Corte Suprema de Justicia

El as bajo la manga del magistrado fiscal

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Luis Ramón Fábrega Luis Ramón Fábrega
Luis Ramón Fábrega Archivo

Cuando el 15 de febrero pasado el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Luis Ramón Fábrega emitió la resolución que ordena el archivo provisional del caso Impregilo seguido contra Ricardo Martinelli, puso en marcha una novedosa institución del Código Procesal Penal, que bien pudiera dejar en la indefensión a las víctimas en este caso.

El sistema penal acusatorio tiene dos mecanismos para suspender una investigación: el sobreseimiento, que se debe solicitar por vía de una audiencia, y el archivo provisional, que puede decidirse unilateralmente por el fiscal de la causa.

El más conocido es el del sobreseimiento, mecanismo por el cual el fiscal desiste de la causa por falta de pruebas, porque se ha invocado la prescripción o porque existen razones que lo justifiquen o eximentes de la responsabilidad penal.

Dentro de este mecanismo, un fiscal puede pedir un sobreseimiento temporal si el imputado o investigado se encuentra fuera del alcance de la jurisdicción, como es el caso del expresidente Ricardo Martinelli.

También se puede utilizar el sobreseimiento temporal cuando la recolección de pruebas es compleja y requiere de un término mayor que el establecido por el Código Procesal Penal. De esta forma, una vez recibidas las pruebas, se levanta el sobreseimiento y prosigue el proceso.

Todas las clases de sobreseimiento requieren de una audiencia, en la que participan todas las partes, incluyendo la defensa, los denunciantes o querellantes y la fiscalía.

Si las víctimas, en este caso, la empresa Impregilo, se hubieran opuesto a la petición de sobreseimiento del magistrado fiscal, el juez de garantías –el magistrado Harry Díaz– estaba obligado a cambiar de fiscal, como lo establece el artículo 354 del Código Procesal Penal.

En esa situación, el pleno de la Corte habría tenido que designar otro fiscal para el caso Impregilo.

Sin embargo, lo más importante de la vía que escogió el magistrado Luis Ramón Fábrega no es solo que evitó la audiencia de sobreseimiento, evitando el riesgo de que se le hubiese cambiado como fiscal, sino que también evitó que se dictara un sobreseimiento temporal, como ocurrió en el caso de los pinchazos, lo que interrumpe el término de la prescripción de la causa.

Recordemos que los delitos objeto de esta pesquisa ocurrieron en 2010, por lo que su plazo de prescripción debe estar próximo.

Con la decisión de archivar provisionalmente el caso, el término de prescripción sigue corriendo.

Lo que cabía entonces era solicitar una audiencia para el sobreseimiento temporal de la causa, ya que mientras llegaban al país las copias certificadas del expediente en que Valter Lavítola fue condenado por la extorsión a la empresa Impregilo, esa tramitación y sus respectivas traducciones oficiales se habrían podido dar sin afectar la prescripción de la causa.

Mientras el expresidente de la República y actual diputado del Parlamento Centroamericano, Ricardo Martinelli, no sea extraditado a Panamá, todas las investigaciones sobre sus casos pueden avanzar siempre y cuando no hayan prescrito los delitos por los que se le investiga.

En el caso de los pinchazos, se pidió la declaratoria del sobreseimiento temporal, a la vez que se estableció que Martinelli se encontraba en rebeldía. Dentro de este proceso es que se presentó la solicitud de extradición que mantiene actualmente detenido al expresidente de la República, a la espera de las apelaciones pertinentes a su caso.

El magistrado Fábrega escogió otro camino para el caso Impregilo, y será su responsabilidad si prescribe o queda impune.

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