Análisis

El amparo de la competencia de la Corte en el caso Martinelli

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Los abogados Carlos Carrillo y Roniel Ortiz presentaron un amparo de garantías constitucionales contra la decisión del 25 de junio de este año, proferida por el magistrado Jerónimo Mejía, en la que negó declinar la competencia del caso de los pinchazos en virtud de la renuncia al Parlacen del expresidente de la República Ricardo Martinelli.

El recurso, de 32 páginas, está cargado de jurisprudencia destinada a convencer al pleno de la Corte Suprema de Justicia para que acepte declinar el caso de los pinchazos hacia la justicia ordinaria.

Si las pretensiones del amparo son aceptadas por la Corte Suprema de Justicia, se daría el extraño fenómeno de que un caso iniciado en el sistema penal acusatorio sería transferido al sistema inquisitivo mixto, porque Gustavo Pérez y Alejandro Garuz tienen un caso en curso en ese sistema. Y como el derecho es lógica, el caso de los pinchazos debería ser remitido al Ministerio Público para que este le diera continuidad al mismo, llevándolo de acuerdo con las reglas del sistema penal acusatorio.

Sin embargo, ese escenario hipotético se enfrenta de nuevo con la lógica de los principios generales del derecho. Como los alegatos que fundamentan el amparo son extensos, me limitaré a comentar los precedentes jurisprudenciales vinculados con el exmagistrado Víctor Benavides.

El 20 de mayo de 2015 se conformó en la Asamblea Nacional la comisión de diputados que actuarían como jueces de garantías de Benavides, quien renunció semanas más tarde, antes de ser imputado. El expresidente Martinelli ya estaba acusado antes de presentar la renuncia.

En contraste, la acusación del caso de los pinchazos fue presentada por el magistrado Harry Díaz en octubre de 2015. El 21 de diciembre de 2015, el pleno de la Corte ordenó la extradición del expresidente con fines de ser conducido para la detención provisional, que actualmente cumple. Según el amparo de Carrillo y Ortiz, la certificación de la renuncia ante el Parlacen tiene fecha del 26 de junio de 2018; eso es, 30 meses más tarde que la orden de la Corte, en la cual esta ya tenía competencia improrrogable del caso.

Hay un término en latín jurídico que define esta cuestión así: la perpetuatio jurisdictionis , que quiere decir la permanencia de la competencia. Recomiendo la lectura del artículo del jurista panameño Juan E. Lombardi, publicado como El principio de la perpetuatio jurisdictionis, publicado el 26 de junio en este diario. De esa joya periodística, copio la cita del procesalista colombiano Hernando Devis Echandía [… ]Igual sucede en materia penal. “ Si se inicia juicio penal contra un funcionario público que por razón del cargo tiene un fuero especial, la pérdida posterior del empleo no modificará la competencia”.

Los casos invocados como jurisprudencia en el amparo no son precedentes aplicables, porque en ninguno de ellos se había dado la acusación. Además, la certificación de la renuncia al Parlacen tiene fecha del 26 de junio, y la decisión de Mejía atacada en el amparo es del 25 de junio, el día anterior. Es decir, que incluso si ese supuesto fuese correcto, el mismo ocurrió después que Mejía tomó su decisión.

La defensa del expresidente nunca explica realmente por qué ocurre un daño si se mantiene la competencia del caso en la Corte Suprema, ya que, precisamente, este ente y este proceso especialísimo son los que proveen de mayores y mejores garantías constitucionales en todo el país. Esto parece una contradicción.

La suerte del amparo y del caso de los pinchazos descansa sobre las manos de un grupo de magistrados que, como José Ayú Prado, Ángela Russo y Hernán De León, que junto a suplentes como Efrén Tello y Wilfredo Saénz, han tenido decisiones altamente cuestionables. Ojalá esto no sea objeto de nuevas partituras o de amenazas veladas por las redes sociales.

El autor es abogado

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