcelación, pero en vez de decir exministro, varias veces dijo “expresidente Arias”.

El jurista dijo también que su defendido tenía problemas cardíacos y que recientemente se había sometido a un procedimiento en un hospital de Miami. Que las condiciones de su reclusión podrían agudizar sus problemas de salud. Afirmó que el proceso que se le sigue a su cliente es meramente político. Recordó que EU sabía que Martinelli estaba instalado en Miami, que había una solicitud de asilo político, y que no se estaba escondiendo. Añadió que pretendía presentar una solicitud de fianza similar a la de Arias.

El juez dijo que no podía darle libertad bajo fianza hasta que no escuchara los alegatos de la defensa, y comunicó a las partes que el próximo martes 20 de junio a las 2:00 p.m. celebrará una audiencia para analizar la petición.

Martinelli continuará detenido en el centro de detenciones cercano al Edificio Federal de Justicia James Lawrence King, en el downtown de Miami.

ALEGATOS DE LA FISCALÍA

El fiscal Benjamín Greenberg y su asistente Adam Fels presentaron la solicitud de extradición de Panamá al juez Torres. Se sustenta en un tratado bilateral suscrito por EU y Panamá en 1904, así como en la Convención Anticorrupción de Naciones Unidas de 2003, y en la Convención del Cibercrimen de 2004.

En el documento se destaca que el proceso que se adelanta en Miami a Martinelli está fundamentado en la investigación que le sigue la CSJ en Panamá por la posible comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, y contra la administración pública, en la modalidad de peculado, cargos que fueron sustentados por el magistrado de la Corte Harry Díaz, quien funge como fiscal.

El escrito de la Corte del Distrito Sur de Florida, número 17-22197-MC-UNA, advierte que Martinelli creó un sofisticado programa para violentar la privacidad de cientos de personas a través de equipos electrónicos y personal del Consejo de Seguridad, que se encarga de realizar estas tareas.

La acusación a Martinelli se fundamenta en que supuestamente violó el derecho fundamental del secreto y a la intimidad –derechos humanos– de, al menos, 150 personas y que este derecho se caracteriza por el deber de los demás de respetar la esfera más profunda del individuo, evitando la irrupción a su vida personal y privada, como lo recoge el artículo 29 de la Constitución.

Martinelli salió de Panamá el 28 de enero de 2015 en medio de procesos que le seguía la Corte. El 11 de diciembre de 2015, el magistrado Jerónimo Mejía, quien funge como juez de garantías en el caso de la escuchas, lo declaró“en rebeldía” por no presentarse en la audiencia de acusación. El 21 de diciembre de ese año, la Corte ordenó su detención provisional. El 28 de septiembre de 2016, la Cancillería solicitó al Departamento de Estado de EU detener y extraditar a Martinelli. El 22 de mayo de 2017, Interpol emitió formalmente una notificación roja para su localización y detención.

REACCIONES EN PANAMÁ

Luego de la audiencia, miembros del partido Cambio Democrático (CD), colectivo que fundó Martinelli, protestaron en las afueras de la sede de esa agrupación en Plaza Carolina. “Esto no es justicia, esto es persecución, esto es terrorismo judicial (...)”, dijo Alma Cortés, subsecretaria de CD.

La ex candidata presidencial del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera, una de las querellantes en el caso de los pinchazos, afirmó que no se trata de una persecución política. “Ellos dijeron que Martinelli se quedaba en Miami, porque allá la administración de justicia era real y que sí confiaban en la administración de justicia” dijo, y recordó que Martinelli nombró a cinco de los nueve magistrados de la CSJ: José Ayú Prado, Luis Ramón Fábrega, Hernán De León, Harry Díaz y Abel Zamorano.

Mientras, Olga de Obaldía, directora ejecutiva del capítulo panameño de Transparencia Internacional, indicó que esperan que con el arresto del expresidente se complete el proceso de extradición. “Que Martinelli sea traído a Panamá, para que entonces todos los brazos que tienen que ver con la investigación y la administración de justicia colaboren, para que se lleven a cabo las investigaciones y sepamos si hubo esquema de corrupción”, dijo.

El ex secretario general del PRD Mitchell Doens, otro de los querellantes, agregó que la audiencia fue un paso positivo en el objetivo fundamental de que Martinelli comparezca ante la justicia. “Lo que esperamos es que de aquí en adelante lo empaqueten y lo manden a Panamá para que aquí se le imputen los cargos”, expresó.

En un comunicado, la Embajada de EU en Panamá hizo un recuento de la audiencia y de las circunstancias en las que fue detenido Martinelli, y aseguró que “está recibiendo buen trato y tiene acceso a sus abogados”.

(Con información de Gerardo Reyes, director de la unidad investigativa de Univisión).

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