ENFOQUE

Un amparo como un virus infeccioso

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Opinión. En el sistema inquisitivo mixto se establecen taxativamente las causales de nulidad relativa aplicables para los casos penales. Según el artículo 2296 del Código Procesal Penal, únicamente las causales enumeradas en los artículos 2294 y 2295 pueden ser invocadas como fundamentos de la nulidad de una causa. En el fallo del 17 de abril de 2017, la Corte Suprema de Justicia, con la ponencia de la magistrada Ángela Russo, cambió tres décadas de jurisprudencia y estableció una nueva causal de nulidad: la de extenderse en el tiempo por parte de los fiscales al desarrollar un sumario.

Es irónico que la magistrada Russo considerase esta situación como una causal de nulidad, cuando el propio amparo que contiene esta novedosa causal fue acumulado el 30 de septiembre de 2016, supuestamente decidido el 17 de abril de 2017, pero notificado oficialmente el 30 de agosto de 2017. Es decir, que tomó 11 meses emitir un fallo, cuando el Código Judicial establece que este debe ser un proceso sumarísimo, de apenas unos cuantos días de duración. O sea que la mora judicial que se permite la Corte Suprema de Justicia no se le permite a la Fiscalía Tercera Anticorrupción.

Para poder fundamentar este extraño e “innovador” amparo, se tuvo que recurrir a la cita de un caso de jurisprudencia colombiana (a pesar de que la Constitución y las leyes procesales colombianas son distintas a las panameñas). La gran mayoría de nuestra jurisprudencia siempre ha sostenido que extenderse en el término de las sumarias no es una causal de nulidad.

Esto está registrado, incluso, en fallos suscritos por la actual Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, un caso de habeas corpus decidido el 3 de marzo de 2016, con la ponencia del magistrado Hernán De León Batista, firmante del amparo en cuestión. Quizá la parte más perversa del amparo es cuando dictamina, con saña y alevosía, que la fiscal Zuleyka Moore puede ser responsable civil y penalmente por los supuestos daños y perjuicios causados al haberse excedido de los términos en la investigación.

El Código Judicial establece que esta conducta es objeto de una multa de hasta 25 dólares. La Corte Suprema sabe perfectamente que la fiscal Moore es pieza clave de la investigación del caso Odebrecht, ya que ella fue la que interrogó personalmente al cabecilla de esa empresa en Panamá. Con esta decisión, la Corte Suprema demuestra una enorme economía procesal, ya que con un solo fallo se le da impunidad a dos casos distintos. No solo hay el potencial de perder los 125 millones de dólares de los radares, sino que también se ha intimidado a los fiscales anticorrupción, haciéndolos susceptibles de responsabilidades civiles y penales que no les corresponden.

*El autor es abogado

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