CONTINÚA TENSIÓN EN LA MESA DEL DIÁLOGO

´Vamos a evaluar si seguimos´

El diálogo entre la dirigencia de la comarca Ngäbe Buglé y el Gobierno quedó indefinidamente interrumpido, después de un enfrentamiento ayer entre un grupo de indígenas y miembros de la seguridad de la Asamblea Nacional que dejó como saldo cuatro indígenas heridos, producto de disparos de perdigones y balas de goma, y un agente de la seguridad legislativa golpeado con un objeto contundente.

El incidente se produjo cerca de las 3:30 p.m., cuando manifestantes de la etnia ngäbe buglé, piedras en mano, intentaron saltar la cerca para ingresar al Palacio Legislativo.

Otro grupo corrió hacia donde se construye el nuevo edificio de este órgano para impedir la salida de los diputados que intentaban abandonar la zona. Fue allí cuando intervino la seguridad de la Asamblea y se escucharon detonaciones, tras las que resultaron heridos los indígenas Felipe Caballero, Clavel Serrano, Eduardo Carpintero y Olmedo Pita; dos de ellos con heridas de balas de goma en las piernas y otros dos heridos con perdigones.

El jefe de seguridad de la Asamblea, Juan Vallarino, negó que hubiesen usado perdigones y mostró un arma de ping ball, que sí fue utilizada.

Agregó que el agente legislativo Rodrigo Tejeira fue herido en la pierna con un objeto contundente, debido a que los indígenas lanzaron pedazos de hierro y piedras desde el puente vehicular aledaño a la Asamblea. Denunció que tienen pruebas fílmicas de que entre los manifestantes se encontraban personas infiltradas de grupos de izquierda, y que a otro grupo de indígenas se le observó tomando licor y fumando marihuana.

TRANCADO

La reacción de los manifestantes se produjo cuando dentro del salón azul de la Asamblea, indígenas anunciaron su negativa a ceder a las pretensiones de su contraparte.

El Gobierno le presentó a la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y los Derechos del Pueblo Ngäbe Buglé y Campesinos y a la cacica Silvia Carrera, en horas de la mañana su contrapropuesta, respondiendo así a la propuesta que había hecho el miércoles la Coordinadora.

El ministro Jorge Ricardo Fábrega leyó la contrapropuesta del Gobierno y la consideró como la más cerca a lo que es viable, sustentando que recoge en más de un 90% las aspiraciones presentadas durante el último año por representantes de la comarca Ngäbe Buglé, pero que salvaguarda también el interés nacional (ver propuesta del Gobierno).

No obstante, el fiscal de la Coordinadora, Alberto Montezuma, dijo que el Gobierno con su proposición ha caído en lo mismo. “Esto dilataría más el tiempo de lo que nosotros hemos estado aquí”.

Alberto Montezuma pidió un receso de media hora para analizar la propuesta del Gobierno, sin embargo, el receso duró hasta las 3:20 p.m., cuando la dirigencia indígena retornó al diálogo rechazando la moción del Gobierno. Le correspondió al presidente de la Coordinadora, Rogelio Montezuma, anunciar que tanto esta agrupación como la cacica Silvia Carrera mantenían su propuesta de que se cancelara la concesión de Barro Blanco, en el río Tabasará.

“Hemos consensuado exigir una respuesta favorable a la propuesta, de lo contrario procederemos a evaluar nuestra participación en el diálogo”, dijo Montezuma.

Esta propuesta también incluye la cancelación de la concesión del proyecto hidroeléctrico Tabasará II y sugiere al Gobierno no tramitar proyectos hidroeléctricos en el río Changuinola, en donde se tiene previsto construir el proyecto Chan II, hasta que sean delimitadas las áreas anexas y las comunidades ngäbe que quedaron fuera de la comarca.

En ese momento se dio el incidente entre indígenas y miembros de seguridad en las afueras de la Asamblea, y fue cuando Alberto Montezuma pidió un receso.

El obispo de Chiriquí, José Luis Lacunza, que funge como mediador en el diálogo, no dijo cuándo se retomará el debate. Fábrega tampoco se pronunció luego del incidente con los indígenas.

La cacica Silvia Carrera indicó que hay personas armadas en los predios de la Asamblea Nacional donde se realizan las conversaciones. “Así no es el diálogo. Ahora vamos a evaluar si continuamos, porque ahora mismo no podemos adelantar nada”, puntualizó.

Mientras que el presidente de la Comisión de Comercio de la Asamblea, Raúl Hernández, tras el receso manifestó que “como miembro de la Comisión de Comercio nos corresponderá esperar las opiniones que se nos vayan a dar por parte de los grupos que estaban directamente involucrados en el diálogo, para considerar el seguimiento que le compete a la Asamblea”.

CASO TABASARÁ II

Los indígenas pidieron que, además de la cancelación del proyecto Barro Blanco, también se hiciera lo mismo con las solicitudes de concesión en el río Changuinola, especialmente el proyecto Tabasará II, hasta que sean delimitadas las áreas anexas.

Pero el Gobierno plantea que “que aun cuando dicha delimitación se lleve a cabo, conforme al artículo 258 de la Carta Magna, previamente citado, las tierras y aguas destinadas por el Estado para el servicio público de producción hidroeléctrica le pertenecen al Estado”.

Destaca el Gobierno que “esto ocasionaría un sobrecosto estimado de más de $200 millones anuales en el costo de abastecimiento a los clientes del sector eléctrico, por sustitución térmica de la energía asociada a los futuros proyectos en la cuenca del río Changuinola, lo que se traduciría en un impacto tarifario estimado superior al 25%”.

PROPUESTA DEL GOBIERNO

DICE ASÍ

1 Prohibir la exploración y explotación de la minería en la comarca Ngäbe Buglé.

2 Derogar la Ley 41 de 1975 que creó a Codemin.

3 Condicionar el otorgamiento futuro de concesiones para el desarrollo de proyectos hídricos dentro de la comarca a la aprobación previa de las autoridades tradicionales correspondientes, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 10 del 7 de marzo de 1997.

4 Negar las solicitudes de concesión de los proyectos hidroeléctricos de Chorcha y Caño Clarito, únicas solicitudes de concesión dentro de la comarca.

5 Revisar con la empresa del proyecto Barro Blanco el convenio de responsabilidad social empresarial, pactado con el congreso regional para beneficio de las comunidades aledañas.

6 Ordenar la suspensión, hasta por 15 días, de la construcción del proyecto Barro Blanco, con el fin de que se realice una evaluación técnica en campo, del proyecto en mención, por técnicos asignados por el Gobierno Nacional, los representantes de la comarca Ngäbe Buglé, la empresa Genisa y la participación de técnicos de la Universidad Tecnológica de Panamá.

7 Instalar una mesa de trabajo para que con la participación de representantes de las comarcas existentes en el país, se logre elaborar y consensuar un Pacto de Estado para la ejecución de un plan de desarrollo integral para las comarcas.

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