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Versiones del presidente y los expulsados de Cacsa chocan

Serafín González dijo que la contratación de abogados externos se aprobó sin monto de honorarios, pero exmiembros de Cacsa insisten en que se aprobó un máximo de hasta de $150 mil.

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Serafín González, presidente de Cacsa (izq.) y José Pineda, subgerente, negaron las acusaciones de supuesta compra de fallos en la Corte, en beneficio de la Cooperativa. Serafín González, presidente de Cacsa (izq.) y José Pineda, subgerente, negaron las acusaciones de supuesta compra de fallos en la Corte, en beneficio de la Cooperativa.
Serafín González, presidente de Cacsa (izq.) y José Pineda, subgerente, negaron las acusaciones de supuesta compra de fallos en la Corte, en beneficio de la Cooperativa. Gabriel Rodríguez

Un nuevo escollo tendría que afrontar el presidente de la Cooperativa de Servicios Múltiples “San Antonio”, R.L. (Cacsa), Serafín González.

Exmiembros de la Junta de Vigilancia de la Cooperativa aseguran tener pruebas de que las actas que se encuentran en la Fiscalía Anticorrupción –producto de una inspección ocular a Cacsa– “tienen vacíos...”. No son iguales a las que se entregaron a los participantes de las reuniones de la Junta de Directores de Cacsa.

Nodier Polanco y Aris Méndez fueron presidente y vicepresidenta, respectivamente, de la Junta de Vigilancia de Cacsa hasta julio pasado, cuando fueron “expulsados” del organismo cooperativo y de la Junta de Vigilancia.

Ambos se habían opuesto verbalmente y por escrito a la contratación –por $1.5 millones– de un abogado externo para representar a la cooperativa en un recurso de casación que se dirime en la Corte Suprema de Justicia entre Cacsa y el arquitecto Luis Muñoz. Los expulsados alegaban que la contratación de la firma externa de abogados podía comprometer el dinero de los asociados.

Méndez explicó que cuando rindió testimonio ante la Fiscalía Anticorrupción se le mostró un acta de reunión de la junta de directores de Cacsa y de inmediato se percató de que era diferente a la que ella recordaba tener en su poder. “Percibí que había algunos vacíos en algunos renglones, que en las actas que recibimos nosotros no estaban así”, expresó.

¿A qué se refiere con vacíos? “Situaciones que estaban escritas, que se dieron en esas reuniones y no estaban ahí. No las pude apreciar”, afirmó Méndez.

¿Es un acta diferente a la que ustedes recibieron? “Detalles diferentes. No deberían [ser modificadas], porque se supone que esas actas están foleadas por el Ipacoop. Sin embargo, puede haber algún ingenio que, de pronto, el sello se le pueda sacar copia, y transcribirlas”.

Cuestionados sobre cómo recibían las actas de las reuniones de la junta directiva de Cacsa, Méndez y Polanco coincidieron: a través de correo electrónico y otras veces en papel. Incluso, indicaron que las reuniones se grababan y que eran transcritas, y que la Secretaría General de Cacsa enviaba la documentación por correo para la revisión de todos los participantes de las reuniones.

‘Son mentiras’: Cacsa

Días antes, el presidente de Cacsa, Serafín González, accedió a una entrevista con La Prensa , luego de haberse negado sistemáticamente. Éste dijo que eran “mentiras” las acusaciones sobre la compra-venta de fallos en la Corte, y que nunca tomaron decisiones por encima de la asamblea de delegados de la Cooperativa, incluyendo la contratación de una firma de abogados –a la que pagarán $1.5 millones– o la separación de los miembros de la Junta de Vigilancia.

Cacsa presentó un recurso de casación en la Sala Civil de la Corte Suprema contra un fallo que la condenó en segunda instancia al pago de daños y perjuicios a favor de Muñoz y su esposa, quienes interpusieron una denuncia por la supuesta compra-venta de fallos en la que vinculan a los magistrados Olmedo Arrocha y Hernán De León, este último, ponente en el caso. Arrocha solicitó a sus colegas ser declarado impedido de conocer este caso.

González aseguró que fueron facultados por la asamblea extraordinaria de delegados del 9 de junio de 2018 para contratar a un abogado externo, “sin que se limitara” el costo de sus honorarios.

“En ningún momento la junta de directores ha sobrepasado lo acordado en la Asamblea, toda vez que no se estableció ningún tipo de cuantía para dicha contratación”, afirmó González.

Los exmiembros de la junta de Vigilancia de Cacsa Aris Méndez (izq.) y Nodier Polanco insisten en que existen ‘irregularidades’ en las actas de Cacsa. Expandir Imagen
Los exmiembros de la junta de Vigilancia de Cacsa Aris Méndez (izq.) y Nodier Polanco insisten en que existen ‘irregularidades’ en las actas de Cacsa. Gabriel Rodríguez

Añadió que “no era obligatorio” invitar a la Junta de Vigilancia a la reunión de directores en la que se aprobó la contratación de estos abogados. González también confirmó que el contrato se aprobó “por insistencia” en la directiva, tal como se lo permiten los estatutos, incluso con la oposición de la Junta de Vigilancia.

En cuanto a las reclamaciones de daños y perjuicios de Muñoz, González insistió en que “nunca” existió un contrato con el demandante para otorgarle un préstamo de $4 millones, que excede los límites permitidos por la Ley.

