LAS SECUELAS DE LA INVESTIGACIÓN DE LA ICIJ

2017, ‘el año de la reivindicación’

El Foro Global medirá la efectividad del intercambio fiscal con que se comprometió Panamá. El país se pone a prueba después de la tormenta.

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La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel de Saint Malo de Alvarado, es optimista respecto a los cambios e implementación que ha hecho el país para ser más transparente en materia de intercambio de información. La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel de Saint Malo de Alvarado, es optimista respecto a los cambios e implementación que ha hecho el país para ser más transparente en materia de intercambio de información.
La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel de Saint Malo de Alvarado, es optimista respecto a los cambios e implementación que ha hecho el país para ser más transparente en materia de intercambio de información. Gabriel Rodríguez

El Panamá del centro financiero internacional salió lastimado. Su imagen resquebrajada y su reputación fragmentada.

La sacudida fue exactamente hace un año, cuando una investigación periodística desveló las prácticas que la firma panameña Mossack Fonseca habría creado para un entramado de sociedades offshore, puestas a disposición de líderes políticos, deportistas, la monarquía y empresarios del mundo para ocultar sus patrimonios.

El país encaró una de las peores crisis internacionales y se vio obligado a implementar los estándares de transparencia que exigía la comunidad internacional. Ahora que ha pasado la tormenta, las reformas estarán a prueba. El país ya no es el mismo. Isabel de Saint Malo de Alvarado, vicepresidenta y canciller de Panamá, reconoce que 2017 es supremamente importante. Es el año de la reivindicación.

En las próximas semanas, el Gobierno solicitará una importante revisión al Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En el examen, Panamá debe ser capaz de validar que todos los cambios legislativos que ha hecho en materia de intercambio de información tributaria son aplicables y surtirán efectos para reducir la evasión fiscal.

En 2015, Panamá pasó la primera etapa de dicha revisión. Esto implicó que su marco legal era adecuado para proveer información. También implicó que desde antes que estallara el escándalo de la firma Mossack Fonseca se venían haciendo adecuaciones legales, pero el coletazo de la revelación de millones de archivos digitales de la firma puso más presión sobre el país.

Después del escándalo, se adecuó el marco legal para facilitar la cooperación internacional y se logró la adhesión a la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAC, por sus siglas en inglés). Se trata del principal instrumento internacional de cooperación para luchar contra la evasión de capitales. También se firmó un acuerdo con la OCDE para intercambiar información fiscal de manera automática con otros países.

"Este año es muy importante. Estaremos pidiendo una revisión del Foro Global. Nuestra actividad diplomática está enfocada en mostrar dónde estamos”.

Isabel de Saint Malo de Alvarado Vicepresidenta de la República

“La revisión complementaria se pedirá en un par de semanas y el resultado se tendrá a mediados de año”, dijo una canciller optimista frente a los pasos que ha dado el país, después de publicarse la investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). De Saint Malo de Alvarado ha sido una figura clave en el acercamiento que ha hecho Panamá con otros países para quitarse el mote de país no cooperador o paraíso fiscal.

LA TORMENTA

Desde aquel 3 de abril de 2016, cuando de forma masiva se publicó el primer artículo del consorcio ICIJ, la también vicepresidenta de Panamá estuvo en la avanzada diplomática que trataba de frenar el tsunami que amenazaba con embestir el istmo. Recuerda el temporal que representó la investigación bautizada como “Panama Papers”, y en la que participó más de un centenar de medios en el mundo.

“Pensé: ¡Qué injusticia! Un tema puntual, que vinculaba a una firma de abogados panameña, pero que apunta a un sistema que existe en el mundo, y que se extiende a muchas jurisdicciones, a bancos fuera de mi país, pero como se trata de una firma panameña, tiene el nombre de Panamá”.

Aquella reflexión se dio en Italia. Para ese entonces De Saint Malo de Alvarado estaba en Roma, participando en lo que sería la fase final del cierre del acuerdo entre el Estado y la compañía Finmeccanica. Llamó a Panamá. Habló con el presidente Juan Carlos Varela, con el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, y con los embajadores localizados en otros países. El objetivo era articular una respuesta inmediata, coherente y específica. 

