FACEBOOK LIVE: ¿Qué quieres saber del Cepadem? Trataremos el tema desde las 2:00 p.m.

VISTA FISCAL DEL PROCESO POR PÉRDIDA DE PINCHADORA

Varios señalados, dos imputados

Los auditores no ubicaron informes que sustentaran la necesidad de realizar la compra del equipo de espionaje a la empresa israelí.

Temas:

El antiguo Fondo de Inversión Social, luego Programa de Ayuda Nacional y ahora Dirección de Asistencia Social, fue la entidad que compró el aparato. El antiguo Fondo de Inversión Social, luego Programa de Ayuda Nacional y ahora Dirección de Asistencia Social, fue la entidad que compró el aparato.
El antiguo Fondo de Inversión Social, luego Programa de Ayuda Nacional y ahora Dirección de Asistencia Social, fue la entidad que compró el aparato. LA PRENSA/Archivo

Las investigaciones por la desaparición de un equipo de espionaje comprado por $13.4 millones a una empresa israelí durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli solo arrojan dos presuntos responsables, hasta ahora: el exdirector del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli y el exdirector de la Policía Nacional (PN) Gustavo Pérez.

Así lo señala la fiscal segunda Anticorrupción, Vielka Broce, en su vista fiscal No. 231, del 19 de octubre de 2016, en la que recomienda al Órgano Judicial el llamamiento a juicio de ambos exfuncionarios por la presunta comisión del delito de peculado.

La investigación se originó por una denuncia interpuesta ante el Ministerio Público, el 2 de diciembre de 2014, por el secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Rolando López, en la que informó a las autoridades sobre la pérdida de la pinchadora, adquirida con dineros del antiguo Fondo de Inversión Social (FIS) mediante contrato No. 45-2010, suscrito con la empresa israelí M.L.M. Protection LTD. por $13 millones 475 mil.

“Somos del criterio que se encuentran reunidas las exigencias del artículo 2219 del Código Judicial, para promover el llamamiento a juicio de Gustavo Pérez y de Giacomo Tamburrelli, en virtud de los serios motivos que los comprometen en la presente investigación”, seña la fiscal.

PÉREZ FIRMÓ CARTA DE ACEPTACIÓN FINAL

La fiscal vincula a Pérez con el proceso por haber firmado el acta de aceptación final del equipo de seguridad nacional, adquirido a la empresa M.L.M. Protection LTD., y que operó desde su recibido, es decir, en el año 2011, en las instalaciones del CSN, específicamente en el edificio 150, cuando este ocupó el cargo de director de la PN.

De acuerdo con la fiscal, Pérez tuvo bajo su custodia “la tenencia de un bien público, sin la debida autorización por escrito, de la responsabilidad o custodia del bien tecnológico... lo que contraviene claramente lo sustentado a través de las normas de control interno gubernamental, que señala taxativamente la obligación de establecer por escrito la responsabilidad de custodia de los activos fijos, a las personas que exclusivamente los utilizan...”.

“Definitivamente que se ha logrado comprobar que el señor Gustavo Pérez recibió conforme un equipo tecnológico, cuya función estaba destinada a la seguridad nacional, cuando representaba legalmente a la Policía Nacional. Siendo ello así, es criterio de esta agencia de instrucción que se demuestra claramente que el prenombrado Gustavo Pérez tenía pleno conocimiento o percepción de la existencia del equipo ‘in comento’, tomando en consideración que el imputado Pérez ocupó el cargo de secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional, desde el día 16 de marzo de 2012 hasta el 12 de septiembre de 2012, fecha en la cual, según pruebas recabadas dentro del sumario, tales como la dec

edificio 150 del Consejo de Seguridad”.

Además, Broce cita el testimonio de Carlos Orillac, ex director administrativo de la Presid

laración de Elvin Ortiz [exjefe de Inteligencia del CSN], quien dijo que le consta que operó y existió el equipo en el encia de la República, quien expresó que el pago por la compra del equipo “se ejecutó por parte del PAN, luego que el señor Gustavo Pérez, en ese momento director de la Policía Nacional, firmó la nota de aceptación final”.

TAMBURRELLI AUTORIZÓ 

En tanto, la fiscal basa la supuesta vinculación de Tamburrelli en documentos y declaraciones de testigos que lo acreditan como la persona que solicitó al Banco Nacional de Panamá la transferencia de $3.2 millones a la empresa Nunvav Inc., que correspondía al 30% de anticipo del contrato por la compra de la pinchadora.

Según la fiscal, en esta transacción Tamburrelli, como jefe del PAN, no tomó las provisiones necesarias para la recepción y custodia del equipo.

