CASO VINCULADO A PANAMÁ

Valter Lavítola, otra acusación de corrupción internacional

A partir de declaraciones de testigos presenciales, la Fiscalía de Nápoles sumó el nuevo cargo al principal intermediario entre Italia y Panamá.

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En marzo de 2010, funcionarios y empresarios italianos vinieron a Panamá para preparar el viaje de Silvio Berlusconi al país en junio de ese año. La Presidencia divulgó esta foto y una nota en la que decía que los empresarios estaban interesados en invertir en Panamá. Al fondo, de cabello canoso y las manos en la boca, está Massimo Ponzellini, entonces presidente de Impregilo, quien testificó que en ese viaje le pidieron ‘un reconocimiento económico para Martinelli y su entorno’. Cortesía/Presidencia de la República. En marzo de 2010, funcionarios y empresarios italianos vinieron a Panamá para preparar el viaje de Silvio Berlusconi al país en junio de ese año. La Presidencia divulgó esta foto y una nota en la que decía que los empresarios estaban interesados en invertir en Panamá. Al fondo, de cabello canoso y las manos en la boca, está Massimo Ponzellini, entonces presidente de Impregilo, quien testificó que en ese viaje le pidieron ‘un reconocimiento económico para Martinelli y su entorno’. Cortesía/Presidencia de la República.
En marzo de 2010, funcionarios y empresarios italianos vinieron a Panamá para preparar el viaje de Silvio Berlusconi al país en junio de ese año. La Presidencia divulgó esta foto y una nota en la que decía que los empresarios estaban interesados en invertir en Panamá. Al fondo, de cabello canoso y las manos en la boca, está Massimo Ponzellini, entonces presidente de Impregilo, quien testificó que en ese viaje le pidieron ‘un reconocimiento económico para Martinelli y su entorno’. Cortesía/Presidencia de la República.

El fiscal adjunto del Tribunal de Nápoles, Vinzenzo Piscitelli, imputó un nuevo delito de corrupción internacional –esta vez agravada– contra el italiano Valter Lavítola ante el Colegio de Jueces de la Sexta Sección, presidido por Giovanna Cepalluni.

La nueva acusación –que deberá encarar el principal intermediario entre Italia y Panamá– nace de las declaraciones en la sede judicial de altos exdirectivos de Impregilo, que admitieron por separado que el expresidente panameño Ricardo Martinelli exigió reconocimientos económicos para garantizar a la empresa italiana futuras adjudicaciones de obras públicas y, en concreto, la licitación del Metro de Panamá.

Fuentes judiciales han explicado a La Prensa que se trata de un “delito conectado” a la imputación por extorsión a Impregilo, a instancias del Ejecutivo panameño anterior –en manos de Ricardo Martinelli– y que ha surgido en el contexto del juicio por extorsión contra Lavítola en Nápoles.

LOS TESTIMONIOS

La Fiscalía napolitana ha tejido la nueva acusación a partir de los siguientes testimonios:

En la audiencia judicial del pasado 23 de mayo, Giusseppe Schiattarella, capitán de la División de Investigación y Operaciones Especiales del Cuerpo de Carabineros, y Mauro Velocci, expresidente del consorcio Svemark, empresa que debía construir cárceles modulares en Panamá, declararon que el expresidente Martinelli era el destinatario final de coimas.

Luciano Reguzzo, director técnico de Impregilo en Panamá entre 2007 y 2012, declaró el 6 de junio pasado que su empresa pagó hasta 70 mil dólares “de manera oculta y fuera de la contabilidad ordinaria” a Lavítola, para sufragar los gastos de unas costosas vacaciones en Cerdeña (Italia) del entonces mandatario Martinelli y sus allegados, en el verano de 2011.

Así lo confirmaron ante los jueces de Nápoles Salvatore Melani, titular de administración y finanzas de Impregilo en Suramérica, y Paolo Moder, responsable de proyectos internacionales de 2010 a 2011 de esa misma empresa.