A pesar de que tal cantidad solicitada en préstamo era excesiva –según explicó González–, este admitió que pasó todos los filtros: cumplió las formalidades de la solicitud, los criterios del gerente general, del Comité de Crédito y del Departamento Legal, pero la directiva halló la falla en el último filtro.

Pero, ¿cómo se aprobó, si estaba por encima de los límites? ¿Fallaron los filtros? “No es que fallaron los filtros –sostuvo González–, los filtros no están para fallar. Lo que pasa es que hay una norma... ‘La Cooperativa no concederá directa o indirectamente a una persona [natural] o jurídica, incluyendo a aquellas otras que conforme con ella un grupo económico, préstamos que excedan el 10% de las aportaciones de los ahorristas”, explicó.

Añadió que tiene una idea de cómo llegó una supuesta denuncia anónima a la oficina de Muñoz, en la que se relataban las supuestas irregularidades en Cacsa, incluida, la compra-venta de fallos.

A su turno, Polanco y Méndez refutaron una a una las afirmaciones de González.

Mostraron –por ejemplo– el acta del 9 de junio de 2018. Allí se señalaba que en la Asamblea de delegados se aprobó que “se debe autorizar para contratar a abogados hasta por la suma de 150 mil balboas en el caso del arquitecto Muñoz”.

‘Expulsión’

Sobre la expulsión de los miembros de la Junta de Vigilancia, González también aseguró que “a ellos no se les ha expulsado. Ese es otro mal concepto. Como ellos querían estar participando de las reuniones, nosotros les dijimos que no podían estar fiscalizando las reuniones de junta de directores”.

Sin embargo, Polanco y Méndez –documentos en mano– mostraron la nota de su “expulsión”, fechada en julio pasado.

González dijo creer que los exmiembros de la Junta de Vigilancia querían otro tipo de arreglo con Muñoz. “Yo creo –dijo– que tal vez tenían algún interés en que se fuese, de repente, una mediación”.

Sobre un arreglo extrajudicial, González indicó que no regalaría “$4 millones para llegar a un arreglo”. Dijo que no iba a recoger plata de 20 mil asociados para regalársela a una persona que alega daños y perjuicios, “cuando eso no se probó”.

Acusó a los demandantes de “desestabilizar” la cooperativa, y de que ellos le plantearon un arreglo extrajudicial cuando lo tenían “todo boicoteado”. “¿Por qué no me lo dices antes?”, preguntó.

González también afirmó que a los directores nunca se les envían las actas de las reuniones digitalizadas ni tampoco por correo electrónico. Solo se remiten físicamente.

¿Negociar con la justicia?

La Prensa mostró un documento sin fecha, con el nombre de Hermelio Suira –gerente general de Cacsa– que habría sido presentado ante la junta de directores, en el que se describe cuatro escenarios de cómo solucionar el pleito con Muñoz.

El documento, titulado “ Escenarios para resolver caso legal Cacsa R.L.”, resalta que, “con el propósito de resolver cuanto antes esta situación, han surgido algunos escenarios que, a nuestro juicio, es importante tomar en consideración... 1. Pronunciamiento normal de la Corte; 2. Mediación; 3. Negociación y 4. Negociar con la justicia”.

En el punto “negociar con la justicia” se dice que el costo de la contratación pudiera estar entre $1.5 millones y $2.5 millones, que “se pagarían con el levantamiento de [el secuestro de] las cuentas [bancarias de Cacsa]”.

Al observarlo, González y José Pineda –este último subgerente de Cacsa, presente en la entrevista con este medio– aseguró que si no tenía el sello de Cacsa, no era de la cooperativa, aunque dijeron que quizás lo habían visto en las redes sociales.

“En su momento, yo también lo leí. Se ponen varios escenarios; es como pensar en voz alta”, dijo González. Entonces, ¿ese documento no existió? “Existe porque lo veo aquí”, respondió González.

¿El señor Suira se lo presentó? “No –respondió–, el señor Suira no me lo presentó… aunque no le veo nada de malo”, opinó González.

Pero los expulsados de la Junta de Vigilancia confirmaron que este documento –que niega González– fue entregado a todos los participantes de una reunión de directores, celebrada en marzo pasado.

A inicios de este mes, La Prensa intentó obtener la versión de Suira, pero este indicó que no estaba autorizado para hablar por Cacsa.

Las actas

González afirmó que las reuniones de las junta de directores “no se graban”.

“En una nota remisoria se les envía los acuerdos de la reunión celebrada ... Pero eso no significa que se graban. Lo que se graba es la Asamblea... Tenemos un aparato, pero éstos [la junta de directores] no tiene ningún tipo de grabación”, afirmó González.

Añadió que la secretaria es la que toma apuntes de las reuniones que duran “hasta dos días”, y que estas, reiteró, se envían impresas, porque “yo no tengo tiempo de estar en la computadora leyendo un libro que es grueso”, dijo.

Sobre este punto, Polanco y Méndez dieron su versión. “Las reuniones de junta siempre se grababan. La secretaria siempre llegaba, activaba el botón para que se grabara, y cuando terminaba la reunión, lo apagaba”.

“¿De qué otra manera podrían ser las actas?”, se preguntó Méndez. “Ella [la secretaria] tenía que apoyarse en la grabación para que las palabras de nosotros pudieran constar igual a como habíamos establecido. De otra manera, ¿cómo se iban a hacer las actas? Nadie tiene la memoria para hacer eso”.

Las grabaciones de las reuniones –añadió– se guardan en un chip o memoria portátil.

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