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FINANCIAL PACIFIC (FP)

El amparo que Alejandro Moncada nunca resolvió

Aunque la casa de valores fue vendida y la SMV le devolvió su licencia de operaciones, aún está pendiente el recurso que objetaba su reorganización.

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200 días después de que el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada, admitiera un amparo de garantías y suspendiera con ello la reorganización en la casa de valores Financial Pacific (FP), el recurso sigue sin ser resuelto, aunque su misión ya no tiene sentido.

El 6 de noviembre de 2012, Moncada admitió el amparo de garantías presentado por FP y decretó la suspensión de la reorganización ordenada por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) el 16 de octubre del mismo año, basada en supuestas violaciones a la ley de valores y debido a un fraude cercano a 14 millones de dólares.

La admisión del amparo permitió que los entonces directivos de FP (Iván Clare y West Valdés) recuperaran la administración de la casa de valores, lo que para algunos expertos en la materia abrió la posibilidad de alterar o destruir información sobre los movimientos y cuentas de la empresa.

En estos 200 días, Valdés y Clare tuvieron tiempo para pagar el dinero faltante, para que se archivaran las denuncias contra ambos e incluso la que ellos presentaron contra el superintendente del Mercado de Valores, Alejandro Abood Alfaro.

Además, tuvieron tiempo para vender la empresa y que esta recuperara la licencia de operaciones.

Y mientras todo esto sucedía, Moncada sigue sin fallar el amparo de garantías, a pesar de que el artículo 2624 del Código Judicial establece que luego de admitirse la acción, la Corte Suprema tiene un plazo máximo de dos días para denegar o conceder el recurso.

Después del amparo de garantías, los abogados de Valdés y Clare presentaron un incidente de desacato contra la SMV, al considerar que esta incumplía con la orden de suspensión de la reorganización.

Basado en ello, el magistrado explicó –en las que se constituyeron como sus únicas declaraciones sobre el caso– que primero debía resolver el incidente de desacato y luego el amparo. Pero ninguno de los dos recursos ha sido resuelto.

Tiempo para todo

La investigación administrativa de la SMV contra FP se inició el 12 de marzo de 2012.

A medida que avanzó el proceso, quedó en evidencia que faltaban unos 14 millones de dólares en las cuentas de los clientes.

Frente a esa situación, Valdés y Clare presentaron el 26 de julio de 2012 una denuncia contra Mayte Pellegrini, gerente de operaciones de la casa de valores, a quien acusaron del desfalco.

La SMV le suspendió la licencia de operación a FP en cuatro ocasiones: la primera de manera provisional el 7 de noviembre (un día después de haberse paralizado la reorganización), y la última, indefinidamente, el 4 de enero de este año.

Tras la suspensión de la reorganización, Abood Alfaro presentó, el 20 de noviembre de 2012, una querella contra Valdés y Clare por estafa, falsedad de documentos y blanqueo de capitales.

Sin embargo, el proceso fue archivado definitivamente la semana pasada por el Juzgado Decimosexto Penal, acogiendo una solicitud de la Fiscalía Tercera de Circuito que tramitó la querella penal.

El mismo 20 de noviembre de 2012, cuando Abood Alfaro denunció a FP, Pellegrini se entregó a la Fiscalía Decimotercera Penal que investigaba la denuncia interpuesta en su contra por Valdés y Clare.

Dos días después, en su declaración indagatoria Pellegrini dijo que en FP había una cuenta secreta llamada High Spirit, que era del presidente, Ricardo Martinelli, y que se usaba para manipular el mercado de valores con las acciones de la minera Petaquilla.

Tanto Martinelli como funcionarios del Gobierno negaron la vinculación del mandatario o de sus familiares con la cuenta, y más tarde Pellegrini se retractó.

El 19 de abril pasado, la Fiscalía Decimotercera de Circuito pidió el llamamiento a juicio de Pellegrini y de otras 10 personas, así como el sobreseimiento de dos acusados más.

Este proceso está en el Juzgado Segundo Penal.

Otras incidencias

El 6 de diciembre de 2012, Valdés y Clare suscribieron un acuerdo de compra-venta con el grupo Mendo Sampaio de Brasil por 13.8 millones de dólares.

El 3 de enero pasado, voceros de FP anunciaron la consignación del pago de $12.2 millones en las cuentas de sus clientes, y ese mismo día Abood Alfaro amplió la denuncia contra Valdés y Clare.

Seis días después, el 9 de enero, los directivos de FP presentaron una querella penal contra Abood Alfaro por abuso de autoridad.

El 21 de febrero –un día después de que la SMV le notificara a Valdés y a Clare de la suspensión de su licencia de corredores de valores y les prohibiera relacionarse con FP– estos oficializaron el cambio de junta directiva.

Los nuevos directivos son Josué Absalón Chávez, Joao Bosco Santana, Rogero Marcio Pereira y Octavio Souto Vidigal, todos del grupo Mendo Sampaio.

El cambio de la junta directiva fue aprobado por la SMV la semana pasada, según lo establecido en el artículo 25 del Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999, sobre casas de valores.

En ese nuevo panorama, los directivos entrantes de FP presentaron el pasado 15 de mayo un desistimiento de la querella contra Abood Alfaro, pero al día siguiente la procuradora, Ana Belfon, declaró improcedente el desistimiento y ordenó el archivo provisional del caso, decisión que tomó amparada en las competencias que le otorga el sistema penal acusatorio, que rigió todo el proceso.

Y mientras esto pasó, ni el desacato ni el amparo habían sido resueltos hasta la tarde de ayer, según confirmaron fuentes del Palacio de Justicia Gil Ponce.

El abogado Jair Urriola, que asistió a Abood Alfaro tras ser querellado, explicó que a pesar de que Belfon señaló en la resolución por medio de la cual archivó el proceso que las actuaciones del superintendente se ajustaron a las facultades que le otorga la ley del mercado de valores, la Corte Suprema igual debe conocer el fondo del amparo, porque es una acción independiente que ataca la posible violación de garantías constitucionales de FP y ya fue admitida.

Según Urriola, la SMV ha interpuesto varios impulsos procesales para que la Corte resuelva el amparo.

Otros juristas opinaron que lo que procede ahora es decretar la sustracción de materia; es decir, que ha desaparecido el acto o acción que se dijo había vulnerado las garantías de FP.

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