Las revelaciones de la investigación internacional tenían un alcance en todos los continentes. Socavó y levantó el velo sobre las finanzas y argucias financieras de políticos o monarcas en China, el Reino Unido o Islandia.

Francia respondió sin titubear y de forma inmediata. El país galo tomó la decisión de volver a colocar a Panamá en esta lista de paraísos fiscales, mediante un decreto firmado tras la publicación de la investigación global de la ICIJ.

El argumento era que Panamá no había transmitido toda la información necesaria para la aplicación de la legislación en materia fiscal

La canciller intentó viajar a Francia para encarar el asunto de forma inmediata, pero su homólogo no estaría presente. Más tarde, las autoridades de ambos países ­ liderando la representación de Panamá el ministro De La Guardia­ hablaron del tema, pero ello no impidió que Panamá apareciera en el listado a partir de enero de 2017, luego de aplicarse el decreto de abril.

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, advirtió que su gobierno tomaría medidas diplomáticas contra Francia si mantenían al país en la lista de Estados y territorios no cooperativos en materia fiscal. Pero esto nunca se materializó.

De Saint Malo de Alvarado dijo que esta no es la única vía que tiene Panamá. Y recordó que todas las medidas de retorsión también afectan al país que los aplica.

“Aportamos a la búsqueda de solución del problema... La última conversación fue hace unas tres semanas y nos sentimos confiados de que en los próximos meses ese tema se solucione”, recalcó la funcionaria en torno a los acercamientos con las autoridades francesas y la exclusión de la lista de paraísos fiscales.

El Gobierno se ha comprometido a proteger el centro financiero a través de varias vías. Entre las más importantes se encuentra la inmovilización de las acciones al portador. Este espíritu de protección igualmente se refleja en la Ley 52 del 26 de octubre de 2016, que exige a los entes jurídicos offshore mantener registros contables disponibles, a través de su agente residente, y establecer la obligación de reportes anuales privados.

“El país pudo responder de manera rápida y contundente a un temporal muy fuerte que puso a Panamá en la primera plana a nivel global”, reconoce la canciller.

“Panamá, como país responsable, debe ser parte de la solución. Y la solución pasa por cerrar válvulas abiertas que permiten que se abuse del sistema. Esas publicaciones dejaron en evidencia que los delitos se cometen con la articulación entre una sociedad anónima, que crearla no es delito, y un banco, en donde abrir una cuenta no es delito. Y una persona que utiliza esa combinación para asuntos que sí son un delito”.

STIGLITZ Y PIETH

En medio de los nubarrones se conformó una comisión de expertos para revisar las prácticas de la industria financiera, con el propósito de que recomendaran acciones que fomentaran la transparencia. Se incluyó a notables nacionales e internacionales. En este último grupo había tres: el costarricense Roberto Artavia, exrector de la Escuela de Negocios Incae; el suizo Mark Pieth, profesor de Derecho Internacional y Criminología de la Universidad de Basilea, y el estadounidense Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía. Así llegaron Pieth y Stiglitz a la comisión: “Pieth había estado vinculado con Panamá antes, porque nosotros acogimos favorablemente una propuesta que en su momento hizo el Reino Unido, para fortalecer la transparencia, y él había venido en ese marco con el Instituto de Basilea. En el momento en que Panamá anuncia la conformación del comité, Pieth contacta mi oficina y manifiesta su disposición de apoyar. (...) Consideramos oportuno acoger su interés. Y alguien, no recuerdo con precisión si fue el propio Pieth, sugirió al profesor Stiglitz, que también es una persona que ha trabajado de manera activa los temas de transparencia”, contó la vicepresidenta.

Pero el viernes 5 de agosto de 2016, otra noticia sacudió al país y nuevamente lo puso ante los ojos del mundo. Pieth y Stiglitz renunciaban a la comisión, argumentando falta de independencia y transparencia para llevar a cabo las tareas encomendadas.

“Fue muy lamentable”, asegura la ministra de Relaciones Exteriores, y luego cuenta que en septiembre pasado ella estaba en una conferencia en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y Stiglitz estaba en primera fila. El nobel le hizo una pregunta, que según dice la propia canciller, “fue como un discurso”.

