corrupción internacional

Valter Lavítola, con síntomas de agobio

La defensa del italiano ha solicitado a los fiscales de Nápoles que su cliente sea nuevamente indagado. Dice tener novedades.

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Después de dos años y medio en los tribunales y varios procesos en su contra, Lavítola (Der.) quiere llegar a un trato con sus acusadores, pero hay condiciones. Foto tomada de Internet. Después de dos años y medio en los tribunales y varios procesos en su contra, Lavítola (Der.) quiere llegar a un trato con sus acusadores, pero hay condiciones. Foto tomada de Internet.
Después de dos años y medio en los tribunales y varios procesos en su contra, Lavítola (Der.) quiere llegar a un trato con sus acusadores, pero hay condiciones. Foto tomada de Internet.

La defensa de Valter Lavítola –acusado de corrupción internacional en Panamá y de mediar en las extorsiones a la empresa italiana Impregilo a instancias del Ejecutivo, de Ricardo Martinelli– busca un acuerdo con la Fiscalía de Nápoles para cerrar el caso de las dos imputaciones sin llegar a una sentencia gravosa para su cliente.

Así se puso de manifiesto en el juicio ante la Sexta Sección del Colegio de Jueces del Tribunal de Nápoles, presidido por la magistrada Giovanna Cepalluni, que ha procedido a un reenvío del esperado examen al imputado para el 23 de octubre.

GRAVE CONSECUENCIA

En la práctica, un acuerdo entre las partes supondría que Lavítola asumiera culpabilidad como corruptor del Ejecutivo de Martinelli. Igualmente, tendría que asumir la responsabilidad de haber sido vehículo de las extorsiones a Impregilo.

Aunque su currículum está manchado con dos condenas definitivas, Lavítola obtendría, en tal caso, una reducción de un tercio de la pena. El ordenamiento jurídico italiano prevé en el artículo 629, la pena de 5 a 10 años de cárcel por extorsión, y en el 318, la reclusión de 1 a 5 años por corrupción internacional.

Las bases del pacto, que deberá negociarse esta semana, no están claras aún.

Fuentes de la Fiscalía explicaron a La Prensa que solo sellarían un acuerdo si el imputado reconoce la autoría de los delitos que se le imputan, algo inaudito, porque ello supondría colaborar con la justicia y poner en riesgo la inocencia que alegan sus viejos aliados, el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi y el expresidente Martinelli.

Pero, es la juez Cepalluni la que tiene la última palabra, ya que se reserva el derecho a vetar el posible pacto entre la Fiscalía y la defensa de Lavítola si llega a opinar que la pena acordada es incongruente con los delitos imputados de extorsión y corrupción internacional.

Además, si en este juicio Panamá se hubiera constituido como parte civil, Lavítola debería pagar los gastos del proceso y una compensación económica por el daño causado.

NUEVA INDAGATORIA

De momento, Lavítola ha movido sus fichas, tras haber solicitado ser interrogado nuevamente por el fiscal adjunto del tribunal de Nápoles, Vicenzo Piscitelli.

Según ha referido su abogada Marinna Febbrario, Lavítola quiere revelar nuevos elementos importantes para este proceso, aunque no ha precisado cuáles.

Lo cierto es que Lavítola lleva privado de libertad desde el pasado 16 de abril de 2012.

Además, la Guardia de Finanzas de Nápoles le ha confiscado, en julio pasado, bienes valorados en 4 millones de dólares y debe restituir al fisco italiano más de 30 millones de dólares por haber malversado fondos públicos ligados a subsidios que recibía su periódico L´Avanti!, que también dirigía.

Los defensores de Lavítola están convencidos de que la justicia italiana se la tiene jurada a su cliente porque también está pagando los platos rotos de otros.

Y por si fuera poco, el respetado fiscal Piscitelli imputó a Lavítola un nuevo delito de corrupción internacional agravada en Panamá.

Según se desprende del sumario judicial, “la promesa de Impregilo de asumir los cargos económicos relativos a la construcción del hospital pediátrico [de Veraguas], a cambio de la adjudicación de la obra del Metro de Panamá, no era otra cosa que un modo enmascarado e indirecto para ofrecer al presidente [Ricardo] Martinelli, a través de un empresario estrechamente ligado a él [Rogelio Oruña], indebidas utilidades económicas”.

Fuentes judiciales detallaron a La Prensa que esta incriminación nació tras las declaraciones, en la sede judicial de altos directivos de Impregilo, que admitieron, por separado, que el expresidente Martinelli exigió coimas para garantizarle a la sociedad italiana futuras adjudicaciones de obras públicas y, en concreto, la licitación del Metro de Panamá.

La defensa de Lavítola dejó entrever su inexperiencia litigante, porque debió haber contestado la imputación del nuevo delito por corrupción internacional en Panamá antes de la audiencia del pasado jueves.

La juez se mostró implacable y rechazó la petición de la defensa, que pidió más tiempo para elaborar su estrategia.

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