Víctimas reclaman compensación

Cuatro querellantes en el caso contra el expresidente Ricardo Martinelli por los pinchazos telefónicos reclaman $56 millones como reparación.

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Corte investiga a Martinelli por los pinchazos. Corte investiga a Martinelli por los pinchazos.

Corte investiga a Martinelli por los pinchazos. Foto por: Archivo

El expresidente Ricardo Martinelli enfrenta reclamos millonarios de algunas de las víctimas de los pinchazos, que consideran que les fueron vulnerados sus derechos humanos. El expresidente Ricardo Martinelli enfrenta reclamos millonarios de algunas de las víctimas de los pinchazos, que consideran que les fueron vulnerados sus derechos humanos.

El expresidente Ricardo Martinelli enfrenta reclamos millonarios de algunas de las víctimas de los pinchazos, que consideran que les fueron vulnerados sus derechos humanos. Foto por: Archivo

Tres de las seis víctimas querellantes en el proceso de los pinchazos telefónicos, que se adhirieron a la acusación que presentó el magistrado fiscal Harry Díaz contra el expresidente Ricardo Martinelli, reclaman indemnizaciones por la presunta violación a sus derechos humanos.

Ellas son: los dirigentes del opositor Partido Revolucionario Democrático Balbina Herrera y Mitchell Doens y el periodista Rubén Polanco.

Herrera demanda al exgobernante 30 millones de dólares; Doens pide 20 millones dólares y Polanco, 5 millones de dólares.

Además, el abogado Rosendo Rivera, quien presentó una acusación de forma autónoma, reclama una indemnización de 955 mil dólares.

En tanto, el excandidato presidencial Juan Carlos Navarro y el dirigente médico Mauro Zúñiga se sumaron a la acusación del fiscal, pero no presentaron acción resarcitoria.

Reclaman millones a Martinelli

Basándose en el artículo 341 del Código Procesal Penal, cuatro víctimas de los pinchazos telefónicos presentaron acción resarcitoria millonaria contra el expresidente Ricardo Martinelli, luego de que se notificaran de la acusación particular que interpuso el magistrado fiscal del proceso, Harry Díaz, contra el exgobernante.

La norma en mención indica que “... El fiscal deberá poner la acusación en conocimiento de la víctima que así lo hubiera pedido o el querellante, quien podrá:

1. Adherirse a la acusación del fiscal.

2. Presentar una acusación autónoma, en cuyo caso deberá cumplir con los requisitos previstos para la acusación fiscal.

3. Presentar acción resarcitoria”.

Los dirigentes del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera y Mitchel Doens, así como el periodista Rubén Polanco –víctimas de los pinchazos que se adhirieron a la acusación del fiscal–, demandaron compensaciones económicas al expresidente por supuesta afectación a sus derechos humanos.

Herrera reclama a Martinelli una reparación económica de $30 millones.

La excandidata presidencial del PRD en 2009 señaló que reclama la compensación económica porque fue Martinelli el que autorizó las interceptaciones de las comunicaciones y para ello utilizó todo un aparato estatal, o sea el Consejo de Seguridad Nacional.

Mientras que Doens indicó que demanda una reparación económica al expresidente de $20 millones “por ser el que dio la orden para los pinchazos telefónicos”.

En tanto, el periodista Polanco informó de que reclama una compensación de $5 millones.

Doens, Herrera y Polanco se adhirieron a la acusación particular que presentó el 9 de octubre pasado el magistrado fiscal de esta causa, Harry Díaz, quien lo señaló como autor de la presunta comisión de los delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, además contra la administración pública (peculado).

En tanto, el abogado Rosendo Rivera presentó una acusación particular y además demanda una compensación contra Martinelli de $955 mil.

El magistrado fiscal indicó que los reclamos de las víctimas están contemplados en el Código Procesal Penal.

El excandidato presidencial perredista (2014) Juan Carlos Navarro y el dirigente médico Mauro Zúñiga se adhirieron a la acusación del fiscal Díaz, pero no reclamaron indemnizaciones.

Los otros querellantes en este proceso, el abogado Miguel Antonio Bernal, la diputada Zulay Rodríguez y su esposo Álvaro Testa, el exlegislador Bernabé Pérez, Javier Ojueta y el diputado José Luis Varela no se adhirieron a la acusación que presentó Díaz ante el juez de garantías, Jerónimo Mejía.

Daños

Las víctimas argumentaron que deben ser indemnizadas porque sus derechos humanos fueron violados.

Expertos han señalado que los delitos por los que se le acusa al expresidente Martinelli representan los más graves en materia de derechos humanos.

Con base a esto, el fiscal Díaz pidió la pena máxima para los delitos por el que acusa a Martinelli. En total, el fiscal pidió al juez de garantías 21 años de cárcel para el miembro del Parlamento Centroamericano (Parlacen).

Proceso

El presidente del Colegio de Abogados (CNA), José Alberto Álvarez, explicó que el resarcimiento económico puede ser presentado por las víctimas durante la acusación, después de la acusación o hasta un año después de la condena del imputado.

Indicó que luego de la celebración del juicio en la Corte corresponderá a las víctimas acudir a la esfera civil para demandar sus indemnizaciones.

Defensa de Martinelli

Dimas Guevera, defensor legal del expresidente, dijo que presentó ayer ante la Corte Suprema de Justicia un incidente de objeción, el cual desarrolla las presuntas violaciones que se han dado en el proceso seguido a su cliente por las escuchas ilegales.

Indicó que el incidente de objeciones pide que se declare la nulidad total del proceso a Martinelli.

Sobre este recurso de la defensa, el fiscal Díaz explicó que este debe ser resuelto en una audiencia que debe convocar el juez de garantías antes.

Díaz indicó que el juez debe decidir si acoge o rechaza el incidente de la defensa, aunque aclaró que esto no detiene el proceso que se le sigue al expresidente.

Fecha de audiencia

Aún el juez de garantías, Jerónimo Mejía, no ha anunciado la audiencia para resolver los recursos de la defensa y la formulación de cargos a Martinelli por el fiscal.

Según el artículo 344 del Código Procesal Penal: “ Al surtir el traslado de las acusaciones a la defensa, el juez de garantías también señalará la fecha de la audiencia oral y pública, que deberá realizarse dentro de un plazo no menor de 10 días ni mayor de 20 días para debatir y decidir las cuestiones planteadas en la acusación”.

La acusación fue presentada el 9 de octubre pasado.

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