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EDUCACIÓN SUPERIOR

Universidad de Panamá deberá seguir impartiendo historia y geografía

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La CSJ consideró que la enseñanza obligatoria de historia y geografía no viola la autonomía de la universidad. Archivo La CSJ consideró que la enseñanza obligatoria de historia y geografía no viola la autonomía de la universidad. Archivo
La CSJ consideró que la enseñanza obligatoria de historia y geografía no viola la autonomía de la universidad. Archivo

El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió un fallo, a través del cual ordenó a la Universidad de Panamá (UP) seguir incluyendo dentro de sus planes de estudio los cursos de geografía e historia.

Esta decisión surgió luego de que la universidad presentara una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 42 de agosto 2002, que establece, entre otras cosas, la obligatoriedad de ofrecer estos cursos en los centros de enseñanza superior, tanto públicos como privados.

La UP argumentó en su demanda que esa ley viola su autonomía y potestad de crear sus propios planes de estudio.

No obstante, en su decisión los magistrados consideraron que la Ley 42 de agosto 2002 tiene como intención real salvaguardar, difundir y fiscalizar en la educación panameña la “conciencia nacional”, basada en el conocimiento de la historia, la geografía y los problemas de la patria, como manda la Constitución.

La Ley 42 de 5 de agosto de 2002 en nada se inmiscuye en la autonomía de la UP... Siendo un buen recaudo realizar la difusión de nuestra cultura e historia a través de planes académicos universitarios”, concluyó el pleno de la CSJ.

Para el historiador Rommel Escarreola, la decisión de los magistrados fue “acertada”, porque las ciencias sociales, específicamente la historia y la geografía, son la base en la formación de todo sentido crítico de un hombre frente a la sociedad.

“La enseñanza de la memoria histórica no la podemos apartar de las aulas de clases. De hecho, las ciencias sociales hacen parte de la autonomía de cualquier universidad”, puntualizó.

Detalló que, en su momento, dicha demanda generó un debate en el Consejo Académico de la Universidad de Panamá, ya que había autoridades de la Facultad de Humanidades –en la que se imparten ambas disciplinas– que estaban en contra de la acción de inconstitucionalidad.

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