ESCUCHAS ILEGALES EN EL GOBIERNO PASADO

Virzi, ligado a compra de equipo espía ‘Pegasus’

Los trámites para la adquisición de esta máquina se iniciaron en enero de 2011, con Julio Moltó al frente del Consejo.

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Felipe ‘Pipo’ Virzi Felipe ‘Pipo’ Virzi

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Julio Moltó Julio Moltó

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La ruta del pago a NSO Group La ruta del pago a NSO Group

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La ruta del pago a NSO Group

De una cuenta ligada al empresario Felipe Pipo Virzi se emitió un cheque por $1 millón a la sociedad Caribbean Holding Services, vinculada a Aaron Ronny Mizrachi, cuñado del expresidente Ricardo Martinelli, para el pago a la israelí NSO Group por la compra del sistema de espionaje Pegasus, el segundo que compró el gobierno anterior por unos $8 millones.

Esta transacción forma parte de la operación de triangulación realizada por el pasado gobierno para la compra del equipo, cuyos detalles fueron dados a La Prensa por fuentes vinculadas a la investigación.

Las pesquisas señalan que la cuenta de la que provino el dinero para emitir el cheque a la empresa de Mizrachi, es la misma en la que se le depositó, en el Banco Universal, una transferencia de $5 millones a Virzi por parte de Hidalgo & Hidalgo, encargada del fallido proyecto de riego de Tonosí, y que es motivo de una investigación judicial por supuesta “coima”.

En tanto, documentos sobre la compra de Pegasus revelan que los trámites para su compra se iniciaron en enero de 2011, cuando Julio Moltó fungía como secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional.

El certificado de usuario final fue firmado por el sucesor de Moltó en el Consejo de Seguridad, Gustavo Pérez, en julio de 2012. Este medio llamó a Moltó a su celular, pero tenía mensaje de apagado.

La ruta del pago a NSO Group

La triangulación que se utilizó para el primer pago por $1 millón a NSO Group, para la adquisición del segundo equipo de escuchas ilegales en el gobierno de Ricardo Martinelli, dejó rastros en el sistema bancario local e internacional que revelan la vinculación de importantes empresarios panameños en la transacción.

La operación, según datos proporcionados por fuentes ligadas a la investigación, revela que de una cuenta cuyo firmante es el empresario y exvicepresidente de la República Felipe Pipo Virzi se emitió un cheque por un millón de dólares a Caribbean Holding Services, vinculada a Aaron Ronny Mizrachi, cuñado del exmandatario Ricardo Martinelli, y quien salió del país el miércoles pasado tras conocerse el escándalo (ver ilustración).

Hay que resaltar que la cuenta No. 2004010100002014, del Banco Universal, es la misma en la que se depositó la transferencia de $5 millones a Virzi por parte de la empresa Hidalgo & Hidalgo (H&H), encargada del fallido proyecto de riego de Tonosí. Casualmente, la Fiscalía Tercera Anticorrupción investiga el posible pago de ‘coimas’ de H&H a varios miembros del círculo cero de Martinelli.

Luego de que el cheque emitido a Caribbean Holding Services es endosado a una cuenta de manejo en el Banco Aliado de Panamá, a través de la compra de una transferencia, el dinero pasa a una filial del banco panameño en una isla del Caribe.

De allí se hace un pago al Banco Aliado por comisiones de manejo, y otro pago de $100 mil a Caribbean Holding Services como parte de otra comisión por mediador privado, explicaron las fuentes.

Tras estas transacciones, la ruta de la transferencia del dinero pasa a una sucursal del Wells Fargo en Estados Unidos, y de allí al Bank Hapoalim en Israel. En total, se depositan $899 mil 687 con 25 centésimos a NSO Group como primer pago por el sofisticado equipo de espionaje.

Durante el gobierno de Martinelli se pagaron cerca de $8 millones por la máquina pinchadora Pegasus, que tenía como propósito, según el certificado de uso, “la recolección y recopilación de información en dispositivos móviles para el uso exclusivo del Gobierno de Panamá”.

Se componía de un sistema de escuchas ilegales llamado Pegasus, con capacidad de filtrar 150 BlackBerry e igual cantidad de Android, pero las especificaciones indican que esta cantidad podría ser hasta cinco veces mayor.

El contrato original con NSO Group con el Gobierno era por $6 millones, pero tras la adquisición de nuevos softwares se hizo una adenda, por $2 millones más.

Hasta ahora las investigaciones indican que no hay registro de pago alguno o financiamiento por parte de una entidad del Estado con NSO Group, a pesar de que las normas indican que este tipo de artefactos se adquieren de Estado a Estado.

El sistema Pegasus –cuyo último registro de uso data del 16 de mayo de 2014– está desaparecido, al igual que la primera máquina de escuchas que se compró a la también israelí M.L.M. Protection, por $13.4 millones con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

En los próximos días se estaría interponiendo una denuncia formal en el Ministerio Público por la presunta transacción ilegal con la que se adquiere Pegasus y por su desaparición.

cronología de la compra

En enero de 2011, cuando Julio Moltó era el Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad, se iniciaron las negociaciones para la compra de este sistema según indica el certificado de uso de Pegasus.

Moltó fue jefe del Consejo de Seguridad entre julio de 2010 y marzo de 2012, pero no fue sino hasta julio de 2012, según documentación a la que tuvo acceso este medio, cuando Gustavo Pérez, quien ya había relevado a Moltó en el cargo, recibe Pegasus y firma la certificación de usuario final del sistema, como secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad.

Este medio llamó a Moltó, pero su celular permanecía apagado.

En tanto, Alejandro Garuz, quien sucedió a Pérez en septiembre de 2012 como secretario ejecutivo del Consejo, no hizo ningún registro de la máquina pinchadora comprada a NSO Group como parte del patrimonio estatal.

Pérez y Garuz permanecen detenidos desde el 12 de enero de 2014 por la investigación relacionada a las escuchas ilegales que se hicieron a más de 150 personas, entre ellas al ahora presidente Juan Carlos Varela, a periodistas, sindicalistas, dirigentes políticos y otros.

Para el 17 de agosto está prevista la audiencia preliminar a Garuz y Pérez por este caso, en el que también están sindicados Ronny Rodríguez y William Pittí, exfuncionarios del Consejo de Seguridad, y quienes están prófugos.

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