informe de la organización International Crisis Group

Venezuela, al borde de una crisis humanitaria: ICG

En la nación sudamericana existe un descenso de los ingresos y hay escasez de alimentos; son señales de un problema social.

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En Venezuela ha aumentado la pobreza y el hambre, producto de la crisis política. En Venezuela ha aumentado la pobreza y el hambre, producto de la crisis política.
En Venezuela ha aumentado la pobreza y el hambre, producto de la crisis política.

La organización International Crisis Group (ICG) advirtió ayer de que la “crisis amenaza con convertirse en una tragedia” en Venezuela y llamó a los países de la región a involucrarse activamente en la búsqueda de soluciones.

“A la gran mayoría de los venezolanos les resulta hoy imposible obtener suficientes alimentos o garantizar su salud”, señala ICG en un nuevo informe sobre la situación en Venezuela difundido ayer.

La organización, especializada en prevenir conflictos, esboza en el informe un panorama político marcado por el antagonismo y la falta de diálogo entre el gobierno y oposición, la “erosión” de la democracia y unas cruciales elecciones legislativas en diciembre, en las que se presume que el descontento va a pesar en los resultados.

El panorama económico, dominado por la baja del precio del petróleo, muestra, según ICG, recesión, una elevada inflación y un fuerte endeudamiento, con acuciantes compromisos de pago.

Pero el objetivo central del estudio Venezuela: un desastre evitable es exponer la “emergencia médica”, el “declive de la producción” y la “pobreza y el hambre” y recomendar algunas líneas de actuación al Gobierno, la oposición y la comunidad internacional.

Al ser preguntado por EFE si no teme que este nuevo informe sea tachado de “exagerado”, Javier Ciurlizza, responsable de ICG para América Latina, dijo que objetivamente la situación ha empeorado respecto a la reflejada en anteriores informes.

“La polarización política se ha acentuado, con el agravante que hoy Venezuela no cuenta con los ingentes recursos económicos derivados de la bonanza de los precios del petróleo, que permitía sortear las crisis políticas aumentando el gasto social”, señala.

“Por eso, ahora decimos que la combinación del declive económico, las carencias sociales y la falta de diálogo político confluyen a una crisis más difícil de controlar y con menos opciones para las partes”, agregó.

Para la organización con oficina para América Latina en Bogotá, “el descenso pronunciado de los ingresos reales, la marcada escasez de alimentos, medicamentos y otros productos básicos, junto con el colapso de los servicios sanitarios” son señales de “un problema social inminente”.

“Si no se aborda rápidamente de forma contundente, se convertirá en una grave crisis humanitaria, con un impacto sísmico en la política y la sociedad”, subraya.

Tras señalar que esta situación es el “resultado de malas decisiones políticas, incompetencia y corrupción”, ICG opina que “aún hay tiempo para evitar sus peores consecuencias”.

Los países vecinos y organismos regionales como Unasur deben actuar, no solo por razones humanitarias, sino también “prácticas”.

“El colapso de la infraestructura de salud y bienestar social probablemente dificulte aún más el manejo del conflicto político, y podría derivar en una mayor erosión de la democracia y una creciente probabilidad de violencia política. Esto a su vez podría tener repercusiones más allá de las fronteras de Venezuela”, dice.

Entre los riesgos potenciales menciona una “migración económica y política a gran escala”, “la propagación de enfermedades y la proliferación del crimen organizado”.

Pero, además, advierte del peligro de “un caótico default (cese de pagos) de la deuda externa” venezolana, con consecuencias para los países del programa Petrocaribe y los que son proveedores de la otrora opulenta Venezuela, especialmente Colombia.

El primer paso con vistas a evitar una tragedia debería ser, según ICG, que el gobierno admita los problemas, seguido del desmantelamiento del sistema de control de cambios y de la búsqueda de un apoyo amplio para implantar un programa de emergencia que restaure el equilibrio económico y proteja a los más vulnerables. En el caso de que se logre abrir un diálogo político, la prioridad debe ser concertar acciones para garantizar el suministro básico a los más necesitados y un sistema de bienestar social libre de intervención o manipulación partidista.

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