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CASO FINANCIAL PACIFIC (FP)

´No amenacé a Ayú Prado´

Mayte Pellegrini reaccionó de inmediato a la investigación que sigue el Ministerio Público por una llamada que hizo al magistrado de la Corte.
REACCIÓN. Mayte Pellegrini se manifestó ante la noticia publicada ayer en este diario y se quejó de que la procuradora, Ana Belfon, deje a un lado la investigación de su retractación. REACCIÓN. Mayte Pellegrini se manifestó ante la noticia publicada ayer en este diario y se quejó de que la procuradora, Ana Belfon, deje a un lado la investigación de su retractación.
REACCIÓN. Mayte Pellegrini se manifestó ante la noticia publicada ayer en este diario y se quejó de que la procuradora, Ana Belfon, deje a un lado la investigación de su retractación.

Mayte Pellegrini, principal acusada por delitos financieros en perjuicio de la casa de valores Financial Pacific (FP), aceptó ayer que el 20 de marzo pasado hizo una llamada al despacho del magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema José Ayú Prado, pero negó que lo haya amenazado.

En una carta manuscrita enviada a este diario, Pellegrini reaccionó ante la noticia publicada ayer por La Prensa, según la cual la procuradora de la Nación, Ana Belfon, inició una investigación a petición de Ayú Prado, luego de que el 20 de marzo una secretaria de su despacho recibiera una llamada amenazante de alguien que se identificó como Mayte Pellegrini.

“Yo nunca he negado que llamé el 20 de marzo a Ayú Prado y sostengo lo que dije. Quiero que se me cumpla mi acuerdo, porque el 26 de marzo voy a declarar y lo voy a decir todo”, dijo Pellegrini en la carta, y agregó que al llamar se identificó con nombre y apellido.

El 26 de diciembre pasado, Pellegrini se retractó de lo que había dicho en su indagatoria, en relación a que el presidente, Ricardo Martinelli, estaba vinculado a la cuenta High Spirit, que fue abierta en FP para supuestamente manipular las acciones de Petaquilla en el mercado de valores.

Según Pellegrini, la declaración en la que se retractó fue escrita por Ricardo Solís y Ayú Prado, pues nada salió de su boca. Además, afirmó que todo se dio por un acuerdo para darle libertad a ella y a sus familiares.

Influyó la llamada

En la carta enviada ayer, Pellegrini cuestionó el hecho de que no haya acudido a ampliar su declaración indagatoria el 26 de marzo ante la Fiscalía Decimotercera de Circuito después de la llamada que hizo a Ayú Prado.

“Yo no amenacé, informé que si no cumplen, todo el pueblo panameño sabrá cómo son de corruptos, pero ahora quieren diversificar [tergiversar] los hechos y poniéndose él [Ayú Prado] como amenazado”, dice parte de la carta.

“¿Por qué esperó cuatro meses, o para ser más exacta 110 días, para supuestamente decir algo?”, se preguntó.

Se quejó, además, de que Belfon investigue la supuesta amenaza y deje a un lado lo inherente a su retractación.

Pellegrini manifestó que está segura de lo que dice. “No ando escondiéndome de nadie ni pasando sobres amarillos llenos de plata, como sucedió en la fiscalía en diciembre de 2012; y tampoco niego cosas que sé que sucedieron para no perder mi trabajo, como lo hacen algunos abogados”, agregó.

Alegó, asimismo, que la ampliación de su declaración indagatoria no se dio después de esa llamada por miedo.

También se quejó de que la Fiscalía Decimotercera de Circuito envió el 19 de abril pasado al Órgano Judicial el expediente del caso y pidió el llamamiento a juicio de ella y otras 10 personas, sin la ampliación de su indagatoria y negándole 16 pruebas.

“Aún tienen el descaro de decir que mi expediente no está manipulado. Aquí creen que el pueblo es sordo, ciego y mudo y por eso hacen lo que quieren”, acotó.

Este diario solicitó ayer una opinión al magistrado Ayú Prado sobre estas declaraciones, pero dijo que no haría comentarios.

Sin embargo, el pasado jueves envió una carta a la directora de La Prensa, Lourdes De Obaldía, negando haber intervenido en la ampliación de la indagatoria de Pellegrini donde la acusada se retractó.

Asamblea no puede investigar de oficio

Correspondería a la Asamblea Nacional investigar y eventualmente procesar al magistrado de la Sala Penal José Ayú Prado por los señalamientos realizados en su contra por Mayte Pellegrini.

Sin embargo, fuentes del Palacio Legislativo explicaron que para que se active el procedimiento legal debe mediar una denuncia o querella contra el magistrado.

La competencia de la Asamblea en estos casos está claramente definida en el artículo 160 de la Constitución.

El procedimiento, empero, se rige de acuerdo con el Título VII, Capítulo I, Sección 2 del Código Procesal Penal, inherentes a los juicios penales ante la Asamblea Nacional.

El proceso para juzgar a un magistrado de la Corte recae en la Comisión de Credenciales, que tras recibir la denuncia o querella interpuesta ante la Secretaría General tendría que designar una subcomisión de garantías, integrada por tres diputados, que fungirían como jueces.

El magistrado tendría el derecho de ser asistido por un abogado y el pleno de la Asamblea designaría a un diputado fiscal, que en un plazo de dos meses calendario tendría que revisar los documentos presentados e investigar los hechos, para desechar o admitir la acusación.

En el caso de lo primero, la propia subcomisión de garantías podría ordenar el archivo de la acusación, pero si hay una solicitud de apertura a juicio, el caso debe ser remitido al pleno de la comisión, que tendría que notificar al acusado, a su defensor y al querellante, fijar la fecha de audiencia y abrir un plazo de 20 días para la presentación de pruebas. Al concluir la audiencia, el pleno de la comisión podría convocar a juicio oral ante el pleno de la Asamblea, para lo cual requeriría el voto de la mayoría absoluta de sus nueve miembros. También podría conceder el sobreseimiento al imputado. Si se va a juicio oral, para una condena se necesitarían las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea (47 diputados), sin los cuales el acusado sería declarado no culpable.

Rafael Luna Noguera

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