Advierte que Tamburrelli gestionó pagos hacia una empresa que no pactó con el Estado, además de que se hizo sin que existiera los controles efectivos de qué institución custodiaría el bien.

“Tamburrelli debe responder penalmente, porque autorizó el pago a la empresa M.L.M. Protection LTD. sin dejar plasmado mediante mecanismos de control de bienes públicos qué institución recibiría el equipo tecnológico adquirido...”, concluye la fiscal.

Agrega que esa falta de control en la que supuestamente incurrió Tamburrelli permitió que se originara una presunta lesión patrimonial al Estado por $10.8 millones, según consta en un informe de auditoría de la Contraloría General de la República.

MÁQUINA NO APARECIÓ

El informe de auditoría de la Contraloría sobre este proceso reveló que la empresa M.L.M. Protection LTD., confirió los derechos de los pagos por el contrato para la pinchadora a Nunvav Inc., sin mediar una cesión de crédito autorizada por el Ministerio de Economía y Finanzas y sin la autorización previa y escrita del FIS.

La auditoría confirmó que no hay informes sobre la ubicación actual del equipo. De hecho, la Policía Nacional certificó que la pinchadora no está en esa entidad.

SOBRESEÍDOS

Mientras, la fiscalía pidió el sobreseimiento provisional de Alejandro Garuz, exjefe del CSN, y de los agentes de esa entidad Ronny Rodríguez y William Pitty.

“Consideramos que luego de practicar una serie de pruebas y realizar un análisis jurídico de los tipos penales, hasta el momento no existe en contra de los prenombrados Garuz, Rodríguez y Pitty elementos que refuercen un llamamiento a juicio en contra de los mismos”, dice la fiscalía.

Tanto Pitty como Rodríguez se encuentran prófugos de la justicia. Sobre ambos pesa un requerimiento expedido por el Juzgado Decimosexto Penal por la supuesta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, por escuchas telefónicas a unas 150 personas.

RODRÍGUEZ, PITTY Y OTROS SEÑALADOS

A pesar de la solicitud de sobreseimiento provisional efectuada por la fiscalía, en el expediente hay testimonios que relacionan a Rodríguez y a Pitty con la pérdida del equipo.

Júbilo Graell De Gracia, oficial de inteligencia del CSN, declaró que en mayo de 2014 Rodríguez le ordenó llevar una pick up color blanco con un rack negro a la Presidencia de la República y de allí el equipo fue llevado hasta la sede del Súper 99 en Monte Oscuro, lugar donde la seguridad de ese local procedió a bajarlo.

Según Graell, solo Rodríguez y Pitty conocían de los equipos que había en el edificio 150, ya que solo ellos podían ingresar allí.

Elvis Ortiz, exjefe de Inteligencia del CSN, declaró que luego de regresar de Taiwán de una capacitación por tres semanas William Pitty estaba al mando y era quien daba las directrices. Incluso, declaró que Pitty era la mano derecha del subcomisionado Ronny Rodríguez.

Precisó que, a finales de 2011, Rodríguez le comunicó de su traslado a otro departamento, por lo que entregó las llaves y carné para ingresar en el edificio 150 y no entró más en este.

Confirmó que Pitty y Rodríguez eran los autorizados para ingresar en ese lugar.

En el expediente también destaca el testimonio de Iris González Cerrud, exjefa de Informática del CSN, quien declaró que a mediados de 2009 el entonces jefe de la entidad, Julio Moltó, le solicitó verbalmente la instalación de un cableado para el edificio 150 y le informó sobre una persona, cuyo nombre no recuerda, que se tenía que poner en contacto para esa tarea.

La funcionaria dijo que dos veces entró en el edificio 150 por pedido de Pitty y observó un rack y otros equipos que no fueron instalados por la Dirección de Informática.

DEFENSA RESPONDE

Gustavo Pereira, abogado de Gustavo Pérez, calificó de infundada la vista fiscal del proceso por el extravío de estos equipos, porque la custodia de ese bien no era de responsabilidad de su cliente como jefe de la Policía.

Aseguró que tampoco existe ningún elemento de prueba que vincule a Pérez con la supuesta pérdida de los equipos tecnológicos, y afirmó que quedó demostrado que durante las fechas en que ocurrió el supuesto delito, Pérez ya no estaba al mando del CSN.

En tanto, no se pudo ubicar al abogado de Tamburrelli en este proceso penal.

(Con información de Olmedo Rodríguez).

Más noticias de Panorama

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Loteria nacional

19 Nov 2017

Primer premio

8 0 5 6

CCAA

Serie: 13 Folio: 12

2o premio

9078

3er premio

3785

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código