POBLACIÓN EN RIESGO SOCIAL

Urge plan para atención integral de menores

Activistas coinciden en que la prevención en las escuelas es un factor ‘importante’ para reducir la cifra de delitos que cometen los adolescentes.

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Los menores infractores pagan sus condenas en centros de cumplimiento como el de Pacora. Los menores infractores pagan sus condenas en centros de cumplimiento como el de Pacora.
Los menores infractores pagan sus condenas en centros de cumplimiento como el de Pacora. LA PRENSA/Archivo

El país necesita un modelo para la atención integral de los adolescentes en riesgo social, según organizaciones defensoras de los derechos humanos, organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y el Ministerio de Gobierno.

Esta fue una de las recomendaciones que surgieron de un diagnóstico presentado ayer por el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Seguridad Pública, y que además contemplaba un informe estadístico de la situación de este grupo de la población entre 2012 y 2016.

María Luisa Romero, ministra de Gobierno, subrayó que ya adelantan este modelo de intervención para “estandarizar” el tratamiento de los adolescentes en conflicto con la ley, hacerlo más efectivo y poder medir sus resultados.

Según Romero, están en la “etapa inicial” del desarrollo del modelo de intervención, pero manifestó que lo que se hará es potenciar el trabajo que se lleva a cabo actualmente para la reinserción e integración de estos jóvenes en el ámbito escolar, laboral, familiar y social.

“Se pretende que con un tratamiento más integral, se ayude a los adolescentes a desarrollar las fortalezas y competencias para la vida. Igualmente que todos los sectores involucrados, incluyendo la empresa privada, instituciones y organizaciones, asuman un rol que permita dar mejores oportunidades a los adolescentes”, dijo.

Precisamente, este ha sido uno de los cuestionamientos de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia en Panamá, la cual menciona que no hay coordinación en este tema.

Roderick Chaverri, vicepresidente de la Red, indicó que el Estado está“fracasando” en la atención de este grupo de la población, ya que entidades como el Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Seguridad Pública trabajan cada uno por su lado.

Chaverri enfatizó en que se debe invertir más en atención primaria en los centros escolares del país para luego no tener que gastar en reintegración de menores de edad infractores. “Es más difícil resocializar que prevenir”, mencionó el activista.

Específicamente en este aspecto, ayer el Instituto de Estudios Interdisciplinarios del Ministerio de Gobierno presentó un informe estadístico, que señalaba que 491 adolescentes han ingresado a los centros de cumplimiento para menores de edad entre los años 2012 y 2016.

De ese total, 214 cumplieron su sanción; 110, pese a no haber cumplido su condena, recibieron una medida especial para abandonar estos centros y 167 pasaron a prisiones para adultos.

El documento también menciona que el 20% de esos jóvenes fue reincidente durante ese tiempo.

Otros números que arrojó el estudio es que el 58% de estos chicos ingresó a los centros de cumplimiento entre los 17 y 18 años, y el 66.2% tuvo como último grado escolar la premedia (ver gráfica).

Los menores infractores pagan sus condenas en centros de cumplimiento como el de Pacora. Expandir Imagen
Los menores infractores pagan sus condenas en centros de cumplimiento como el de Pacora.

Alba Tejada, directora del Instituto de Estudios Interdisciplinarios del Ministerio de Gobierno, señaló que ahora mismo hay 360 adolescentes privados de libertad. “La estrategia es resocializar a estos chicos”, acotó Tejada, quien precisó que aún trabajan en el modelo.

Por su parte, Marta Isabel Gutiérrez, una de las consultoras de este informe, argumentó que durante la investigación se determinó que varios de estos chicos tienen a personas cercanas que violan las normas o consumen distintos tipos de drogas.

“Estos son los elementos que se deben tener en cuenta. El fenómeno que pasa en Panamá sucedió en Centroamérica y debido a sus condiciones económicas, los jóvenes salen a las calles a buscar el dinero como sea. En el caso de Panamá, parece haber un incremento en los grupos delincuenciales”, puntualizó la experta.

En tanto, Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, afirmó que Panamá es un país con una población de menores infractores tan baja, que lo que se espera es que el Estado sea más eficiente en atender el problema.

“Hay que hacer algo ahora para que el problema no sea mayor. En este país no había modelos para atender el problema de la criminalidad juvenil y esto que hace el Ministerio de Gobierno me parece un buen paso”, acotó.

En tanto, Hernán Morales, de la Oficina de Seguridad Integral del Ministerio de Seguridad Pública, explicó que para este proyecto de modelo de intervención en jóvenes hay un fondo de 28 millones de euros (más de $31 millones) que fueron donados por la Unión Europea.

Sostuvo que con estos recursos también se coordinarán otras propuestas de seguridad ciudadana en Panamá con diferentes entidades, como el Ministerio de Educación, para trabajar con jóvenes escolares, y el Ministerio de Desarrollo Social.

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