Por su parte, el expresidente de Impregilo Massimo Ponzellini y el exdirector adjunto de esa compañía de construcción italiana Alberto Rubegni reconocieron también el pasado 12 de junio que Lavítola les pidió expresamente “un reconocimiento económico para Martinelli y su entorno”.

“Tal inequívoco mensaje –declaró Ponzellini– Lavítola lo manifestó, ya sea, hablando directamente conmigo (que era presidente de Impregilo y que en una ocasión visité personalmente Panamá), así como con el administrador delegado de Impregilo, [Alberto] Rubegni (que es la persona con la cual yo hablo en la segunda llamada que me han leído)”, dijo, refiriéndose a la grabación de una conversación con Silvio Berlusconi hablando de la extorsión a Impregilo, interceptada por los fiscales napolitanos.

En otras palabras, Ponzellini fue presionado personalmente por una interpuesta persona –en este caso por Lavítola, que Ponzellini describe como “portavoz e intermediario de Martinelli”– para pagar una coima al entonces Presidente panameño.

LA CARTA 'SALVADORA'

Justamente, en la víspera de esta nueva acusación contra Lavítola, Martinelli comentó la semana pasada en su cuenta de Twitter que Impregilo había emitido una carta en la que certificaba que “jamás” pagó dinero a Panamá por corrupción.

La carta, posteada en la red social por el exgobernante, está firmada por el nuevo administrador delegado de Salini-Impregilo (nuevo nombre de la empresa), Pietro Salini.

“Puedo afirmar –asegura Salini– que a partir del mes de julio de 2012 Impregilo... no recibió de Usted, a título personal o en su calidad de Presidente de la República de Panamá alguna solicitud de donación de cualquier índole, algún tipo de amenaza vinculada a la licitación del contrato de construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá, al desarrollo de proyecto o cualquier otra obra de Estado [...], algún tipo de promesa de favoritismo u ofrecimiento en la adjudicación de cualquier obra que desarrollaría el Gobierno Nacional, por solicitud de usted o por iniciativa propia, la Sociedad no ha cubierto gastos personales o remunerados de Usted de cualquier naturaleza durante su período como Presidente Constitucional de la República de Panamá (julio 2009-junio 2014)”.

Salini añadió en su carta que antes de esa fecha fue desarrollada “una inspección contable” en el ámbito de la sociedad, “con el fin de averiguar que ninguna de las actividades antes mencionadas se hubieran realizado en dicho período por iniciativa del management [administración] anterior. La mencionada inspección ha confirmado lo expuesto anteriormente también por dicho período”.

Esta carta, que es en respuesta a una que previamente había enviado Martinelli el 24 de junio pasado a los nuevos dueños de Impregilo, deberá enfrentar estas declaraciones de testigos presenciales, así como grabaciones sobre este tema, las cuales están en poder de la Fiscalía de Nápoles.

NUEVO ESCENARIO LEGAL

La nueva y joven abogada de Lavítola, Marianna Febbrario, que no esperaba esta otra imputación contra su cliente, deberá tomar decisiones sobre el escenario legal.

El próximo 16 de octubre, la abogada deberá elegir si oponerse a la acusación de corrupción internacional en Panamá como delito conectado al de extorsión o aceptarla y defender al acusado en las próximas audiencias; o pactar con la Fiscalía una pena y admitir así la culpa de Lavítola; o tramitar un juicio abreviado, que alargaría los tiempos judiciales y le concedería un respiro para poder preparar una nueva línea defensiva.

La última de las cuatro opciones supondría, según el Código Jurídico italiano, que el proceso se llevará a cabo en un colegio judicial distinto al que ahora instruye el caso de extorsión contra Impregilo.

La Fiscalía de Nápoles sostiene que la promesa de Impregilo de financiar con 22 millones de dólares la construcción del hospital de Veraguas –a cambio de la adjudicación de las obras del Metro– era “un modo enmascarado e indirecto” para ofrecer coimas al presidente Martinelli, a través del empresario Rogelio Oruña, vinculado a otro gran contratista del Estado: IBT Group.

El Metro de Panamá fue finalmente adjudicado al consorcio brasileño-español Norberto Odebrecht-Fomentos de Construcciones y Contratas (FCC).

