RED DE CORRUPCIÓN EN EL ÓRGANO JUDICIAL-VISTA FISCAL

La administración de la justicia, en oferta

El Ministerio Público advierte que desde el mismo aparato del Estado se cometieron reiteradamente ‘hechos punibles y reprochables’.

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La Fiscalía Auxiliar del Ministerio Público, que en 2015 estaba en manos de Marcelino Aguilar, ordenó los primeros arrestos luego de que se detectara el grupo ilícito que operaba en el Órgano Judicial. La Fiscalía Auxiliar del Ministerio Público, que en 2015 estaba en manos de Marcelino Aguilar, ordenó los primeros arrestos luego de que se detectara el grupo ilícito que operaba en el Órgano Judicial.
La Fiscalía Auxiliar del Ministerio Público, que en 2015 estaba en manos de Marcelino Aguilar, ordenó los primeros arrestos luego de que se detectara el grupo ilícito que operaba en el Órgano Judicial. Archivo

Los precios para adelantar una fecha de audiencia, lograr una condena absolutoria, cambiar medidas cautelares u otorgar fianzas oscilaban entre mil 500 dólares y 7 mil dólares.

Eran precios ofertados por la red de corrupción que operaba en el Órgano Judicial para que delincuentes eludieran la justicia.

De acuerdo con el Ministerio Público, los miembros de este grupo –que por años operó en las entrañas de la institución encargada de administrar justicia en el país– operaban en la red según las funciones inherentes a sus cargos.

“Lo llevaban a cabo aprovechando y buscando las oportunidades presentadas en cada proceso del que tenían conocimiento y en el que podían favorecer a privados de libertad, con el único fin de obtener beneficios económicos”, afirma la fiscal Adela Heidy Cedeño, de la Fiscalía Anticorrupción de Descarga.

TESTIMONIOS

Uno de los investigados confesó, incluso, que una vez le escuchó decir a un funcionario del Segundo Tribunal Superior de Justicia que un reo procesado por robo y homicidio ofreció hasta $50 mil para que se le adelantara la audiencia y lograr un veredicto favorable.

Todos estos hechos están consignados en la vista fiscal 185 que preparó la Fiscalía Anticorrupción de Descarga del Ministerio Público, que investigó la denuncia presentada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, el 24 de agosto de 2015.

Varios de los actos que estuvieron bajo el escrutinio de la fiscalía fueron confirmados por Blas Macre, quien laboró como funcionario de la Oficina de Descongestión Judicial, y uno de los investigados en el caso.

Macre admitió ante la fiscalía ser responsable de la venta de algunas medidas cautelares y fianzas de excarcelación e, incluso, dio pistas sobre otros implicados en la operación.

Contó, por ejemplo, que los exfuncionarios del Órgano Judicial Rosa Quiroz y Evelio Hidalgo, además de Humberto López, quien laboraba como asistente de la magistrada del Segundo Tribunal María de Lourdes Estrada; al igual que Erick Valdés, quien fungía como asistente del también magistrado Adolfo Mejía, estaban relacionados con este grupo.

En su indagatoria del 14 de noviembre de 2015, Macre confesó que participó“dos o tres veces” como enlace entre imputados y funcionarios del Órgano Judicial, para facilitar la compra de jurados de conciencia. No obstante, dijo desconocer cómo era que funcionaba la red en su totalidad.

También contó que recibía de cada imputado entre $5 mil y $7 mil, para llevar a cabo la logística de la operación. Relató, por ejemplo, que en una ocasión se negoció con un jurado de conciencia, pero que a la hora del veredicto el procesado salió culpable y luego este exigió la devolución de los $3 mil que había pagado.

PARA INFLUIR

De acuerdo con el expediente judicial, que fue entregado al Órgano Judicial el pasado 15 de septiembre, para convencer a los jurados de conciencia había toda una logística bien estructurada.

El funcionario del Segundo Tribunal de Justicia acudía al lugar donde laboraba el jurado, le hablaba del caso y si aceptaba, el funcionario se ponía en contacto con el conductor del bus del Órgano Judicial encargado de trasladar a los jurados al Segundo Tribunal para que participaran en las audiencias.

Se les convencía con varios argumentos. A veces se les decía que el procesado era una persona que tenía muchos años en prisión. Mientras que en otras oportunidades se les argumentaba que era un familiar de un funcionario del Órgano Judicial que había sido detenido por error.

La misión estaba asignada a los conductores Javier Degracia, Francisco Marín y Rigoberto Ríos, y a los notificadores Edgar Jordán y Gabriel De León.

