Vía libre para Odebrecht en proyecto de contrataciones

Ayer se reinició el debate de la reforma a la Ley de Contrataciones Públicas una vez unificadas las propuestas del Ejecutivo y de la diputada Ana Matilde Gómez. Ayer se reinició el debate de la reforma a la Ley de Contrataciones Públicas una vez unificadas las propuestas del Ejecutivo y de la diputada Ana Matilde Gómez.
Ayer se reinició el debate de la reforma a la Ley de Contrataciones Públicas una vez unificadas las propuestas del Ejecutivo y de la diputada Ana Matilde Gómez. Jorge Fernández

La redacción actual del proyecto de ley para regular la contratación pública en Panamá contempla la inhabilitación durante cinco años de empresas condenadas por casos de corrupción en el país, pero no extiende este concepto a condenas internacionales.

De esta forma, una empresa como Odebrecht, el principal contratista del Estado panameño, con participación en proyectos por más de $9 mil millones y cuyo presidente fue condenado en Brasil a 19 años de prisión por corrupción, podría seguir licitando con el Estado.

Varias organizaciones de la sociedad civil advirtieron a los diputados de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, donde se debate el proyecto, sobre la necesidad de corregir el texto.

Deficiencias en reforma a ley de contrataciones

La comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional reinició ayer el debate del proyecto de ley 305, “que reforma la Ley 22 de 2006, la cual regula la contratación pública”.

El texto legal que se planteó surgió de la unificación de los proyectos del Ejecutivo y la diputada independiente Ana Matilde Gómez.

El presidente de la comisión de Economía y Finanzas, Miguel Salas, dijo que entre las principales novedades que incluye esta ley está la eliminación de la licitación abreviada, la contratación apremiante y la obligatoriedad de tener que ir a un acto público para contratar consultorías, ya que hasta ahora si la consultoría era inferior a $300 mil se podía contratar directamente.

Además, las empresas en las que el Estado es accionista tienen que cumplir la norma, como también lo tendrá que hacer la Dirección de Asistencia Social (DAS), antiguo Programa de Ayuda Nacional (PAN). Salas también destacó que los funcionarios involucrados en procesos de contratación pública estarán obligados a capacitarse.

A pesar de estas novedades, representantes de la sociedad civil presentes en el debate señalaron que el proyecto contiene varias deficiencias en su objetivo de combatir la corrupción.

Algunos de los participantes en la discusión pidieron que se inhabilite para participar en licitaciones locales a las compañías que hayan sido condenadas por tribunales internacionales, porque en el nuevo proyecto de ley todavía figura que la inhabilitación solo sucederá en caso de condena en tribunales panameños.

Así las cosas, la empresa brasileña Odebrecht, cuyo presidente ha sido condenado a 19 años de prisión en Brasil por actos de corrupción, podrá seguir licitando en Panamá.

Carlos Gasnell, presidente ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, dijo que “si el objetivo [de la ley] es enviar un mensaje a aquellas empresas que están siendo objeto de cuestionamiento por escándalos de corrupción internacionalmente, no se va a lograr con la redacción actualmente propuesta. Tiene que buscarse una redacción alternativa, que realmente tenga dientes y que envíe un mensaje a aquellas empresas que quieren corromper el sistema”.

Por su parte, Horacio Icaza, miembro de la directiva de Movimiento Independiente, dijo que en legislaciones de otros países y de organismos multilaterales existe el concepto de inhabilitar a compañías que han sido condenadas por un comportamiento de corrupción. “Esta es la oportunidad para hacer cambios al proyecto. A veces, la contratación pública suena como algo esotérico, pero al final del día es cómo gastan la plata que uno paga con los impuestos. Debemos empezar a vigilar el dinero que aportamos para el bien común”, reclamó.

Por su parte, el director general de Contrataciones Públicas, Eduardo Corro, calificó como un “avance importante en la dirección correcta” el hecho de que se contemple la inhabilitación de empresas condenadas por corrupción en Panamá. Sobre la extensión de este concepto a condenas internacionales, señaló que durante la elaboración del proyecto “un equipo jurídico técnico apuntó la dificultad de homologar los diferentes sistemas judiciales. Por ejemplo, lo que es un delito en China puede no serlo en Brasil y viceversa. Sin embargo, entramos en una segunda etapa en la Asamblea Nacional y estamos dispuestos a apoyar cualquier modificación que sea con el propósito de robustecer aún más la ley”.

Entre 40 y 50 representantes de gremios, asociaciones ciudadanas, empresas y entidades públicas tomarán la palabra en un debate que se retoma hoy.

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