Lavítola, que lleva más de dos años y medio privado de su libertad, sufrió un cólico renal este miércoles, durante la audiencia de un juicio en el que está imputado junto a Silvio Berlusconi por corrupción política en Italia, juicio este que no guarda relación con los procesos vinculados a Panamá.

Ayer tampoco pudo presentarse en el aula 212 de la ciudad judicial de Nápoles, donde debía comparecer para encarar el interrogatorio de los fiscales sobre las presiones y amenazas ejercidas contra Impregilo, a instancias del anterior gobierno de Panamá.

REACCIONES EN PANAMÁ

Rubén Elías Rodríguez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, reaccionó ante la nueva acusación contra Lavítola: “Eso demuestra que en Panamá seguimos siendo demasiado laxos y negligentes en atender estos asuntos tan delicados”.

“La justicia italiana, de la cual se mofaban las autoridades del anterior gobierno, está demostrando que tiene todo un equipo que está cumpliendo con una labor de investigación y que Panamá debiera tener desde hace tiempo, todo un equipo dedicado a este trabajo”, opinó el jurista panameño.

Rodríguez enfatizó que hay que aclarar la conducta de los funcionarios en este asunto “y todo lo relacionado con esas contrataciones en las que están vinculados Lavítola y Berlusconi y todo ese grupo de negociantes que vinieron a establecer relaciones, evidentemente vinculadas con la corrupción de los funcionarios panameños, que afectó enormemente al erario público, y está afectando la deuda de nuestro país y por ende a todos los panameños”.

Según Rodríguez, “hay una fórmula de intervenir en ese proceso: o bien hacerse parte para recoger todo lo que tenga que ver o vincule a funcionarios panameños, a fin de abrir todas las investigaciones; o continuar con las indagaciones que puedan haber iniciado denuncias en el país y lograr que también en Panamá se sancione a las personas vinculadas, porque allá se está procesando únicamente a los italianos”.

Rodríguez reiteró que en el país pueden abrirse estos procesos, porque existe fundamento legal para ello.

Consultado sobre la nueva denuncia, el diputado del partido Cambio Democrático José Muñoz indicó que estaba fuera del país. “No puedo opinar sobre algo que no sé”, señaló, al tiempo que sugirió que se consultase al diputado Fernando Carrillo, que es el jefe de la bancada legislativa del CD.

Un vocero del Ministerio de Seguridad Pública indicó a este diario que el titular de la cartera, Rodolfo Aguilera, se encontraba de viaje y que el viceministro, Manuel Salvador Moreno, no hablaría sobre este tema.

El vicecanciller, Luis Miguel Hincapié –encargado por el Gobierno de conseguir la firma italiana que representará los intereses panameños en Italia–, dijo que están al tanto de la nueva acusación contra Lavítola.

“Los abogados que hemos contratado para representar al Estado panameño realizan las investigaciones de rigor, para determinar las posibilidades de que el país pueda formar parte del proceso y establecer qué fue lo que sucedió exactamente en relación con el caso”, acotó.

(Con información de Yahir Leis).

Los juicios vinculados a Panamá

Valter Lavítola encara dos juicios que implican a Panamá:

• Uno en Roma, por corrupción internacional en el caso de los contratos firmados con sociedades filiales de Finmeccanica –helicópteros, radares y cartografía–, que se reanuda el próximo 25 de septiembre.

• Otro en Nápoles por extorsión a Impregilo.

• A estos dos procesos en curso se podría sumar un tercero si finalmente la nueva imputación del delito de corrupción internacional contra Impregilo, que ha caído sobre Lavítola en el Tribunal de Nápoles, se instruye en otro colegio judicial distinto al que juzga la extorsión, lo cual se sabrá el próximo 16 de octubre.

• En curso también hay otro proceso judicial: la investigación sobre la construcción frustrada de las cárceles por parte de la Svemark en Panamá, que sigue bajo secreto de sumario, aunque fuentes judiciales señalan que podrían llamar a juicio antes de final de año.

Isabel Cerdán

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