Los investigadores del Ministerio Público lograron determinar, a través de una serie de escuchas telefónicas autorizadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que los miembros de la red mantenían comunicaciones constantes. En estas charlas acordaban aspectos claves para la operación, como los montos de dinero que cobrarían por cada diligencia, así como la manera en que contactarían a los familiares de los detenidos para que hicieran los pagos, los lugares donde se reunirían, entre otros temas.

A este grupo se sumaba Eduardo García, exfuncionario del Órgano Judicial, quien poseía un taxi en el que buscaba a los jurados para hacerles el ofrecimiento de dinero. A los jurados, según la vista fiscal a la que tuvo acceso este medio, por lo general se les pagaba $200.

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La administración de la justicia, en oferta

En la investigación, la fiscalía también estableció que la red favoreció con condenas absolutorias en casos de homicidio a José María Checa Algandona, Mario Alberto Bellido y Francisco Murillo.

Algunos de los jurados de conciencia que fueron interrogados por la fiscalía confesaron haber recibido el dinero por parte de los funcionarios del Órgano Judicial, aun cuando estos les manifestaron que era a cambio de favorecer al sindicado de la audiencia.

Una de las personas interrogadas aseguró no haber aceptado el dinero, por lo que fue designada como jurado suplente y al final no participó en la deliberación de la sentencia.

Con respecto a los que aceptaron ser parte del ilícito, la fiscalía determinó en la vista fiscal que “adoptaron el deber funcionarial una vez fueron seleccionados por el tribunal para participar en los procesos (...) por tanto, la conducta dolosa en la que incurrieron corre la misma suerte de una corrupción agravada (...)”.

Medidas cautelares

Otra de las actividades detectadas en la pesquisa fue la venta de medidas cautelares y sentencias que eran elaboradas por personal del Segundo Tribunal Superior de Justicia.

De acuerdo con la fiscalía, Macre, junto con los notificadores del Segundo Tribunal Edgar Oriel Jordán, Gabriel De León y Jeriel Ashby, así como con Evelio Hidalgo, quien laboraba en el Juzgado Decimosexto Penal, eran los encargados de modificar las medidas cautelares.

Primero contactaban a los clientes, luego elaboraban un borrador del escrito y cuando recibían los primeros desembolsos los pasaban en limpio, según el escrito del Ministerio Público.

La investigación arrojó, además, que los funcionarios recibían los pagos en lugares públicos.

A la actividad irregular también se vincula al exoficial del Segundo Tribunal Superior Isidro De León, quien era el encargado de tramitar el calendario de fechas de audiencias del despacho del magistrado de ese tribunal, Wilfredo Sáenz.

Mientras que Carlos Herazo, quien se desempeñaba como secretario administrativo de ese mismo tribunal, era quien coordinaba y asignaba los vehículos a los conductores para la búsqueda de los jurados.

En tanto, a las escribientes Carmen Castro y Ana Barsallo, del Segundo Tribunal y el Juzgado Primero Penal, respectivamente, se les vincula con la venta de fechas de audiencia a familiares de los procesados, que pagaban para adelantarlas. Las mujeres tomaban fotos de edictos emplazatorios, oficios de cancelación de fianzas que luego enviaban por WhatsApp para constar que el trabajo se había hecho.

Entre los asistentes de magistrados y secretarios a quienes se vincula con las irregularidades se encuentran Kira Puga, Humberto López, Erick Valdés y Liz Yaneth Romero, quienes elaboraban los proyectos de fallo, redactaban las nuevas medidas cautelares, los llamamientos a juicio, entre otras diligencias.

A ellos se les relaciona con la red, de acuerdo con la vista fiscal, pues sin su participación “no se hubiesen podido alterar las fechas de audiencias y sentencias”.

La Fiscalía Anticorrupción de Descarga pidió juicio para todos ellos (ver tabla).

HECHOS GRAVES

“Estamos en presencia de hechos punibles graves y reprochables, los cuales se cometieron reiteradamente desde el mismo aparato del Estado, encargado de proteger los derechos de todas las partes intervinientes (...)”, afirma en el documento Adela Heidy Cedeño, fiscal anticorrupción de descarga.

“Lo que realmente interesa a la administración de justicia es la forma como estos funcionarios incidieron en actos de corrupción, vulnerando toda una institución encargada de administrar justicia de manera imparcial y de justo derecho”, añade el documento.

En principio, la pesquisa estuvo en manos del fiscal auxiliar, Marcelino Aguilar, quien en noviembre de 2015 realizó allanamientos en oficinas del Segundo Tribunal de Justicia y ordenó el arresto de varios de los sindicados en el caso.

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