ENFOQUE

El árbol de la ilegalidad

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OPINIÓN. De las declaraciones de Mónica Moura se deben inferir distintas líneas de investigación para las entidades dedicadas al cumplimiento de la ley y a la gestión pública en Panamá. Los contenidos de las delaciones en Brasil deben ser probados con documentos, otras declaraciones y las pesquisas de los cuerpos investigativos locales. Si lo dicho se atiene a la verdad toma carácter de prueba indiciaria.

Así, surgen las siguientes líneas de investigación:

1. Presuntas infracciones a la legislación electoral. Se puede investigar una violación directa al Código Electoral por el hecho de haberse efectuado donaciones de campaña no declaradas, y por el probable uso de fondos públicos no autorizados para apoyar la campaña de 2014. Además, por lógica los informes de gastos de campaña entregados al Tribunal Electoral por CD no pueden ser correctos, porque no incluyen los aportes adicionales mencionados por Moura, y esto implica sanción.

2. Presuntas infracciones a la legislación tributaria. Las personas naturales o jurídicas con rentas producidas en Panamá deben presentar una declaración jurada para efecto de los impuestos. Las declaraciones de Moura identifican posibles transacciones en las que no hubo pago de impuestos. Corresponde a la Dirección General de Ingresos verificar si Moura y su esposo Joao Santana declararon sus ingresos en Panamá, y si, como señala la delación premiada, se hizo un aporte de $16 millones a una de las campañas presidenciales de 2014.

Suponiendo que fuera cierto lo dicho en la delación, ¿cómo registró Odebrecht este aporte? Recordemos que una declaración de rentas tiene carácter de declaración jurada. Si tiene hechos falsos puede derivar en otra infracción, esta vez tributaria.

3. Presuntas infracciones al Código Penal. De lo declarado se generan pruebas indiciarias para, al menos, dos hipótesis delictivas distintas. En principio se constituyen los elementos de un delito de peculado, ya que Moura dijo que recibió $500 mil en efectivo en la Presidencia. Este dinero puede provenir del Estado en violación a la ley. Por otra parte, de comprobarse el aporte de $16 millones de Odebrecht, y la situación de que este “donativo” se hizo “por fuera”, significa que se habría tenido que disimular estos fondos con transacciones falsas, o con movimientos a través de testaferros.

Ambas conductas son parte del delito de blanqueo de activos. Además, si Moura recibió $500 mil en efectivo, ¿cuál fue el destino de esos fondos? Si los sacó de Panamá, necesitó la complicidad de las autoridades. En cambio, si los depositó en un banco local, también debió ser beneficiaria de la colaboración de altos oficiales de dicho banco.

4. Presuntas infracciones a la jurisdicción de cuentas. ¿Cuál fue el origen de los $16 millones aportados por Odebrecht y de los $500 mil entregados en la Presidencia? El origen de estos fondos no está declarado en la delación reseñada. Por lo tanto, cabe la hipótesis, de que sean de origen público, ya que en la Presidencia usualmente se manejan caudales del Estado, y Odebrecht ha sido señalada por la Contraloría por sobreprecios en contratos con el gobierno pasado. Vale la pena recordar, que en la delación de Moura se menciona un aporte de $4.5 millones proveniente de agencias publicitarias que le hicieron trabajos al Gobierno de Panamá, y que de esta forma contribuirían con la campaña presidencial.

Estos fondos también cargan con la presunción de tener un origen público. Aquí se entrecruzan la jurisdicción penal y la jurisdicción de cuentas. En la penal se requiere que haya una denuncia por parte de alguna entidad del Estado para recuperar los fondos públicos. En la jurisdicción de cuentas se necesita la acción de la fiscalía respectiva. El Código Penal establece, a su vez, que todas las personas jurídicas que son utilizadas para la comisión de un delito pueden ser objeto de una multa equivalente al doble de la lesión o daño causado. El camino procesal de este caso apenas empieza, y se necesitan pruebas más allá de las declaraciones de la delación premiada para obtener condenas de prisión. Para el criterio de sanciones pecuniarias o multas, las distintas agencias del Estado panameño deben empezar su proceso cuanto antes para no perder la ruta del dinero.

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