dietilenglicol

Víctimas se oponen a pedido de sustitución de pena

Gabriel Pascual, del Comité por el Derecho a la Salud y la Vida, sostiene que el fallo de abril pasado está en firme y debe ser acatado.

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Familiares de las víctimas y afectados por el tóxico estuvieron presentes durante la audiencia celebrada en abril de 2016 en el Segundo Tribunal de Justicia. Familiares de las víctimas y afectados por el tóxico estuvieron presentes durante la audiencia celebrada en abril de 2016 en el Segundo Tribunal de Justicia.
Familiares de las víctimas y afectados por el tóxico estuvieron presentes durante la audiencia celebrada en abril de 2016 en el Segundo Tribunal de Justicia. Archivo

El exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS) René Luciani y el exjefe de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud Pablo Solís, solicitaron al Segundo Tribunal Superior de Justicia el reemplazo de la pena de 18 meses de prisión a la que fueron sentenciados por el envenenamiento masivo de pacientes con el tóxico dietilenglicol.

En el edicto No. 1498 colgado en el mural de la Secretaría del Segundo Tribunal Superior de Justicia se informa de las solicitudes de Luciani y Solís, formuladas a través de sus respectivos apoderados legales.

También se añade en el edicto que igual pedido presentó Nereida Quintero, quien laboraba en la Dirección de Abasto de la CSS. A Quintero se le sentenció a 12 meses de prisión.

Fue la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la que, en un fallo del 11 de abril de 2017, dictó la sentencia a Luciani, Solís y a otras nueve personas por este caso. De esta forma, la Sala Penal modificó decisiones adoptadas por el Segundo Tribunal Superior de Justicia el 26 de julio de 2016.

Carlos Carrillo, representante legal de Luciani y Solís, señaló si el tribunal acoge el pedido, decidiría qué medida aplicaría para reemplazar la pena, entre las que puede estar la conversión por días multa.

VÍCTIMAS DE OPONEN

Por su parte, Gabriel Pascual, del Comité por el Derecho a la Salud y la Vida, manifestó que se oponen a que se cambie la sentencia de pena de prisión por otra que no corresponda con la decisión asumida por la Sala Penal de la Corte.

Pascual aseguró que existe un fallo en firme por parte de la Sala Penal y que este es de estricto cumplimiento, y que Luciani, Solís y a todos a quienes se les aplicó pena de prisión deben cumplirla.

A la vez, no descartó que los miembros del comité tomen acciones como mítines y protestas en las calles.

Dijo que la próxima semana acudirán a la Corte para conocer en detalle el recurso presentado.

Rolando Rodríguez, quien actúa como abogado de algunas de las víctimas del dietilenglicol, detalló que le asiste razón a los sentenciados de pedir el reemplazo de la pena cuando se trata de condenas de prisión por poca cantidad de meses.

Aunque indicó que también las víctimas están en su derecho de oponerse a ese pedido, y a ser notificadas en virtud de la Ley 31 de 28 de mayo de 1998 que en su artículo 2, numeral 6 establece que “la víctima tendrá derecho a ser oída por el juez cuando este deba decidir sobre la solicitud de archivo del expediente presentado por el Ministerio Público, la suspensión condicional del proceso penal, la suspensión condicional de la ejecución de la pena o el remplazo de penas cortas de privación de libertad a favor del imputado”.

LUCIANI

El pasado 2 de agosto, la Sala Penal rechazó un recurso de reconsideración contra la decisión que condena a Luciani.

En esa ocasión, la sala estimó que las acciones legales presentadas por Luciani no correspondían a esa instancia judicial, ya que esta solo trata los autos de enjuiciamiento y sobreseimientos dictados por los tribunales.

Con los mismos argumentos, la Sala Penal también rechazó una reconsideración de la pena de Ignacio Torres, quien se desempeñaba como asistente de farmacia de la CSS y que fue condenado a 18 meses de prisión.

Además, los magistrados rechazaron dos aclaraciones de sentencia presentadas por la exjefa del laboratorio de la CSS Linda Thomas, condenada a 18 meses de prisión, y de Edward Taylor, exfuncionario de control de calidad del laboratorio de la CSS, a quien se le aplicó una pena de 15 años de cárcel.

Por este caso también fue condenado a la pena de 15 años de prisión Miguel Algandona, exfuncionario del laboratorio de control de calidad de la CSS.

Además, a 12 meses de prisión fue sentenciada Marta Cristel Sánchez, exfuncionaria de la Dirección de Abastos, al igual que Nereida Quintero.

Por otro lado, el pasado 21 de septiembre, el Segundo Tribunal reiteró una orden de conducción contra Ángel De La Cruz, dueño de la empresa Medicom, la cual introdujo el tóxico a Panamá.

En tanto, Teófilo Gateno, como cómplice primario por haber financiado la compra del tóxico, recibió cinco años de cárcel.

Ninguno de los sentenciados en el fallo cumple la condena impuesta debido a los diferentes recursos que han presentado.

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