GUATEMALA

Votación que favoreció a Morales no cumplió con la mayoría calificada

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Morales pidió ayer a la población escucharlo a él y no a los micrófonos y cámaras. Morales pidió ayer a la población escucharlo a él y no a los micrófonos y cámaras.
Morales pidió ayer a la población escucharlo a él y no a los micrófonos y cámaras. Luis Echeverría

Juristas y representantes de la sociedad civil guatemaltecos coincidieron en que el proceso seguido el pasado lunes en el Congreso al presidente de ese país, Jimmy Morales, y que terminó con un rechazo a la posibilidad de levantarle su inmunidad, no es “cosa juzgada”.

Ello quiere decir, según explicaron, que aún existen dos vías que podrían reabrir la causa al mandatario.

Una de estas vías es en el propio Congreso y podría ser activada por cualquier diputado, ya que en la votación del lunes que favoreció a Morales se contaron 104 votos y no los 105 que exige la ley.

La otra vía es a través de un amparo ante la Corte de Constitucionalidad, porque el Congreso habría incumplido el rol que le asigna la carta magna.

CASO DE JIMMY MORALES NO ESTÁ CERRADO 

En teoría, la solicitud de retiro de la inmunidad al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, no murió con la votación del pasado lunes en el Congreso, a pesar de que 104 de 129 diputados presentes en el hemiciclo votaron en contra de permitir que sea investigado por tribunales ordinarios.

El constitucionalista guatemalteco Mario Fuentes explicó a este medio que en este momento cualquier diputado puede solicitar que el pleno conozca el expediente nuevamente, porque no se cumplió la mayoría calificada que prevé la ley.

No obstante, reconoce que habría que ver si tendrían disposición de reabrir la discusión y no existe precedente en ese sentido. “La Constitución establece que para declarar con lugar o sin lugar un antejuicio debe contarse con el voto favorable de las 2/3 partes de los diputados, es decir, con 105 votos por lo menos”, indicó.

Es decir, que si no se logran los 105 votos para declarar improcedente el antejuicio, también se exige que se obtengan los 105 votos para declararlo con lugar, precisó.

Para el jurista, la decisión adoptada por el Congreso buscó en este momento proteger el cargo de presidente de la República. Sin embargo, añadió, desde una perspectiva eminentemente política, cuando el presidente termine su mandato, podría iniciarse el encausamiento penal por el delito que el Ministerio Público y la  Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig) dicen haber hallado indicios para investigarlo, ya que esta decisión no implica que haya “cosa juzgada”.

El presidente del capítulo de Guatemala de Transparencia Internacional, Manfredo Marroquín, no ve la votación emanada del Congreso como una decisión de protección de la figura presidencial. “El Congreso está haciendo espíritu de cuerpo con el Gobierno en su causa de detener todas las investigaciones de corrupción. Ellos se sienten también acosados en las investigaciones y era lógico que tuvieran esa conducta”, dijo Marroquín, quien coincidió con Fuentes en que el caso no está cerrado, sino que quedó detenido, en espera de que un diputado solicite que se vuelva a conocer.

De hecho, agregó que también podría darse que alguien presente un amparo ante la Corte de Constitucionalidad pidiendo que el Congreso conozca en definitiva esa solicitud de antejuicio.

“El otro escenario es que el Congreso quiera tener ese tema ahí pendiente, como un mecanismo de negociación o de chantaje al gobierno para sacarlo en cualquier momento”, apuntó Marroquín.

La posibilidad de que la decisión sea objeto de un amparo ante la Corte de Constitucionalidad –que vetó la expulsión del jefe de la Cicig, Iván Velásquez, ordenada por Morales– fue mencionada a este medio por la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, como una vía ante un escenario contrario al retiro de la inmunidad del presidente.

La funcionaria no ahondó en los argumentos de una acción de este tipo, mas, para Marroquín, en este caso el amparo se interpondría bajo el concepto de que el Congreso no está cumpliendo con un deber constitucional, legal, al no haber adoptado la decisión con los votos que fija la ley.

Este amparo, indicó, lo podría interponer cualquier persona, pero anticipó que lo más probable es que lo haga el Ministerio Público.

Fuentes no concordó con esta postura y afirmó que tampoco existe un precedente de este tipo. “No sé cuál sería en todo caso la vía, porque si se plantea un amparo del amparo, es un recurso propio de los gobernados, no sé cuál sería el derecho violado en este momento (...). Pero la Corte de Constitucionalidad finalmente tendría que ser la que en todo caso acogiera una solicitud” de este tipo.

En declaraciones al diario Prensa Libre, el fiscal de delitos electorales, Óscar Schaad, expresó que a partir de esta decisión lo que harán es analizar qué procede y que la investigación continuará sin tocar al presidente. “Hay denuncias que tenemos que continuar y hay otras personas que participaron en la comisión de los hechos y que también tendrán en determinado momento que establecerse la participación”, afirmó Schaad al diario.

Para Marroquín, el que el Congreso haya frenado el retiro de la inmunidad a Morales es una victoria pírrica, porque el país está descompuesto y van a seguir apareciendo casos en los que se va a ver involucrado el presidente y funcionarios de su gobierno.

La advertencia del vocero del organismo anticorrupción se cumplió ayer mismo. El diario digital de investigación Nómada denunció que las fuerzas armadas entregaron en marzo pasado al presidente Morales 48 mil 141 quetzales (unos $6 mil 600), como un sobresueldo del Ejército.

En respuesta, el Ministerio de la Defensa, que confirmó el pago, dijo que la suma corresponde a ocho pagos (desde enero pasado) efectuados a Morales “por su alta investidura y la responsabilidad del cargo” de presidente y comandante general del Ejército.

Se trataría, según el ministro del ramo, de un pago legal, basado en un Acuerdo Ministerial del 1 de enero de 2016, que se da por “el riesgo que corren los funcionarios en el cargo”, reportó Prensa Libre.

Según Nómada, el presidente recibe un salario de 150 mil quetzales (unos $20 mil).

Medios locales reportaron que durante un acto público, Morales dijo ayer que ahora analizará“hasta dónde va la justicia y hasta dónde lo político”, y pidió a la población escucharlo a él y no a los micrófonos y cámaras.

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