“Hizo referencia a que ellos habían entendido que el Gobierno de Panamá haría público el informe y que por eso habían tomado la decisión de salirse. Y yo le respondí, comunicándole la sorpresa que fue para el Gobierno panameño cuando ellos tomaron esa decisión, porque nos enteramos post facto”. Le recordó que el decreto ejecutivo que firma el presidente y el comité, dice que el informe sería entregado al Gobierno panameño previo a su publicación. “Y se lo dije al profesor Stiglitz de manera responsable: un Gobierno, lo mínimo que puede y debe solicitar, con relación a un informe que el Gobierno solicitó, es conocerlo de manera previa. No sería responsable conocerlo por los medios de comunicación”, cuenta.

EL PESO DE FONSECA MORA

A la par, sectores del país reclamaban que el Ejecutivo y el Ministerio Público, quien investiga a Ramón Fonseca Mora, por supuestos delitos económicos, daban un trato especial a uno de los socios de la firma que estaba en el centro del escándalo. Había motivos para llegar a esta conclusión: era el vicepresidente del oficialista Partido Panameñista, como ministro consejero participaba de todos los Consejos de Gabinete, fue un actor importante en la campaña que le dio el triunfo a su amigo Juan Carlos Varela en las elecciones de 2014. Era uno de los hombres que le hablaba al oído al presidente de la República.

¿En algún momento él les dio alguna explicación de por qué su firma estaba en el centro del escándalo?, se le pregunta a la ministra de Relaciones Exteriores.

“No hubo acercamientos con Ramón Fonseca Mora. No por mi parte. El tema no era ese, el tema en mi caso como canciller era la respuesta del país y trabajar en el nombre, en la imagen de Panamá. En eso fue lo que yo me concentré”, responde.

¿Se habló de esto en el Gabinete?

No fue manejado en discusiones de Gabinete. Fue manejado con muchos ministros, con el presidente en sesiones específicas. Nos enfocamos en la defensa de Panamá y del sistema.

¿CONFLICTO DE INTERÉS?

Otra de las críticas al manejo que el Gobierno dio a la crisis, se centraba, precisamente, en personajes que desde el Ministerio de Relaciones Exteriores toman decisiones importantes para el fortalecimiento de la transparencia financiera en medio del temporal. Se trata del vicecanciller Luis Miguel Hincapié y del asesor Gian Castillero, quienes han estado vinculados a firmas de abogados que realizan prácticas similares a las de Mossack Fonseca. ¿Qué dice la canciller de esto?

“Panamá es un país pequeño. Y parte de eso es ese tipo de conexiones. Para mí, lo importante, y lo puedo decir porque he estado directamente involucrada, es si en el actuar de ellos en función de un tema que le toca atender al Gobierno Nacional, están trabajando con independencia y visión clara de representar al país. Puedo decir que así ha sido. 100%. Incluso, sé de posiciones de sus firmas distintas a las que ha adoptado el Gobierno, y ellos están representando al Gobierno con las decisiones que el Gobierno ha tomado, indistintamente de la posición de la firma”.

Entonces, se le formula esta pregunta: - ¿Se ha discutido o hablado con ellos acerca del posible conflicto de interés que podría haber en esto? “El tema del posible conflicto de interés es un tema que para mí es importante en ese y en muchos temas. Y es un tema que es relevante para este gobierno, y debo decir que el presidente Varela lo menciona con frecuencia a nivel de Gabinete. Nosotros tenemos muy claro, y ese es el mandato que el presidente nos da, en velar siempre por los intereses nacionales y separarnos de cualquier interés particular”.

'HAY QUE DAR LA CARA'

Un año después de la tempestad, Isabel de Saint Malo de Alvarado está segura de que hicieron lo correcto. Tanto así que asegura que duerme tranquila. Nada le frustra ¿La fórmula?: concentrarse en el trabajo y no ahogarse en el problema.

“Los problemas hay que enfrentarlos. Hay que dar la cara, como hizo Panamá. Hay que trabajar para solucionarlos de manera proactiva. La globalización es un hecho en materia comercial [...] Lo que sucede en otras partes del mundo incide en nuestro país y los temas se tienen que analizar en ese ámbito. En Panamá aún pecamos de mirar los temas en nuestro mundo, y nuestro mundo es un grano de arena. Cuando uno escucha algunas voces a lo interno, que no comparten la visión que asumió el Gobierno, siento que no están comprendiendo el entorno”.

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