Caso Odebrecht

Vicepresidente de Ecuador, a prisión preventiva

La Fiscalía General de Ecuador dijo que solicitó la medida por haber hallado nuevos elementos de convicción en la investigación por ‘asociación ilícita’.

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Ecuatorianos se manifestaron ayer en los alrededores de la Corte Suprema. Ecuatorianos se manifestaron ayer en los alrededores de la Corte Suprema.
Ecuatorianos se manifestaron ayer en los alrededores de la Corte Suprema. AP/Dolores Ochoa

En una decisión tomada en horas, un juez ecuatoriano acogió ayer un pedido de la Fiscalía General y dictó prisión preventiva a Jorge Glas, quien asumió un segundo período como vicepresidente –ahora junto a Lenín Moreno– en mayo pasado.

Glas, a quien su compañero de fórmula dejó sin funciones en agosto pasado, está procesado por supuesta asociación ilícita en un caso ligado a sobornos de Odebrecht, que califica de político.

JUEZ DICTA PRISIÓN PREVENTIVA AL VICEPRESIDENTE GLAS

La justicia ordenó ayer la detención preventiva del vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas —sin funciones desde agosto pasado— en el marco de una investigación penal por el caso Odebrecht, la trama que involucra sobornos para hacerse de obras públicas y que en el caso de esta nación y conforme a la información revelada en diciembre de 2016 por el Departamento de Estado de Estados Unidos, implicaría el pago de 33.5 millones de dólares a funcionarios ecuatorianos.

La Fiscalía General pidió la medida de prisión preventiva ayer en la mañana, durante una audiencia de revisión de las medidas cautelares. Alegó que halló“nuevos elementos de convicción en la investigación por asociación ilícita”, y que actuó basada en pruebas y no por razones políticas.

Al final de la tarde, la decisión le fue concedida. Sobre Glas ya pesaba una medida de impedimento de salida del país.

La petición de la fiscalía incluye la “prohibición de enajenar bienes y retención de cuentas”.

Con esta decisión, que el abogado de Glas calificó como “herejía jurídica” y “golpe judicial”, se convierte en el político de mayor rango de América Latina, en ejercicio, en ir a la cárcel por los millonarios sobornos.

El fiscal general, Carlos Baca, cerró la instrucción del sumario contra Glas y otras 17 personas el pasado domingo.

Luego de conocerse la petición de Baca, Glas expresó en Twitter: “No se preocupen, no tienen que buscarme, estoy donde siempre. No voy a escapar. Los inocentes jamás huimos”, y pidió al fiscal exhibir las pruebas que tiene en su contra ante el país. “Que mi sacrificio sirva para desenmascarar a los traidores a la revolución y a la patria”, añadió en otro tuit en evidente alusión al presidente Lenín Moreno, quien recientemente expresó que “el dedo apunta cada vez más hacia” su vicepresidente.

A cargo desde 2007 de sectores estratégicos en el gobierno de Rafael Correa y desde 2013 vicepresidente, Glas es acusado por José Conceicao Santos Filho, un delator de Odebrecht, de haber recibido sobornos por $16 millones a través de su tío Ricardo Rivera, en arresto domiciliario, y para quien el fiscal también pidió prisión preventiva ayer, aunque, por ser un adulto mayor, se hacen gestiones para que cumpla la medida en un hospital.

Glas denunció a través de un comunicado publicado en sus redes sociales que este proceso “no es jurídico, sino político”, y busca “destruir la revolución ciudadana y a Rafael Correa”. También le dice a Moreno que sus subalternos no lo escucharon cuando dijo que no interferiría en otras funciones del Estado. “Faltó explicar a sus colaboradores que ellos tampoco pueden hacerlo”, señala el texto del vicepresidente, a quien la oposición le endilga responsabilidad en otros casos de corrupción.

En una rueda de prensa transmitida en vivo por medios ecuatorianos, el abogado de Glas —el exmagistrado de la Corte Suprema Eduardo Franco Loor— informó que apelarán y recusarán al juez. Aseguró que el juez cometió prevaricato, que las supuestas pruebas que tiene no fueron contrastadas ni corroboradas, sino aceptadas como prueba de inmediato, y que el fiscal se excedió en el tiempo que le da la ley para instruir el expediente, por lo que las diligencias efectuadas fuera de ese período de 120 días son nulas.

En una primera reacción del Gobierno, el secretario de Gestión Política, Miguel Carvajal, dijo que se trata de una situación “peculiar” y que “al dictarse una orden de prisión es algo que debemos analizar”.

(Con información de El Universo y El Telégrafo).

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