DEBATE EN COMISIÓN DE COMERCIO DE LA ASAMBLEA

Sin acuerdo en hidroeléctricas

A la falta de consenso sobre las hidroeléctricas se sumó la preocupación de los indígenas sobre su estatus legal. Temían que hubiese procesos legales.

Los indígenas mantienen su posición original. Silvia Carrera, cacica de la comarca Ngäbe Buglé, reiteró que los indígenas se oponen a los proyectos hidroeléctricos en la comarca, áreas anexas y adyacentes.

Carrera dijo que los indígenas saben bien que, con las hidroeléctricas, se “privatiza el río” y “ya no se puede pasar por ahí”. Comentó que eso se ha visto en otras hidroeléctricas que ellos han podido visitar.

La cacica afirmó, además, que las poblaciones de la comarca van creciendo, pero con la llegada de las hidroeléctricas las personas son desalojadas de sus hogares.

Por su parte, los ministros de Comercio e Industrias, Ricardo Quijano, y de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega –que representan al Gobierno–, manifestaron que no pueden aceptar la propuesta de los indígenas.

Ellos mantuvieron la última contrapropuesta presentada el viernes, en la que plantean la cancelación de todas las concesiones otorgadas o vigentes para la exploración y explotación de recursos minerales, y para la construcción de proyectos hidroeléctricos dentro de la comarca Ngäbe Buglé.

El Gobierno no está de acuerdo con que se prohíban los proyectos hidroeléctricos en áreas cercanas a la comarca y poblados indígenas.

El ministro de Comercio e Industrias manifestó que no se puede poner al país en una situación peligrosa –cediendo áreas que no están dentro de la comarca– para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos.

Expresó que “el Gobierno ha sido sumamente desprendido al proponer que se cancelen las concesiones otorgadas o vigentes para la exploración y explotación de recursos minerales, y para la construcción de proyectos hidroeléctricos dentro de la comarca”.

El funcionario agregó que el país no puede estar ajeno a la ejecución de proyectos, fuera de la comarca, que con seguridad traerán más desarrollo en las áreas marginadas y de difícil acceso.

“El Gobierno ha respetado los derechos del pueblo indígena, que no quiere desarrollar yacimientos ni hidroeléctricas en el área a la que se circunscribe la comarca”, manifestó el ministro de Comercio e Industrias.

ESCOLLO

El obstáculo del cuarto día de la discusión del proyecto 415, referente a las hidroeléctricas, fue la preocupación de los indígenas por su estatus legal.

Ausencio Palacios, dirigente de la Coordinadora de Lucha Indígena, dio a conocer un informe que denominó de “inteligencia”, en el cual se detallan los nombres 20 personas consideradas las responsables de los hechos ocurridos en Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro. Entre ellos los dirigentes Silvia Carrera, Ausencio Palacios, Rogelio Montezuma, Alba Pedrol, y otros.

Según Palacios, en el informe se dice que estas personas son las responsables de alterar el orden público y por ende se les iniciarán procesos por afectar la vida, integridad personal y propiedad de terceras personas.

Agregó que el documento establece que el grupo de personas que protagonizó el bloqueo tenía en su poder bombas incendiarias, molotov, escopeta, rifle, revólver, objetos contundentes y sustancias inflamables, lo que, según Palacios, “no fue cierto, las únicas armas que teníamos eran piedras y palos”.

El ministro de Gobierno, Jorge Ricardo Fábrega, dijo desconocer de dónde salió el documento y dudó de su autenticidad.

Luego de esto propuso una reunión entre los indígenas y el procurador general de la Nación, José Ayú Prado, para aclarar el tema.

La reunión, de cuatro horas y en la que también participó el fiscal auxiliar, Dimas Guevara, fue en la Curia Metropolitana.

Las autoridades del Ministerio Público aseguraron que hasta el momento no hay orden de detención contra ningún indígena, y se investigan cuatro expedientes, dos por los cierres de las carreteras y otros dos por la muerte del indígena Jerónimo Rodríguez Tugrí, en San Félix, y el fallecimiento de un menor de 16 años, en Las Lomas, en Chiriquí.

DE REGRESO

Al finalizar la reunión, los dirigentes indígenas volvieron a la Asamblea.

Durante el debate, en el cual no hubo consenso, el rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes, que funge como observador, dijo que ambas partes deben ceder para llegar a un acuerdo, porque no puede haber imposiciones.

Por su parte, la cacica Carrera cuestionó que solo conocían de un proyecto en el río Tabasará, pero fue en la Asamblea Nacional que se enteraron de que hay dos proyectos más que ellos desconocían.

Carrera solicitó a la Autoridad Nacional del Ambiente una copia de los estudios para analizarlos. Esta petición fue apoyada por el ministro de Gobierno, Jorge Fábrega. (Con información de Eduardo Mendoza)

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